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artículo no publicado

Caza de brujas en Managua

Indagaciones y amenazas

El domingo 13 de octubre la policía nicaragüense incautó los archivos y las computadoras de la fundación Cinco. Requerido unos días antes por el Ministerio Público, su presidente, el periodista Carlos Fernando Chamorro, no fue informado previamente de los hechos que se le imputaban, y una vez ahí fue acusado de “actividades ilícitas”, un delito que no existe en el código penal nicaragüense. Esas primeras irregularidades fueron seguidas de muchas más. La víspera, la policía ya se había presentado para efectuar una indagación con una orden que no precisaba el nombre del oficial de la policía responsable de la operación. En vista de la presencia de numerosas personalidades que llegaron a exigir que se respetaran los procedimientos reglamentarios y de la firmeza de los custodios del pequeño edificio sede de Cinco, la policía se retiró, para regresar al día siguiente. De nuevo procedieron con una orden cuestionable y forzaron las rejas que protegían la entrada del inmueble. Y una última irregularidad que deja la puerta abierta a toda clase de manipulaciones es que no se realizó ningún inventario del contenido de las computadoras incautadas. Los locales del Movimiento Autónomo de las Mujeres (MAM) fueron incautados de la misma manera un día antes, es decir, sin el el menor respeto por el procedimiento legal.1

 

Estas indagaciones tuvieron lugar luego de toda una serie de medidas intimidatorias dirigidas contra Carlos Fernando Chamorro y el MAM. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, el director de La Prensa asesinado en 1978, Carlos Fernando Chamorro participó en la insurrección contra la dictadura somocista en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde el comienzo de la revolución se convirtió en director del diario sandinista Barricada. A principios de los años noventa, él y su equipo de redacción, relacionados con los renovadores del FSLN, transformaron ese diario partisano en un muy buen periódico informativo. Su espíritu independiente y el de su equipo de redacción provocaron que, en 1994, Daniel Ortega y Tomás Borge lo destituyeran. Entonces lanzó un semanario que se convirtió en toda una referencia, Confidencial, y dos emisiones informativas, Esta noche y Esta semana. Transmitidos por el Canal 8, ambos noticieros se cuentan entre los más respetados por su independencia y profesionalismo. En junio de 2007, Esta semana presentó un reportaje de investigación que daba cuenta del primer gran caso de corruPCión en el gobierno de Daniel Ortega: una operación de extorsión millonaria concebida desde la secretaría del FSLN y la Presidencia de la República. El Ministerio Público enterró el asunto en la mayor de las impunidades; el empresario que denunció los hechos fue condenado por calumnias e injurias; el diputado que apoyaba el proceso legal fue arbitrariamente destituido de sus funciones por el comité de la Asamblea. Desde entonces, Carlos Fernando ha sido objeto de una campaña de difamación continua por parte de la radio y la televisión oficiales, ambas sometidas al control de Rosario Murillo, esposa del jefe de Estado. También ha sido acusado “de narcotráfico, de asociación delictuosa, de ofender a sus connacionales y ser un mafioso, ladrón de tierras”. El MAM es una organización que condenó la prohibición del aborto terapéutico votada por el régimen de Ortega, contraria al acuerdo de cooperación firmado por ocho gobiernos europeos y administrado por Oxfam (Gran Bretaña) que busca promover la “plena ciudadanía de las mujeres”. En eso, una vez más la mujer de Ortega se adelantó a las operaciones policiacas al denunciar el acuerdo llamándolo el “fondo satánico” y los “fondos del mal”.

 

