De todos los personajes de El anillo del nibelungo de Wagner, pocos simbolizan mejor que Wotan las contradicciones del hombre décimononico, hijo de la revolución industrial y sus efectos, atraído por la modernidad pero, al mismo tiempo, rehén de la tradición.
Wotan es libre en sus actos, protector de las valquirias y confraternizador con los mortales, pero ante la ruptura del tabú cede ante el peso del establishment, de la tradición, representados en la figura de su esposa, Fricka, protectora del matrimonio. La diosa deja jugar frívolamente a su marido hasta que la puesta en cuestión de los valores tradicionales básicos (a través del incesto) le fuerza a elegir entre la tradición y el cambio y, en esa tesitura, el hombre de la lanza elige la primera.
Wotan refleja como nadie las contradicciones de las épocas de transición, como la que vivió el mundo de la segunda mitad del siglo XIX con la consolidación de la revolución industrial. Cuesta creer que ningún audaz escenógrafo, capaces como son de situar la acción de la ópera en Palestina o en el desastre medioambiental, no haya hecho, todavía, esta lectura del anillo wagneriano.
Hoy vemos una época similar con contradicciones semejantes. Es frecuente oír que la actual revolución digital representa un momento de cambio solo comparable al que alumbraron la economía capitalista y la democracia liberal a finales del siglo XVIII y, con poca propiedad, se la ha llamado cuarta revolución industrial cuando representa un cambio solo asimilable a la original y en nada equiparable a la segunda y tercera.
La revolución industrial no solo supuso un cambio en el sistema económico, sino que puso las bases para el desarrollo de la sociedad democrática tal y como la conocemos hoy, resultado de las contradicciones de la democracia británica y la economía manchesteriana que culminó en el modelo democrático liberal actual, hijo consanguíneo y no putativo del liberalismo y la socialdemocracia.
Posteriormente, nuestro sistema democrático ha tenido que afrontar desde el inicio del siglo XX numerosos desafíos; la revolución soviética, las ideologías totalitarias de los años treinta, las dictaduras de la posguerra mundial y otros. Todos pusieron sucesivamente en mayor o menor riesgo la democracia y el sistema liberal al que hoy, como entonces, acechan numerosos enemigos.
Por ello quizá sea buena cosa revisar estos riesgos y desafíos inspirándonos en lo que un gran defensor del modelo democrático liberal y uno de los grandes pensadores del siglo XX, Karl Popper, expuso en La sociedad abierta y sus enemigos.
Bajo una perspectiva histórica, Popper rastrea las doctrinas y teorías enemigas de la libertad humana, que adscribe dentro del concepto de historicismo y sus tres grandes constructores: Platón, Hegel y Marx, portentosos pensadores empeñados en poner en cuestión el libre albedrío y tratar de modelar la historia. La disidencia de criterio no impide a Popper reconocer en estos tres personajes a auténticos genios de la filosofía.
Dentro de la tela de araña con que Hegel armó su pensamiento se encuentran los fundamentos de aquel estado totalitario platónico, perfeccionado. El espíritu encarnado en Estado es superior al conjunto de seres humanos que forman la sociedad, dando cuerpo a los principios de la Republica platónica. Y Marx da una vuelta de tuerca más a esta tendencia historicista que trató de modelar el futuro bajo la apariencia de una ciencia que solo tenía de tal su vocación de ingeniería social.
El libro de Popper es un alegato a favor del racionalismo frente al irracionalismo, el libre albedrío frente al determinismo. El irracionalismo y el determinismo vuelven a aparecer, disfrazados, en el albor del siglo XXI.
Popper no es, como algunos quieren presentarlo, el filósofo del conservadurismo y de lo que se ha venido en llamar neoliberalismo. Sus tesis sobre la sociedad abierta y la sociedad cerrada, el esencialismo, el historicismo, la ingeniería social, el espíritu tribal y sus argumentos contra el nacionalismo, el dogmatismo y las ortodoxias políticas y religiosas cubren un espectro en el que pueden reconocerse por igual todas las formaciones políticas democráticas, desde la socialdemocracia hasta el conservadurismo, con la única condición de aceptar los principios esenciales del Estado de derecho: la división de poderes, las elecciones, la libertad de expresión y la de mercado.
