La muerte de los Almanza | Letras Libres
artículo no publicado

La muerte de los Almanza

Todo conflicto armado tiene un parteaguas moral. Para la guerra de Vietnam fue la infame matanza de My Lai, en la que soldados estadunidenses vejaron y asesinaron a no menos de cien civiles en el corazón vietnamita en 1968. En Iraq, el sentido moral de la guerra cambió tras la revelación de los abusos en la prisión de Abu Ghraib. En ambos casos, como en muchos otros a lo largo de la historia, las fuerzas involucradas se vieron obligadas a reconsiderar sus objetivos y, más importante aún, sus métodos. México acaba de vivir lo que, a todas luces, debería ser el punto y aparte en la reflexión sobre el papel del Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

El caso es conocido, pero debería serlo más. El pasado 3 de abril, en la carretera Ribereña en Tamaulipas, las fuerzas armadas desplegaron un retén para hacer frente a un supuesto convoy de delincuentes que se desplazaban en la zona. Por desgracia, otro vehículo circulaba también por la autopista del norte tamaulipeco. La familia Almanza viajaba en una camioneta Tahoe para descansar unos días en la playa. La troca iba repleta: 11 personas, entre ellas seis niños y un bebé de tres meses de edad. De acuerdo con la versión de Cynthia Salazar de Almanza, quien viajaba con sus hijos, los Almanza y sus familiares, los Rangel, se habían dedicado a “ver videos de chistes” para hacer más llevadero el viaje. Entonces se encontraron con el retén. Lo que ocurrió después merece una investigación que siente, de una vez por todas, un precedente no sólo para este largo y doloroso conflicto contra el narcotráfico, sino para la relación del respetado Ejército mexicano con la ciudadanía que ha jurado defender.

La versión del gobierno federal y estatal es de una frialdad asombrosa. Los Almanza tuvieron la mala fortuna de hallarse a la mitad de un enfrentamiento que derivó en una balacera. Punto y se acabó. Lo que narran los sobrevivientes del episodio es algo muy diferente. La propia Cynthia Salazar ha dicho que su esposo, quien conducía la Tahoe, disminuyó la velocidad e hizo evidente que en el vehículo se encontraban siete niños. Dice Salazar que los soldados los dejaron seguir con su camino. Los niños, siendo niños, hasta se despidieron de los militares a través de las ventanillas. A los pocos metros, sin embargo, los soldados comenzaron a disparar sin distinción, alcanzando a los dos hombres mayores y, terriblemente, a dos de los niños: Bryan, de cinco años, y Martín, de nueve. La balacera continuó incluso cuando los adultos trataron de descender del auto y comenzaron a suplicar un cese al fuego por la evidente presencia de los pequeños. Dicen los sobrevivientes que los soldados no sólo no guardaron las armas: se ensañaron (“como locos”, dice Martín Almanza, aún herido en el hospital). Vanessa Velázquez trató de huir “hacia el monte” con su hijo Jesús Alfredo en brazos. Hasta allá la siguieron las balas. Salvó la vida de milagro. Hay versiones de que los militares incluso arrojaron dos granadas a las familias. Al final, los Almanza vieron morir a sus hijos. Bryan se fue en brazos de su padre.

Días después, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, trató de enunciar una disculpa: “Nos duele muchísimo, de verdad”, dijo, “pero también el Ejército está haciendo su tarea; está cumpliendo cabalmente con México”. ¿Es suficiente? No. La muerte de los Almanza obliga al gobierno mexicano y al Ejército nacional a comenzar una reflexión profunda sobre dos asuntos fundamentales en cualquier conflagración: las reglas de batalla y la protección a la población civil no-combatiente. Prácticamente todos los estudios sobre el daño colateral en periodo de guerra coinciden en dos premisas fundamentales: las fuerzas combatientes tienen una obligación no derogable con la población civil y ninguna consideración táctica justifica romper dicha responsabilidad. Por eso no basta la explicación de Hernández ni, me temo, la del secretario de Gobernación, que siguió el mismo camino discursivo aunque con mayor sensibilidad y lucidez. El Ejército mexicano no puede postergar la rendición de cuentas por la muerte de los chicos Almanza. Hacerlo atenta contra la dignidad de la sociedad civil inocente, fortalece al enemigo y —quizá más grave aún— erosiona la legitimidad y el aprecio público de las propias fuerzas armadas. Las tres son consecuencias inaceptables en este México ya de por sí tan herido.

León Krauze