Un proyecto dictatorial

Los hechos mencionados no son actos aislados, sino un testimonio de la voluntad de Daniel Ortega y su equipo de perseguir sistemáticamente a quienes denuncian su proyecto político de establecer una dictadura política personal y familiar, con la pantalla de “democracia directa”. El primer paso de la puesta en marcha de ese proyecto fue un decreto presidencial que instituyó a principios de 2007 los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), presididos por la esposa de Ortega, Rosario Murillo, y cuyos responsables departamentales son también los responsables locales del FSLN, quienes actúan bajo la responsabilidad de esta última.2 De este modo los Ortega pretenden sustituir al Parlamento y a los comités de desarrollo municipal de los órganos de democracia directa estrechamente controlados por un partido que obtuvo el 38 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de noviembre de 2006. El segundo paso de este avance “legal” hacia la dictadura fue la exclusión del juego político de los partidos que denunciaron el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, mismo que asienta el dominio total de las instituciones por el FSLN y el Partido Liberal, así como la ley electoral, que atribuye la victoria en la elecciones presidenciales al candidato que haya obtenido más del 35 por ciento de los sufragios en la primera vuelta y que tenga una ventaja del cinco por ciento sobre su más cercano competidor. De esta manera, en junio pasado el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado en 1995 por iniciativa de Sergio Ramírez, Dora María Téllez y otros opositores internos al FSLN, el Partido Conservador (PC) y el Partido Movimiento por la Unidad de la Costa Atlántica (Pamuc), fueron despojados de su personalidad jurídica por el Consejo Supremo Electoral, mismo que les prohibió participar en las elecciones municipales de noviembre de 2008.

 

A esas medidas estatutarias se sumaron numerosas medidas intimidatorias hacia la oposición y de llamado al linchamiento en los medios de comunicación en manos de la familia Ortega. En abril, los habitantes de Bilwi, la capital administrativa de la región autónoma del Atlántico Norte, que se manifestaban contra la suspensión de las elecciones municipales –organizadas por Brooklyn Rivera, el antiguo dirigente de la guerrilla misquita en los años ochenta, quien luego se convirtió en diputado sandinista–, fueron atacados con piedras y palos por los militantes sandinistas y partidarios de este último. Uno de los seguidores de Rivera no dudó en disparar a los manifestantes, mientras que otro, alcalde de Bilwi, se contentó con amenazarlos con su revólver. Por otra parte, el 20 de septiembre en León, la segunda ciudad del país, una manifestación de la oposición, que, sin embargo, había sido autorizada por la policía, fue atacada de manera muy violenta por las turbas, los grupos de choque del FSLN, a la cabeza de las cuales iba... el candidato sandinista a las elecciones municipales. Se trataba nada menos que de Rufus Calderón, jefe político militar en la Mosquitia en los años ochenta, que se volvió célebre por la brutalidad con que trató a los misquitos y persiguió a los militantes indigenistas. Es el responsable de varias ejecuciones extrajudiciales en los primeros meses de la revolución, entre otras la del dirigente misquito Lysther Ather; así como de numerosos arrestos, torturas y desapariciones, a raíz de los enfrentamientos entre sandinistas y misquitos a principios de 1981. Así, literalmente, las turbas tomaron control de las inmediaciones de la ciudad, parando los autobuses y agrediendo a los pasajeros de los que sospechaban que venían a manifestarse; luego atacaron a los habitantes de la ciudad e incendiaron un vehículo de los dirigentes del MRS, todo ante la mirada cómplice e indiferente de la policía. La violencia de los militantes sandinistas fue tal que Dora María Téllez habló, con toda razón, de “hordas fascistas”. Una semana después, en Managua, diez destacados miembros del FSLN, encabezados por un alto dirigente de ese partido, agredieron con lujo de violencia a una decena de estudiantes que se manifestaban ante la sede del Canal 4, la cadena de televisión sandinista, con pancartas que rezaban “la razón puede más que el fanatismo”. Además de esos actos de violencia masivos, hubo agresiones personales contra algunos militantes del MRS, en especial a partir de la huelga de hambre emprendida por Dora María Téllez al día siguiente de la proscriPCión de su partido. Atacados y empujados por miembros del FSLN o gente cercana a ellos, se vieron citados por el Ministerio Público para responder por supuestas agresiones a quienes, de hecho, fueron sus agresores.

