¿Fue el Estado? | Letras Libres
artículo no publicado

¿Fue el Estado?

En realidad una cosa es que los delincuentes actúen con la “anuencia, la protección y la complicidad del estado”, y otra cosa distinta es que "sean" el Estado.

Hay 43 estudiantes normalistas desaparecidos; 43 familias viviendo la peor agonía que uno, como padre de familia, puede entrever, pero se resiste siquiera a imaginar. En un contexto de indignación generalizada y las protestas públicas más grandes del sexenio, parecería ocioso y hasta insensible plantear una pregunta para estudiantes de segundo semestre de Ciencias Políticas: ¿por qué decimos que “fue el Estado”, y exactamente qué significa eso? Pero si de verdad buscamos convertir la indignación en un impulso para el cambio urgente que necesita el país, creo que vale la pena correr el riesgo de preguntar aparentes obviedades.

¿Fue el Estado? Un artículo de Héctor E. Schamis en la sección internacional de El País, plantea una respuesta en apariencia contundente, pero luego, si se lo mira bien, no termina de aclarar la implicación. “Claro que fue el Estado”, dice tajante el autor hacia el final del texto, pero el argumento se desarrolla al principio:

Los que torturan, asesinan, desfiguran el rostro de sus víctimas para que no sean reconocidas y luego las entierran en fosas comunes lo hacen con la anuencia, la protección y la complicidad del Estado. Son el Estado, como vimos en el caso del alcalde de Iguala, el último notable de una larga lista de autoridades asociadas a—o capturadas por—el narcotráfico. El terror cuenta con el poder político y usa los recursos de ese poder.

En realidad una cosa es que los delincuentes actúen con la “anuencia, la protección y la complicidad del estado”, y otra cosa distinta es que sean el Estado. En el primer caso, hablamos de una amplia gama de posibilidades que expliquen esa complicidad del Estado con el crimen organizado, desde la coerción hasta la asociación mutuamente benéfica. ¿Cuántos presidentes municipales habrá en el país que se hacen de la vista gorda ante las acciones del narco del pueblo a cambio de la vida propia y de sus familias o de la relativa tranquilidad de la población local? ¿Cuántos hay que reciben una comisión por permitir y facilitar la depredación de sus gobernados a manos de los delincuentes? ¿Qué tácticas de combate a la delincuencia deben aplicarse para cada caso? Sin embargo, si los delincuentes son el Estado, el asunto no admite más que una opción: el aparato del Estado debe ser desmantelado y reconstruido desde los cimientos.

En Iguala no pareciera haber duda: los narcotraficantes de Guerreros Unidos son el Estado. Las seis personas asesinadas, los varios heridos y los 43 normalistas desaparecidos fueron víctimas de un crimen de Estado. Pero esta certeza debe matizarse. La Procuraduría General de la República ha confirmado que la banda de los Guerreros Unidos es el Estado a nivel municipal, algo que ya se daba por cierto en artículos de prensa y el sentido común de las personas que se han movilizado alrededor de este caso. De ahí para arriba, el asunto es menos claro. Somos muchos los que pensamos que un crimen como el de Iguala no pudo haberse cometido sin la intervención de múltiples complicidades y omisiones de autoridades estatales y federales. Hay cientos de preguntas en el aire, algunas muy específicas: ¿de qué información disponía el gobierno del estado de Guerrero sobre la mancuerna entre el matrimonio Abarca y los Guerreros Unidos?  ¿Por qué no intervino el ejército acuartelado literalmente a unos cientos de metros del sitio de los ataques a los autobuses de los normalistas? Necesitamos precisar en la medida de lo posible el nivel de responsabilidad de los otros niveles de gobierno. Hasta el momento, se perfila un esquema de probada responsabilidad directa del Estado a nivel municipal, casi segura negligencia y probable complicidad a nivel estatal, y una muy probable serie de omisiones por parte del gobierno federal que pudieron estar políticamente motivadas por el deseo de preservar una coalición legislativa alrededor de la agenda de reformas. La descomposición de la izquierda partidista mexicana llega a tal punto que un gobierno federal encabezado por el PRI es probable responsable de haber solapado una serie de abusos y actos delictivos de gobiernos municipales y estatales del PRD. Así estamos.

Entonces, ¿cómo abordar esta complejidad a través de la movilización? Una modesta propuesta sería que la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos, acompañaran y apoyaran a las comunidades de Iguala y de las regiones donde los grupos criminales han establecido un narcoestado, a reconstruir desde abajo el nivel municipal de gobierno. Consejos ciudadanos, incorporación de las guardias comunitarias a los estructuras de gobierno municipal, coordinación intermunicipal, etcétera. La sociedad civil guerrerense necesita todo el apoyo posible para tomar la iniciativa en el proceso de reconstrucción y evitar quedar a merced de acuerdos cupulares que reemplacen una cabeza por otra sobre el cuerpo podrido de la administración pública local.  Pero esa participación social no puede llevarse a cabo sin un claro compromiso federal para garantizar la seguridad pública en la zona.

A nivel estatal, habría que exigir una profunda investigación de la gestión de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero. Evidentemente, los normalistas y otros grupos de oposición activos en la entidad no le darán tregua a la nueva administración, pero si algo va a cambiar en Guerrero es preciso romper el ciclo de continuidad e impunidad.

A nivel federal la movilización tiene que continuar a partir del mínimo común denominador: el nivel de impunidad en México no puede ser peor. Los cimientos del Estado mexicano, la legitimidad del sistema político en su conjunto, están carcomidos por la impunidad, ¿cuánto más aguantará el edificio? Debemos plantearle claramente al gobierno federal que no tiene para dónde hacerse. La alfombra era demasiado chica y los problemas demasiado grandes. Es hora de barrer hacia afuera. El Estado, capturado por el narco a nivel municipal, es culpable en Iguala; la actual administración federal tiene la obligación de rescatar al Estado mexicano en su conjunto o resignarse a ser considerada como un obstáculo para ello.