Derechos económicos y difamación | Letras Libres
artículo no publicado

Derechos económicos y difamación

El relato de los excesos de ciertos líderes sindicales ha sido un argumento para equiparar toda defensa de los derechos laborales con ataques al éxito de las empresas y al desarrollo económico del país, llegando incluso al punto de imaginar conspiraciones extranjeras contra la industria nacional.

En México la protección de los derechos económicos, sociales y culturales es un tema ausente en la discusión pública. Cada cierto tiempo surge el tema de la falta de garantías para el ejercicio de los derechos laborales, pero prácticamente nunca se enmarca el asunto en la perspectiva más amplia de la complementariedad entre los derechos laborales y el derecho al desarrollo económico como parte de una visión integral de los derechos humanos. Por ejemplo, durante el reciente proceso legislativo en torno a reforma a la Ley Federal del Trabajo las alusiones al tema no pasaron de las denuncias planas al charrismo sindical y el rechazo a todo cambio en la legislación laboral por ser parte de la “ofensiva neoliberal.

La caída en picada de las reputaciones de varios líderes sindicales y la exhibición del cáncer del charrismo, nunca se tradujeron en un serio compromiso del gobierno, partidos o empresarios por respetar el derecho de los trabajadores a organizarse libremente para defender sus derechos en el centro de trabajo y sus intereses en la esfera política. Al contrario, astutamente se ha buscado embarrar con el lodo de la corrupción sindical a todo intento de organización independiente de los trabajadores, ya sea a través de sindicatos o de otras formas de acción colectiva. Más aún, el relato de los excesos de ciertos líderes sindicales ha sido un argumento para equiparar toda defensa de los derechos laborales con ataques al éxito de las empresas y al desarrollo económico del país, llegando incluso al punto de imaginar conspiraciones extranjeras contra la industria nacional.

Un caso que ilustra todo lo anterior son los ataques contra la organización de derechos económicos, sociales y culturales ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.). ProDESC surgió bajo un paradigma de defensoría integral de los derechos humanos reflejado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, el cual básicamente reconoce la complementariedad entre la libertad y la justicia social. La labor de ProDESC consiste en dar acompañamiento y asesoría legal a organizaciones y grupos de ciudadanos que busquen hacer valer sus derechos en el marco del Pacto de los DESC, su reglamentación en el derecho internacional,y la legislación mexicana aplicable. Ello ha llevado a la organización a involucrarse en conflictos como el de la mina La Platosa, operada por la minera canadiense Excellon en terrenos pertenecientes al ejido “La Sierrita”, en el estado de Durango.

En La Platosa, los ejidatarios denuncian que la minera canadiense ha incumplido con varias cláusulas del contrato de arrendamiento (firmado en 2008) descrito como una muestra de promoción al desarrollo integral de la comunidad, y además ha contribuido al deterioro de las tierras por la contaminación industrial. Por ello exigen la reparación de los daños causados por la empresa o la cancelación del contrato, la devolución de las tierras y los pagos compensatorios a que haya lugar. La empresa minera disputa los cargos y ofrece renegociar los términos del contrato. Para complicar un poco el cuadro, existe un conflicto intersindical para determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los mineros empleados en La Platosa. Los detalles del caso pueden consultarse en este enlace.

Hasta aquí estaríamos hablando tan solo de un conflicto legal en trámite en los tribunales mexicanos y de una puja sindical ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El problema, sin embargo, rebasa el ámbito legal cuando uno observa la cantidad de artículos de prensa que, al unísono, pintan una especie de conspiración internacional en la que los ejidatarios serían tan solo los peones manipulados por el perverso interés de sindicalistas canadienses y sus aliados mexicanos, entre ellos el controvertido Napoléon Gómez Urrutia, bajo la operación de la organización ProDESC, con el fin de dañar económicamente a la empresa, atentar contra el desarrollo económico de la región y cancelar una fuente de trabajo.

En las notas de prensa y especialmente los artículos de opinión de César Castruita, del diario Crónica, y Darío Celis, de Excelsior y Grupo Imagen hay un denominador común. No se presenta una investigación de fondo sobre la supuesta conspiración contra Excellon, sino que se recurre al rumor y la alusión indirecta como fuente de información. Dice Castruita que el representante de los ejidatarios, “quien presuntamente es asesorado por allegados a Napoleón Gómez Urrutia”, “y su supuesta aliada”, la directora de ProDESC, se niegan a llevar las propuestas de la empresa a la asamblea ejidal para avanzar en la solución al conflicto. En el caso extremo, el 19 de septiembre pasado, un editorial de El Economista llega a tildar a la directora de ProDESC de “abogada del diablo”, de quien nos enteramos que [ ] tiene en jaque a más de un centenar de empresas con el garlito de que por 10 años ha sido defensora y activista del medio ambiente, pero siempre en las minas donde no tiene control el líder sindical minero.”

Sería muy positivo que se hiciera una investigación profunda sobre el conflicto intersindical en La Platosa, para sacar a la luz no solo las maniobras de los sindicatos involucrados, sino todo el aparato legal que limita en México el ejercicio de la libertad sindical. De igual forma, la justicia se daría por bien servida si se hiciera un análisis minucioso de las demandas de los ejidatarios, las contraofertas de la empresa y las tácticas de presión en la negociación. Pero no, lo que algunos medios y ciertos columnistas recogen es el discurso plano de la inocencia original empresarial frente a la “perversidad” de los defensores de los derechos humanos y laborales. Ya la relatora de derechos humanos de la ONU ha llamado la atención sobre la forma en que los rumores e información infundada ponen en situación de vulnerabilidad a los defensores de derechos humanos, al crear un clima de linchamiento que predispone a los ataques de otra índole. En aras de abrir un verdadero debate sobre el papel de la protección de los derechos laborales y otros en el desarrollo económico, es importante denunciar la primacía del rumor sobre la discusión sustantiva.