 

La última parte de esta política ha sido una campaña de difamación sistemática y de llamado al linchamiento de los intelectuales independientes y de las ONG que trabajan con agencias de cooperación internacional. Entre los artistas que han pasado por esto están Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy,3 dos cantautores cuyas canciones acompañaron la revolución del 19 de julio y que actualmente son miembros del MRS; Ernesto Cardenal, el poeta y ex ministro de Educación; periodistas independientes como Jaime Arellano, de Canal 2; Edgard Tijerino, un periodista deportivo; Sofía Montenegro, periodista feminista, colaboradora de Carlos Fernando Chamorro en Barricada, y el humorista Enrique Calderón. Los primeros fueron despojados de sus canciones, que, pese a sus protestas, siguen siendo utilizadas por el FSLN en sus mítines y otras ocasiones. Como Rosario Murillo declara, “las canciones de Carlos, a pesar de su compositor, siguen perteneciendo al Frente sandinista que hizo la revolución y que, en esa lucha mítica, las inspiró y dictó. A un Frente sandinista que, por otra parte, continuará revolucionando la Historia”. Un juez sandinista reabrió un juicio, ganado hace tres años por Cardenal, y acaba de condenarlo, de manera completamente ilegal, a una multa de más de mil dólares. El programa de Jaime Arellano fue cancelado, y los medios oficiales lanzaron las acusaciones más inverosímiles y difamatorias contra los demás periodistas, pues, junto con los responsables de las ONG independientes del movimiento sandinista, son acusados de estar coludidos con narcotraficantes. De acuerdo con los medios sandinistas y las declaraciones del Ministerio Público, los depósitos de fondos de la cooperación internacional serían operaciones para ocultar un vasto mecanismo de blanqueo de dinero.

 

Los crímenes de la intelligentsia

¿Qué le reprochan el clan Ortega y sus partidarios a esos intelectuales independientes, periodistas y encargados de ONG?

 

Su primer crimen, sin duda alguna, es estar en desacuerdo con el FSLN, es decir, haber hecho un balance crítico de la experiencia de la Revolución sandinista. Si bien no todos han hecho un aggiornamento socialdemócrata, todos han comprendido a qué fracasos condujo la idea de un partido omnisciente que encarnaba la Historia y, por ese hecho, quedaba autorizado a actuar por la fuerza y aplastar cualquier oposición. Muchos se dieron cuenta de cómo ese voluntarismo a ultranza favoreció, a fin de cuentas, la constitución de una oposición armada y cómo una política represiva la alimentó y cómo sin ese sustrato el dinero estadounidense no habría podido hacer la contra. También todos ellos meditaron sobre la manera en que la obediencia ciega a una Dirección Nacional omnisciente y a la que no se puede criticar propició, muchas veces, el peor de los oportunismos. Desde ese punto de vista, las memorias de Sergio Ramírez, el ex vicepresidente de Nicaragua de 1984 a 1990, Adiós, muchachos,4 las de Ernesto Cardenal, La Revolución perdida,5 o El país bajo mi piel, de la poeta Gioconda Belli,6 son indispensables. Todos hablan por sí mismos y ya no comulgan con el Uno revolucionario. Dan testimonio de sus dudas, interrogan el pasado con una distancia crítica y revelan sin disfraces ciertas prácticas sectarias o dictatoriales de la revolución. Compartamos o no sus conclusiones, quizá nos gustaría que fueran más elocuentes sobre ciertos momentos de los comienzos de la Revolución y el culto del unanimismo que dio el tono en los primeros meses y pesaría no poco en ciertas derivas totalitarias. De cualquier manera, es imposible no saludar la manera en la que desbrozaron y balizaron un espacio crítico.

 

Su segundo crimen es haber participado en la develación de dos escándalos particularmente emblemáticos de las derivas del sandinismo. Todos describieron y denunciaron sin ambages la voluntad prevaricadora de ciertos altos mandos sandinistas, quienes, favorecidos por la piñata, esas apropiaciones indebidas llevadas a cabo in extremis al día siguiente de la derrota electoral de 1990, se convirtieron en verdaderos oligarcas. Esos intelectuales, esos artistas y los comandantes revolucionarios miembros del MRS, Henry Ruiz (Modesto) o Dora María Téllez, cometieron el inmenso error de no servirse con la cuchara grande, como la familia Ortega o el ex ministro de Gobernación Tomás Borge, por nombrar apenas a los más tragones. Y, para colmo, ambos fueron héroes de la contienda revolucionaria. Modesto formó parte de la columna Pablo Úbeda, que combatió en las montañas centrales hasta 1978. Dora María dirigió esa operación relámpago que fue la toma del Palacio Nacional en 1978, y participó en combates en León, en 1979.