Hoy, al igual que ayer, nos encontramos ante un momento de profundo cambio social. La sociedad abierta está sometida a retos y desafíos también nuevos en este momento de radical transformación provocada principalmente por la digitalización de la economía y la sociedad.
No está de más preguntarse, como Popper en su momento, dónde están hoy los enemigos de la sociedad abierta, de nuevo puesta en cuestión, y no es difícil ver que cada día surgen nuevas corrientes de opinión de origen muy diverso que cuestionan la adecuación al siglo XXI de la sociedad abierta, la democracia representativa y la economía de mercado.
Desde el populismo, el tecnolibertarismo o los nuevos pensamientos se cuestiona cada vez con más fuerza la democracia representativa, y muchas veces lo que se presentan como tendencias de pensamiento posmodernas no son más que recreaciones de antiguas tendencias populistas y reaccionarias bien conocidas.
No está de más reflexionar y repasar quiénes son los nuevos enemigos de la sociedad abierta en la época de la revolución digital. No hay señales de que vayan a surgir en nuestro tiempo de pensamiento líquido pensadores de la talla de los que alumbró el siglo XIX y provocaron la reflexión popperiana, pero esto ni excluye la existencia de enemigos ni de riesgos evidentes. Tampoco nos exime de detectarlos, entenderlos y analizarlos.
Cuando Popper publicó su libro, en 1945, ya había transcurrido un siglo de democracia liberal y revolución industrial. En estos tiempos vertiginosos no deberíamos tardar tanto en detectar dónde están los riesgos a los que hoy de nuevo se enfrenta la sociedad abierta. Renunciemos pues, de inicio, a encontrarnos a lomos de la revolución digital a algún continuador de fuste del historicismo marxista o hegeliano levantando un sistema filosófico total para entender la revolución digital y negar el vigente sistema de democracia representativa.
Los tiempos que corren, en cambio, nos obligan a intuir a los nuevos enemigos de la sociedad abierta no en los grandes pensadores, economistas o filósofos, sino en un conjunto desestructurado y fragmentario de corrientes y tendencias a veces a medio cristalizar que, teniendo características muy heterogéneas ideológica y generacionalmente, albergan en cambio un pensamiento común: el siglo XXI, a lomos de la revolución digital, es el de la superación de la democracia representativa que conocemos y el albor de un nuevo sistema basado en principios diferentes que alumbrarán un nuevo tipo de democracia que reemplazará, facilitado el proceso por la tecnología, a la actual, corrupta, caduca y en manos de unas élites alejadas de los intereses y el sentir de los ciudadanos. Es lo que algunos llaman la democracia digital, que se opondría a la democracia analógica.
¿Quiénes son estos nuevos enemigos de la sociedad abierta?
Una reflexión previa: la fuente fundamental de amenazas para la sociedad abierta sigue proviniendo de aquellas ideologías que defienden, de una u otra manera, la prevalencia del Estado frente al individuo y de la colectividad frente a la persona. Los riesgos para la sociedad abierta siguen viniendo en buena parte de los defensores de un Estado prevalente, más allá de su función de garantía de la convivencia y el bien común, dotado de una misión propia en la historia.
Hoy las cosas son distintas, los riesgos son difusos y el historicismo, huérfano de talento renovado, ya es solo una de las amenazas potenciales, pero junto a él han surgido otras nuevas, consecuencia de la existencia de riesgos que nunca previeron ni podían prever los inventores de internet: como dijo uno de sus fundadores, “Internet no está pensado para esto.”
Intentemos explorar un decálogo de los actuales enemigos de la sociedad abierta.
El primero y principal, las tecnodictaduras y los modelos autoritarios que han emergido al abrigo del desarrollo tecnológico. China representa en estos momentos la posibilidad de que el siglo XXI vea resurgir modelos autoritarios al abrigo de la digitalización de la sociedad. Y China, pero no solo China, también la Rusia de Putin, ya ha manifestado su entusiasmo por un modelo que combine autoritarismo y tecnología, internet y control. No parece difícil imaginar que si el experimento chino tiene éxito, y todo indica que lo tendrá, todos los líderes con pulsión autoritaria, que son muchos, pensarán que también el siglo XXI y el mundo digital tienen un sitio para las dictaduras o los sistemas autoritarios.
