Colaborador invitado | Letras Libres
artículo no publicado

Colaborador invitado

La Universidad no pretende que su autonomía equivalga a una sustracción a las leyes de observancia común ni, en particular, a la impunidad de los actos delictuosos cometidos por universitarios, dentro o fuera de sus recintos. 

La autonomía de la Universidad es, esencialmente, la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura. Los problemas académicos, administrativos y políticos internos deben ser resueltos exclusivamente por los universitarios. En ningún caso es admisible la intervención de agentes exteriores y, por otra parte, el cabal ejercicio de la autonomía requiere el respeto a los recintos universitarios.

Aunque los universitarios, como ciudadanos, pueden ejercer sus derechos constitucionales, la Universidad, en cuanto Institución, no puede participar en política militante, partidista o de grupo, aun cuando en su seno se discutan libremente las doctrinas, opiniones e idearios en que se apoyan tales actividades.

La Universidad no pretende que su autonomía equivalga a una sustracción a las leyes de observancia común ni, en particular, a la impunidad de los actos delictuosos cometidos por universitarios, dentro o fuera de sus recintos.

Hay violación de la autonomía cuando el Estado, por cualquier medio, coarta la independencia académica de la Universidad, o impide que ella se rija internamente; pero también existe cuando una corporación privada, un partido político, un grupo y, en general, cualquier entidad o fuerza externa interviene en la vida de la Universidad, sea alterándola, dificultando el cumplimiento de sus tareas o limitando de un modo o de otro las libertades que la sustentan.

Ningún problema político, por importante que sea, puede llevar a nuestra Institución a desacreditarse ante la opinión popular, a ser tema de injurias y difamación, a convertirse en campo abierto a la lucha de facciones ni, para decirlo en pocas palabras, a que resulte la mayor víctima de un conflicto que ciertamente no provocó.

No tratamos en absoluto de oponernos a que profesores y estudiantes lleven adelante su lucha cívica, que ojalá contribuya al progreso democrático del país y no a un retroceso. Mas no podemos estar de acuerdo con ninguna intransigencia, de donde quiera que provenga. La Universidad debe ser la sede de la inteligencia y la razón.

No cedamos a provocaciones, vengan de fuera o de adentro; entre nosotros hay muchos enmascarados que no respetan, no aman y no aprecian la autonomía universitaria. La Universidad es lo primero. Permanezcamos unidos para defender dentro y fuera de nuestra Casa, las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara: nuestra autonomía.

Los provocadores, lo señalo desde ahora, serán objeto del repudio mayoritariamente abrumador de la comunidad universitaria. Y yo lo digo sin ambages, seré el primero en denunciarlos ante nuestra Universidad y ante la opinión pública. Eviten escrupulosamente todo acto de provocación, o que pueda ser interpretado como tal, que redunde en daños para nuestra Casa.

La Universidad no es ajena a los problemas económicos, políticos y sociales del país. Su tarea es científica y no partidista. Prepara a los jóvenes para enfrentarse a esos problemas y resolverlos en beneficio de México. Pero es indispensable que la acción política que tienen derecho a ejercer como ciudadanos no impida las tareas docentes y de investigación propias de la Universidad.

¿A quién puede convenir que la Universidad no cumpla sus fines, que se frene el avance científico y tecnológico, que se supriman las libertades universitarias? […] Estas fuerzas quisieran verla debilitada, sin autoridad moral ni capacidad para cumplir con sus auténticas funciones que se resumen en una esencial: contribuir al desarrollo democrático e independiente del país, en beneficio de la colectividad entera y no de grupos, facciones o partidos.

 

(Todo lo citado viene de diferentes discursos pronunciados por el Ing. Javier Barros Sierra mientras era rector de la UNAM entre 1966 y 1970).