 

Algunos intelectuales de este movimiento, como Sofía Montenegro y Vilma Núñez de Escorcia,7 además decidieron ayudar a la hijastra de Ortega legitimando públicamente su derecho a denunciar el acoso sexual y las repetidas violaciones a las que su padrastro la sometió desde 1978 (cuando él tenía treinta años y ella once) hasta 1998. Considerando que se trataba de una serie de crímenes injustificables, esas militantes feministas salidas de las filas del FSLN ayudaron a Zoilamérica Narváez a presentar su denuncia ante la justicia nicaragüense.8 Ante la determinación de Juana Méndez, ex guerrillera del Frente investida como juez –y quien condenó en 2003, con toda justeza en ese caso, a Arnoldo Alemán a veinte años de prisión por un desvío de fondos de 250 millones de dólares–, de enterrar el asunto, ellas ayudaron a Zoilamérica a presentar una queja contra el Estado nicaragüense, por obstrucción de la justicia, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que abrió el caso oficialmente el 8 de noviembre de 1999.9 El caso es particularmente explosivo pues pone de relieve la perversión de Daniel Ortega; perversión asociada a un sentido de la justificación de lo más pusilánime: “eres necesaria para mi estabilidad emocional, ese es tu papel en la Revolución”, y cuando el caso estalló: “mis años en prisión perturbaron mi sexualidad”. El caso también revela las increíbles cadenas de complicidad a las que conduce la ciega sumisión a un dirigente que pretende encarnar la revolución. Una mujer, Rosario Murillo, la madre de Zoilamérica, quien, luego de haber negado los hechos en repetidas ocasiones, acusó a su hija de haber tratado de seducir a su marido, acabó presionándola para que retirara su queja, cosa que acaba de lograr, y utilizó su don de gente para dominar a su marido y resurgir como personaje político. Los miembros del aparato político militar de la Presidencia de la República no pudieron más que ser los especialmente complacientes testigos del asunto, entre ellos los hombres a los que Zoilamérica Narváez fue entregada por Daniel Ortega para que la violaran en su presencia, y algunos curas sandinistas, que le aconsejaron que se resignara a la situación, como, por ejemplo, Miguel d’Escoto, ex canciller nicaragüense y hoy personaje de primera fila en la ONU.

 

El tercer crimen de los miembros de esa galaxia de intelectuales y de las ONG a las que pertenecen es el haberse tomado en serio el tema del derecho y haber planteado un análisis político de la situación. Como bien lo señalaron, el pacto sellado en 1999 entre Alemán y Ortega tenía como propósito no nada más controlar las instituciones, nombrando a una serie de testaferros, sandinistas o liberales, en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, sino también garantizar para ambos la inmunidad parlamentaria. De ese modo, ninguno de los dos tendría que responder ante la justicia por los crímenes de los que estaban acusados: ¡robos escandalosos en el caso del primero y repetidas violaciones en el del segundo!

 

Fracasos electorales

No es solamente en función de ese pasado que hay que contemplar la persecución desatada en contra del MAM y de Cinco, así como de otras ONG, y de sus dirigentes, Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, sino también de las inmediatas derrotas electorales –las elecciones locales de noviembre en las que Ortega quiso hacer un plebiscito para tratar de reformar la Constitución y permitir su reelección inmediata. Esos ataques contra el Movimiento de las Mujeres, como los orquestados contra Carlos Fernando Chamorro, Sofía Montenegro y quienes han acudido en su defensa, como los periodistas de La Prensa y del Nuevo Diario, una parte de los de las televisoras y la radio, los militantes del MRS que están conformando una vasta alianza con aquellos que, dentro del movimiento liberal, buscan denunciar el pacto con Ortega, son otras tantas amenazas contra los que encabezan la oposición a los proyectos de Ortega. Los paralelos entre el somocismo y el orteguismo, como la acusación de totalitarismo que le hizo el MRS, son considerados por Ortega como auténticos crímenes de lesa majestad. Respetuosos de la ley, estos intelectuales no contemplan dejar de cuestionar el poder de un presidente elegido para ejercer durante un periodo de cinco años, y sí pretenden, en cambio, convertir a los sandinistas en minoría en las elecciones locales, en especial en Managua, es decir, constituirse en contrapoderes. Es en esa circunstancia que los reportajes y editoriales de Carlos Fernando Chamorro le resultan insoportables a Ortega y su grupo, lo mismo que los señalamientos de las feministas sobre el hecho de que el poder orteguista “es el peor de los escenarios para la emancipación de las mujeres”.