Esta es la importancia geoestratégica que tiene la lucha entre EEUU y China por el liderazgo de la Inteligencia Artificial: está en juego algo más que el liderazgo tecnológico: están en juego dos modelos de sociedad, la sociedad abierta y el autoritarismo y cuál va a prevalecer en nuestro siglo.
En segundo lugar, los nuevos monopolios surgidos al abrigo de la evolución tecnológica y el desarrollo de los nuevos modelos de negocio. Los últimos años han visto surgir empresas que en tiempo récord han alcanzado cuotas de mercado inimaginables en la economía tradicional. El principio winner takes all ha visto aparecer rápidamente cuotas de mercado del 80 y el 90% en algunos servicios emergentes.
Uno de los pilares de la economía de mercado es la necesaria política de competencia y la limitación, en beneficio de los ciudadanos, del poder dominante de las empresas. Por mucho que pese a algunos mal llamados liberales, ha sido y es uno de los pilares básicos de la sociedad abierta.
Urge abordar desde la política de competencia un nuevo enfoque que, reconociendo las características propias de las empresas digitales y el carácter global de su actividad, preserve el derecho de los ciudadanos y los consumidores a la libre competencia en el mercado. Y debe recordarse que es también este el caldo de cultivo en que se produce un funcionamiento opaco y poco transparente de las relaciones de determinadas empresas digitales con sus clientes.
Tercero, la desintermediación indiscriminada y la opacidad amenazan a la sociedad civil y su articulación. Las redes e internet implican desintermediación en la economía, en las relaciones interpersonales y también en la política, pero esta no puede ser ilimitada ni indiscriminada. La sociedad civil no puede perecer en este mundo carente de transparencia, pues donde no hay transparencia no hay accountability ni responsabilidad frente a los ciudadanos y la sociedad. Y la opacidad es a veces la consecuencia de una red pensada para ser abierta y transparente y que precisamente por ello permite la circulación de intereses oscuros.
En cuarto lugar, los nuevos populistas, y muy especialmente aquellos que han descubierto que, por fin, la democracia directa sin filtros ni intermediarios es posible gracias a la tecnología. Hoy internet y los teléfonos móviles hacen posible una nueva relación entre gobernantes y gobernados que permitiría la permanente participación de estos en todas y cada una de las decisiones relevantes. ¿Quién necesita un parlamento cuando se puede votar varias veces al día a través del móvil?
De todas las distopías esta es la más tentadora y atrayente para las nuevas generaciones escépticas de la política tradicional y, por ello mismo, una de las más peligrosas.
De todos los riesgos para la sociedad abierta, que esta visión avance es preocupante pues supondría el fin de la democracia representativa y la perfección del autoritarismo refrendatario donde el poder real residirá en quién formule las preguntas. Esta es la concepción que algunos tienen de la democracia digital.
Hemos tenido aperitivo suficiente de esta tendencia populista en el brexit o los referéndums de la Constitución de la ue, que deberían habernos disuadido de la simplificación que supone la sustitución de los representantes por los representados para la toma de decisiones abriendo grietas sociales de difícil remedio. Basta ver la importancia que nuevos partidos populistas dan a sus plataformas tecnológicas de participación para darse cuenta de que afrontamos un riesgo nada teórico. Nada más fácil que traspasar los actuales mecanismos participativos de la relación con los militantes a la relación con los ciudadanos para vislumbrar este escenario.
Quinto, la vulnerabilidad y la falta de seguridad de los ciudadanos en sus datos, en la protección de su intimidad y en el secreto de sus comunicaciones, otro de los pilares de la sociedad abierta, que transmite un sentimiento de disolvente desde el punto de vista social. Por eso mismo, todo lo que tiene que ver con la protección de los datos y la seguridad digital posee una excepcional importancia política y estratégica más allá de la visión simplificadora de aquellos como el nuevo petróleo.
El desarrollo de la sociedad abierta en el mundo digital necesita apremiantemente el mantenimiento de este nuevo orden público, pilar del Estado de derecho. Los ciudadanos del siglo XXI necesitan saber que cuando alguien llama a sus ordenadores a las seis de la madrugada no es un hacker.
