El Estado clandestino | Letras Libres
artículo no publicado

El Estado clandestino

El heroísmo de Manning no radica tanto en filtrar los documentos para informar a la opinión pública de lo que está pasado en Irak y Afganistán, sino en el hecho de que no había red protectora al emprender dicho acto. 

La historia de Chelsea (oficialmente Bradley) Manning, una heroína solitaria que sacó a la luz acciones que el gobierno estadounidense quería mantener en las tinieblas, me recordó a uno de los personajes centrales de la película que en México se tituló “Mississippi en llamas” (Mississippi Burning, Alan Parker, 1988): el agente del FBI Alan Ward. Ambos fueron testigos de las acciones clandestinas del Estado, en casos que parecen estar en las antípodas morales uno del otro. Ward calló, Manning no. ¿Hay una ética universal para ambos casos?

Mississippi en llamas está basada en un hecho real: el asesinato de tres activistas (dos blancos y uno negro) en favor de los derechos civiles a manos de una célula del Ku Klux Klan, en 1964, en una comunidad rural de Mississippi. En la película, la desaparición de los tres activistas hace recaer las sospechas en un grupo del KKK que ha estado aterrorizando a la población afroamericana de la localidad. Alan Ward (William Dafoe), un típico WASP liberal, con una brújula moral perfectamente calibrada, hace equipo con el agente Anderson (Gene Hackman), un ex-policía local muy conocedor de las relaciones sociales en el sur, para investigar el caso. Más tarda la pareja de agentes en dar con el rastro del Klan en la desaparición y posterior asesinato de los jóvenes, que en darse cuenta de que están librando una batalla perdida: el KKK está profundamente infiltrado en todos los órganos de gobierno del pueblo y cuenta con el apoyo explícito y la complicidad de buena parte, si no es que la mayoría, de la población blanca.

Frustrado al toparse con la misma pared en la investigación, erosionada su fe en la universalidad de la justicia, el agente Ward acepta que Anderson aborde el caso jugando con las reglas locales. Vemos entonces cómo el alcalde del pueblo es secuestrado por un hombrón negro (Badja Djola, aquí a partir de 2:09) que amenaza con castrarlo con una navaja de afeitar a menos que cuente lo que sabe sobre los asesinatos. El secuestrador resulta ser un “operador” del FBI. (En la historia real, el encargado de sacar la confesión era nada menos que un matón de la mafia italiana de Nueva York quien, en vez de andarse con navajitas, le puso un pistolón en la boca al sospechoso secuestrado. Uno casi se lamenta de que el director no haya invitado a Joe Pesci en lugar de Djola). Con la información recabada, los agentes del FBI se dedican a acosar a uno de los conspiradores, Lester Cowens, un hombre de pocas luces al que difaman con el rumor de que está colaborando con ellos y luego, disfrazados de miembros del KKK, le hacen creer que será linchado en venganza por su “traición” para, en el momento final, “salvarlo” ya reinstalados en su identidad como agentes del FBI. Cowens, enloquecido de terror, se echa en brazos del FBI y se convierte en el testigo clave en el caso.

Finalmente, el agente Anderson tiene un tête-à-tête en una barbería con uno de los perpetradores, el alguacil Pell, cuya esposa filtró información sobre el paradero de los cuerpos y por ello recibió una golpiza de su marido. Anderson se da gusto amenazando a Pell con una navaja de afeitar y luego le propina una tunda tan metódica que parece una venganza personal del agente. Afuera de la barbería, consciente de lo que pasa adentro, Ward tiene una terrible crisis moral. Durante todo el tiempo en que Anderson ha asumido la iniciativa sabe que la investigación ha dejado el curso legal y se ha pasado a la misma clandestinidad en la que operan los miembros del KKK. En la superficie, el dilema es simple, las confesiones obtenidas por medio de la coerción y la tortura (como la del alcalde) no son admisibles en un juicio; por lo tanto, hay que hacer parecer que la confesión de Cowens se presentó por propia voluntad. Pero en el fondo, Ward se ha dado cuenta de que la operación clandestina del Estado es parte fundamental de la cruzada que ha emprendido. Solo su presencia en los actos, como el entierro del joven activista negro asesinado, que mejor muestran la inhumanidad del status quo racista le da fuerza para reorientar su brújula moral hacia el triunfo de la justicia universal que representa la condena de los asesinos.

Como Ward, pero a una escala mucho mayor, Chelsea Manning también vio al Estado clandestino en acción. Ambos casos exhiben claramente a funcionarios de gobierno extralimitándose en sus funciones y buscando afanosamente tapar sus huellas. Si Ward siguió de frente a pesar de sus pruritos morales, fue por su identificación total con el objetivo final. Si Manning no aguantó ni un año de discreción acerca de los secretos militares a los que tuvo acceso, ello parece deberse tanto a la enorme escala de la acción clandestina del Estado como a la difusa moralidad del objetivo (ganar una guerra cada vez más impopular).

Lo que une a Ward y a Manning es también lo que los separa. Ambos decidieron infringir la ley en aras de un objetivo moral. La diferencia es que mientras Ward buscaba conciliar la acción del Estado con un ideal ético universal, absolviendo de esta forma su falta al quedar dentro del círculo virtuoso de la justicia (los asesinos racistas pagaron por su crimen después de todo),  Manning dio un salto al vacío al buscar arrebatarle al Estado el monopolio de la interpretación ética. El heroísmo de Manning no radica tanto en filtrar los documentos para informar a la opinión pública de lo que está pasado en Irak y Afganistán, sino en el hecho de que no había red protectora al emprender dicho acto. No sólo tiene el gobierno de Estados Unidos la ley de su lado (no hay forma de evitar la ilegalidad de la filtración), sino que la opinión pública estadounidense no está tan convencida de la moralidad/inmoralidad de la política exterior de su gobierno (la materia de las filtraciones) y sus formas de implementación, como lo está acerca de la inmoralidad de la discriminación racial que se exhibe en Mississippi en llamas. Manning, en este contexto, y según se desprende del documento leído en la audiencia de su condena, ofrece su sacrificio como la única forma de iniciar esa discusión.

Honremos entonces ese deseo y debatamos la sustancia ética de la política exterior estadounidense y las coartadas legales que tiene ese gobierno para operar en la clandestinidad y dejemos el asunto de la identidad sexual de Chelsea Manning como algo que solo le concierne a ella.