 

Para terminar, Ortega y su mujer están furiosos por el movimiento de opinión que tiene lugar entre las mujeres latinoamericanas que pretenden denunciar las violaciones de las que fue víctima Zoilamérica Narváez. En agosto, Ortega tuvo que renunciar a estar presente en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, luego de que la ministra de las Mujeres, Gloria Rubín, declaró indeseable la presencia de un hombre acusado de violación. Si bien pudo asistir a la cumbre del ALBA en Honduras, su presencia provocó escandalosas protestas de las organizaciones de mujeres que denunciaron cómo hasta ahora ha logrado sustraerse a la justicia. Una ministra hondureña, Selma Estrada, incluso decidió renunciar como protesta contra su visita. En la misma línea, las feministas salvadoreñas anunciaron que se manifestarán contra la llegada del presidente nicaragüense con motivo de la próxima cumbre centroamericana en su capital.

 

Las amenazas en contra de Carlos Fernando Chamorro, de Sofía Montenegro y, más recientemente, la agresión de la que fue objeto Vilma Núñez de Escorcia deben tomarse con la mayor seriedad, pues son similares a las que desembocaron en el asesinato de un periodista ex sandinista, Carlos Guadamuz, en febrero de 2004. Después de denunciar en la radio los desvíos de fondos en el seno de la Fundación César Augusto Sandino para beneficiar a los dirigentes del Frente Sandinista, Guadamuz sufrió una campaña de ataques por parte de los medios sandinistas, antes de ser asesinado por un ex oficial de la Dirección General de Seguridad del Estado. Cuando fue detenido por ese crimen, Lenin Cerna, su antiguo jefe en la DGSE y cercano a Ortega, declaró no sólo que el ex oficial siempre había sido un buen elemento, sino que Guadamuz era un personaje indefendible. Por si fuera poco, aunque el asesino fue condenado a una larga estancia en prisión, un juez acaba de liberarlo por “buena conducta”. Muchos nicaragüenses ven en todas estas acciones una clara amenaza a la seguridad de los opositores. ~

 

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1. Pueden consultarse en internet los dos videos de las intervenciones policiacas, en el MAM, http://www.youtube.com/watch?v=9fjd14Xy?_XY, y en Cinco, http://video.google.com/videoplay?docid=2935904390580070485&ei=DezxSPiFLKP0.

2. Los detalles sobre la implementación de los CPC pueden encontrarse en los artículos publicados por la excelente revista Envío (www.envio.org.ni) y en el estudio de Carlos Fernando Chamorro El “poder ciudadano” de Ortega en Nicaragua: ¿Participación democrática o populismo autoritario?, estudio realizado por el Wilson International Center en el marco del seminario Understanding Populism and Popular Participation: a New Look at the “New Left” in Latin America, mismo que puede ser consultado en el sitio www.aportescriticos.com.ar.

3. Véase Sergio Ramírez, “Un cantante le dice que no al presidente Ortega”, Le Courrier International, número 924, 17 de julio de 2008.

4. México, Taurus, 1999, así como su libro-entrevista con Silvia Cherem, Una vida por la palabra, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

5. Madrid, Editorial Trotta, 2004.

6. Plaza y Janés, Vintage, 2002.

7. A esos nombres habría que agregar también, entre otros, los de Michèle Najlis, Vidaluz Meneses, Margaret Randall y Silvio Prado.

8. Hay que recordar también el importante papel que jugó en esto la Red de Mujeres Contra la Violencia. La inmensa mayoría de sus integrantes salieron del FSLN, y muchas de ellas siguen siendo cercanas a ese partido, a título personal.

9. Sobre el asunto, pueden consultarse los artículos de El País de Madrid (29-6-2008) y de Búsqueda de Montevideo (5-6-2008), y la estremecedora declaración de Zoilamérica, “Testimonio de Zoilamérica Narváez en contra de su padre adoptivo Daniel Ortega Saavedra”, www.sandino.org/zoila.htm.