Entender la seguridad pública y privada en el mundo digital y sus consecuencias más allá de lo tradicional es esencial si queremos mantener una sociedad transparente y tan ajena como sea posible a la manipulación.
En sexto lugar, el desmoronamiento de la opinión pública tal y como la conocemos. Uno de los pilares de la sociedad abierta y de la democracia es la existencia de una vigorosa opinión pública entendida como el mecanismo que permite a gobernantes y gobernados pulsar el estado social de ánimo general dominante en un momento determinado. Orienta a los gobiernos en su acción entre elecciones y refleja a la vez en el espejo de los ciudadanos la opinión general de los medios independientes. Las redes sociales han contribuido a desintermediar la relación entre gobernantes y gobernados y esto, lejos de ser siempre una ventaja, es un gran riesgo porque al contrario que los medios tradicionales, cuyos intereses son transparentes y su ideología contrastada, las redes sociales ni son transparentes ni es fácil adivinar a qué intereses sirven.
En algunos casos ni siquiera es posible determinar si detrás de presuntos opinadores se encuentran personas o simples bots utilizados para crear estados de opinión. La formación de la opinión pública, indispensable para la toma democrática de decisiones, se ve así distorsionada, confundiendo a gobiernos y ciudadanos y cortocircuitando los mecanismos básicos de la democracia.
Y a resolver esto no parece que ayude la hiperutilización de las redes sociales, especialmente Twitter, por algunos dirigentes, que deterioran profundamente los mecanismos de formación, desarrollo y promoción de la opinión pública informada. Los medios tradicionales también tienen su responsabilidad al no haber entendido la evolución digital, pero cuando los ciudadanos desayunan no con la lectura del periódico sino con el Twitter del presidente del país más importante del mundo, todos tenemos un problema. Aunque se asuma la recta intención del tuiteador, que es mucho asumir, 140 caracteres o 280 no pueden ser la fuente de una opinión pública bien formada y son incompatibles con el necesario espíritu crítico de nuestras sociedades.
Séptimo, algunas redes sociales trivializan y acaban con el pensamiento crítico y elaborado pero tienen una sorprendente capacidad de influir en la opinión de las personas y a veces en sus conductas con una inexplicable credibilidad que en modo alguno merecen. Son agregadores de información basados no en su coherencia, veracidad y rigor sino en su capacidad de general clics, convertidos hoy en la medida de todas las cosas y ambicionados como moneda de cambio en el mercado publicitario y de la opinión.
Octavo, los nuevos censores, algoritmos sin alma que vienen a reemplazar en algunos casos mecanismos básicos del Estado de derecho: piénsese en las frecuentes polémicas por contenidos que quedan fuera de la circulación porque un algoritmo de una red social dominante ha decidido que queda fuera de lo socialmente admisible. Los algoritmos no pueden diferenciar la foto de la niña de My Lai de una foto de carga sexual y aunque pudieran hacerlo, es tarea del parlamento decidir qué pueden y no pueden ver los ciudadanos. Y eso con carácter excepcional. Y esto es especialmente grave cuando, como hemos visto, algunas redes sociales tienen un carácter de cuasi monopolio.
En noveno lugar, los libertarios de nuevo cuño que piensan que en la sociedad digital la regulación es innecesaria porque este nuevo mundo lleva en su seno la garantía de transparencia y los mecanismos de permanente autocorrección, bien por la irrupción de nuevos competidores, por el permanente equilibrio que le da su tamaño o por la irrestricta circulación de opiniones libres en la red. Los ingenuos, y a veces no tanto, defensores del garaje como cuna de todas las innovaciones olvidan que hoy internet ya no es el mundo ideal y distribuido que llegó a ser y lo que aparenta ser un garaje puede ser una granja de bots manejada por oscuros intereses políticos o económicos.
Y décimo, los ciberpesimistas, que piensan que toda la revolución digital va a acabar inexorablemente con la democracia y el Estado de derecho y no nos queda otra opción que oponernos inútilmente o resignarnos ante el apocalipsis que la tecnología traerá a la estructura social y política tal como la conocemos. Creen que la distopía orwelliana es inevitable y que lo único que nos resta es intentar retrasarla lo máximo posible. Estos teóricos de lo analógico aparecen como el trasunto de los nuevos luditas del siglo XXI.
No parece difícil alargar ad infinitum este catálogo de enemigos y riesgos para la sociedad abierta, pero con un decálogo ya es suficiente para entender la importancia del reto y la necesidad de afrontarlo.
Nos enfrentamos a una miríada de enemigos de la sociedad abierta que ya no es posible identificar con una escuela de pensamiento sino con las características difusas del pensamiento líquido del siglo XXI. Hoy no es fácil encontrar a los historicistas y sus defensores. Pero esto no reduce la fuerza del impacto ni la importancia del reto, que no es otro que comprender cómo debe ser la democracia del siglo XXI de la misma manera que en un momento de crisis como la década de los treinta del pasado siglo se entendió la necesidad de definir una nueva etapa de la sociedad abierta, el Estado social y democrático de derecho.
Un modelo occidental de digitalización
La pervivencia de la democracia en el siglo XX se basó en saber, esta vez sí, jugar con la dialéctica hegeliana que permitiese encontrar una nueva síntesis que integrase en la sociedad abierta a las clases sociales surgidas de la revolución industrial. Ahora toca replicar este ejercicio en el mundo líquido de la digitalización.
Es necesario entender, por una parte, cuáles son las bases esenciales de la democracia y, por otra, establecer las políticas y regulaciones necesarias para hacerlas sobrevivir y mejorar. Pero este no es un debate técnico regulatorio, es un debate político y de pensamiento. No basta pensar que la aplicación aislada y sucesiva de regulaciones en aspectos concretos va a permitir realizar este tránsito con éxito. Se necesita una visión política y estratégica de cuáles son los retos del futuro y cómo los principios de la democracia representativa deben preservarse y, también, renovarse.
Se habla de una digitalización pensada para las personas (humancentric digitalization) y no parece mal punto de partida, pero es importante entender también que el reto es preservar la democracia y la sociedad abierta en el mundo digital, no crear una supuesta democracia digital ex novo con principios nuevos. No, se trata de ver cómo la democracia es capaz de digitalizarse, es decir, de asumir los retos y beneficios de la digitalización preservando la sociedad abierta.
Es momento de reafirmar los principios del Estado de derecho y comprender que la revolución digital, la sociedad digital, debe ser una sociedad democrática basada en los valores que han inspirado la sociedad occidental durante los siglos XIX y XX.
Debemos construir el modelo occidental de digitalización de la sociedad del siglo XXI, pero para ello debemos entender antes:
Que la digitalización no puede ni debe cuestionar la democracia representativa ni el modelo parlamentario.
Que preservar la libre competencia es hoy más necesario que nunca para que la economía libre de mercado sobreviva.
Que además de los derechos fundamentales clásicos hay algunos que han alcanzado una relevancia que no tenían antes de la digitalización, muy especialmente el derecho a la intimidad o a la seguridad de las comunicaciones.
Que es necesario crear una nueva lista de derechos fundamentales que junto con los anteriores constituyan el núcleo de las garantías de los individuos no solo frente al Estado sino frente a otros riesgos hoy difusos no siempre provenientes de los poderes públicos.
Que el papel del Estado tiene que continuar siendo el mismo y los límites a su papel también.
Que hay que preservar a la sociedad civil y su papel en la sociedad democrática. Un proceso de desintermediación de la vida política, económica y social exige garantizar el peso de la sociedad civil, pero también la transparencia de su existencia y funcionamiento.
Que no hace falta una constitución digital entendiendo como tal una nueva construcción político jurídica ex novo a imagen y semejanza del constitucionalismo de finales del siglo XVIII y del XIX. La revolución digital no obliga a poner en marcha un nuevo sistema sobre las cenizas del anterior, ni a guillotinar a ningún monarca. Obliga a adaptar nuestro sistema y sus principios a esta nueva realidad. Tampoco se trata de un reflejo de lampedusiano conservadurismo. Lo que tenemos que hacer es abordar tantos cambios y tan profundos como sea necesario.
Para enfrentarse a estos retos, lo primero es no caer en el pesimismo y la resignación y recrearnos en la distopía, ser ciberoptimista frente a los ciberpesimistas. Entender que, como pasó en el umbral de la segunda mitad del siglo XX, es hora de repensar nuestra democracia, manteniendo los principios y equilibrios que le son propios.
Durante el periodo de entreguerras la democracia y la sociedad abierta se vieron sometidas a las mayores amenazas que se recuerdan: la revolución, el fascismo y dos guerras mundiales. La sociedad democrática fue capaz de alumbrar un sistema que reflejara estos nuevos retos y les diera solución.
El Estado social y democrático de derecho nacido en la posguerra es algo distinto al Estado liberal anterior, pero mantiene los mismos principios, instituciones democráticas y respeto a los derechos del individuo y ha sido capaz de garantizar la cohesión política y social.
Quien compare la tarea hercúlea abordada en la Europa de posguerra con el reto que ahora se nos plantea verá que este no es difícil; vivimos en una sociedad en cambio vertiginoso pero acechada por peligros más livianos, de momento, que los que vivió la sociedad democrática en la Europa de entreguerras.
No es casual que renazca de nuevo en este momento el debate entre Kelsen y Schmitt. Nos encontramos ante un reto semejante: la prevalencia de la ley y el Estado de derecho o la de la legitimidad basada en la voluntad del pueblo disfrazada hoy de digitalización y redes sociales. No es la primera vez que los enemigos de la democracia se disfrazan de modernidad.
No debería ser difícil reformular la democracia y el Estado de derecho atendiendo a las exigencias de un mundo en un cambio profundo provocado por la digitalización que afecta a la economía y la vida social y precisamente por ello a la política. Es el momento oportuno, y si lo hacemos hoy no tendremos que lamentar, como pasó en al primera mitad del siglo XX, mayores desgracias.
Y es, de nuevo, Europa quien debería estar llamada al liderazgo de esta tarea. Una Europa que ya ha sido desahuciada apresuradamente de la sociedad global del siglo XXI y que para muchos es la gran perdedora, incapaz de entender y adaptar su Estado del bienestar a las exigencia del mundo global digitalizado.
No coincido con semejante diagnóstico ni en la política ni en la economía: en este momento el reto de la digitalización en el ámbito político es construir o reconstruir el Estado de derecho y la democracia y esta es una tarea que solo se podrá hacer desde Europa o contando con ella, muy especialmente si Estados Unidos renuncia, por razones diversas, a ejercer el liderazgo político en este asunto.
Volvamos al año 1945 en el que Popper publicó su libro: Occidente estaba en el proceso de reconstruirse sobre las terribles consecuencias de la guerra mundial. En ese momento los esfuerzos se volcaron en la instauración de un mecanismo global de defensa de los derechos humanos que han sido la base de la arquitectura jurídica y política global de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.
Quizá este sea, de nuevo, un buen punto de partida: analizar con nueva perspectiva cuáles son los retos que se plantean a los derechos y libertades fundamentales en el siglo XXI y cómo construir una nueva Declaración de los Derechos Humanos que tenga en cuenta las características de la sociedad digitalizada, repensando y desarrollando los nuevos derechos humanos asociados a ella: la protección de la intimidad, el control de la vida digital, el derecho a la identidad, integridad y seguridad digital, la libertad de expresión basada en la transparencia y la imparcialidad de la red o la garantía de los nuevos derechos y formas de participación política.
Parece este el camino natural si queremos buscar un proceso de aggiornamento que nos garantice al menos un nuevo siglo de democracia y aleje de la sociedad abierta los fantasmas que se ciernen sobre ella.
A partir de esa actualización de los derechos fundamentales, cimientos constituyentes de nuestro armazón jurídico y político global, será más sencillo afrontar un análisis de todos los demás aspectos de nuestros sistemas constitucionales e institucionales que deben ser repensados con los retos de la digitalización en mente. Será esta la base para formular una ciudadanía digital sobre la que construir la sociedad abierta del siglo XXI.
Conviene una vez más rememorar el final de El anillo del nibelungo: los dioses mueren porque no entienden el nuevo mundo o porque como Wotan, entendiendo los desafíos al mundo tradicional, no son capaces de romper amarras con él. ~
es abogado del Estado (en excedencia) y experto en regulación y economía digital. Ha sido secretario de Estado de telecomunicaciones y director general de asuntos públicos de Telefónica. Preside la Comisión de
Digitalización de la Cámara de Comercio de España.
