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artículo no publicado

El síndrome de Cartagena

Mientras seguimos evaluando las consecuencias del procés, muchas comunidades levantan la voz: no piden tanto la recomposición de un proyecto nacional como la defensa de sus propios intereses.

Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete, fue el líder de la sublevación cantonal de Cartagena que en 1873 puso en jaque al primer Estado español de definición republicana. La resistencia de Cartagena como último reducto del cantón de Murcia –el más persistente en el intento de fragmentación territorial de España en aquel tiempo– duró hasta el 12 de enero de 1874, cuando el general José López Domínguez entró en la ciudad amurallada y redujo la última expresión de la sublevación cantonal, una de las causas del derrumbe de la Primera República.

Desde que en junio de 1873 se declarase Sevilla como república social no cesaron los pronunciamientos cantonales en diversas ciudades de Andalucía, Valencia y Murcia, e incluso declaraciones de independencia como la de Alcoy en julio de ese año. No faltaron tampoco declaraciones de guerra entre cantones y ciudades y hasta contra potencias extranjeras. Con aquel despropósito quiso acabar el tercer presidente del poder ejecutivo del nuevo y titubeante Estado, Nicolás Salmerón, aunque la experiencia concluyó con la dictadura unitarista del general Serrano y, luego, con la Restauración de la monarquía urdida por Cánovas del Castillo, que daría paso a la Constitución de 1876.

La figura de Antonete no es ridícula. Fue un político popular, revolucionario, que mantuvo a raya a las, así llamadas, fuerzas del poder ejecutivo en Madrid y que huyó a Orán para regresar tiempo después a España beneficiándose de una amnistía. En cierto modo –si posamos la mirada años después en la figura de Companys y, en nuestros días, en la de los líderes catalanes fugados de la justicia o en la cárcel– encontraremos una rima histórica que no responde a una casualidad sino a una causalidad frustrante por nunca lograda: la de nuestro país como proyecto nacional, la de España como unidad territorial cohesionada, la de un Estado siempre variable que ha migrado de un intento federativo en 1873-74 a otro integral, igualmente republicano, en 1931, con el interregno de otra constitución borbónica que hacía compartir la soberanía entre el rey y las Cortes, hasta llegar a la actual que crea una monarquía parlamentaria y un modelo descentralizado en territorios autónomos.

La virtud que echamos de menos en la Constitución de 1978 –no denomina las comunidades autónomas– sí estaba presente en el artículo primero del proyecto federal de Emilio Castelar de 1873, que proclamaba que “componen la nación española los Estados de Andalucía Alta, de Andalucía Baja, de Aragón, de Asturias, de Baleares, de Canarias, de Castilla la Nueva, de Castilla la Vieja, de Cataluña, de Cuba, de Extremadura, de Galicia, de Murcia, de Puerto Rico, de Navarra y de las Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según necesidades territoriales”.

Este precepto nunca llegó a estar vigente pero metodológicamente resultaba ejemplar porque mentaba los territorios que adquirían autonomía federal sin incurrir en el grave defecto de la Constitución de 1978 de mantener un principio de disposición que ha sometido la arquitectura territorial española a un arbitrario criterio político. Nuestra norma fundamental tampoco aclara el alcance de la distinción entre regiones y nacionalidades (históricas), de modo que tal definición ha quedado al libre criterio de los parlamentos autonómicos, que además no han sido corregidos ni por el congreso ni por el senado durante la tramitación de los Estatutos.

El desprestigio de la Primera República se debió a la concurrencia histórica de factores varios, entre ellos la segunda guerra carlista y la sublevación cantonal, además de los graves problemas coloniales que concluyeron con la pérdida de territorios ultramarinos considerados parte de la nación desde la Constitución de Cádiz. De esa falta de reputación histórica del primer intento republicano trae causa la aversión de un amplio sector ideológico español al modelo federal que, de haberse adoptado en 1978, o de haber migrado luego hacia él mediante las convenientes reformas, habría solucionado en muy buena medida la extraordinaria disfuncionalidad del vigente Estado autonómico sobre el que hay que formularse las mismas cuestiones que tan oportunamente planteó el catedrático Santiago Muñoz Machado en Informe sobre España (2012). El hoy director de la Real Academia Española escribía:

No hay en la norma fundamental ninguna explicación de por qué La Rioja, que era una provincia con menos población de conjunto que algunas de las principales capitales españolas, se ha convertido en una comunidad autónoma con un parlamento que produce leyes frecuentemente, y un gobierno que decide políticas públicas y dirige la administración. Por qué la inmensa Andalucía, con ocho provincias muy desiguales integradas en su enorme aparato institucional, tiene una estructura política y administrativa parangonable a la de Murcia, una mediana provincia vecina. Por qué Santander dejó de ser provincia castellana y se convirtió en la singular comunidad autónoma de Cantabria. O Asturias, la cuna de la España nacional, se autogobierna sola. O Madrid no se ha configurado como una gran área metropolitana en la que ocuparía posiciones jurídicas y políticas especiales el municipio capitalino. En la Constitución no hay ninguna mención a las diecisiete comunidades autónomas establecidas en el Estado. ¿Cómo se ha decidido su existencia y se han delimitado territorialmente?

La cuestión que planteó Muñoz Machado en el arranque mismo del proceso soberanista catalán (2012) sigue sin respuesta, o, por mejor decir, ha recibido el caos por contestación. Un auténtico caos que se localiza en la raíz de la crisis de Cataluña –aunque arracimada con otras de largo aliento histórico y más de carácter cívico y hasta moral– pero que se ha extendido al conjunto de los territorios españoles que, en distinta medida, tratan de encontrar elementos de identidad que justifiquen una singularidad que está tensando la integración del Estado y cuestionando la misma naturaleza de la nación española. Lo que está ocurriendo es más grave y peor que el reiterado café para todos. Se trata de un proceso de fragmentación territorial, emocional, política y económica del país.

La escalada identitaria

La cuestión territorial no puede reducirse ya a las expresiones segregacionistas del nacionalismo. Con el siglo XXI la identidad catalana ha aumentado y provocado una convulsión territorial generalizada que presenta síntomas de emulación, por una parte, y de profundo malestar, por otro. Es de importancia sustancial para la supervivencia del modelo constitucional sortear el reto del separatismo en Cataluña, pero con la certeza de que la cuestión territorial ha ampliado su registro.

No se trata solo de la integridad del Estado sino también de la escalada identitaria de comunidades (todas quieren, y varias lo han conseguido, significarse como históricas y algunas también como nacionalidades) y, de manera añadida, del grave problema de la recesión demográfica, de las grandes concentraciones urbanas que plantean nuevos problemas (movilidad, sostenibilidad, vivienda, infraestructuras, absorción de energías laborales y de atracción económica y empresarial de su entorno). Se plantea la relación entre la ciudadanía urbana y la rural, susceptible de profundizar en una gran desigualdad y, en fin, del empoderamiento de las grandes ciudades frente a los gobiernos autonómicos e, incluso, frente a la administración general del Estado y su peso decisivo en el ámbito internacional.

El entramado del procés ha consolidado los rasgos típicos del populismo nacionalista en el que se mistifican como en una pócima de elaboración magistral los líderes carismáticos, uno en el exilio, otro en la cárcel; el enemigo exterior –el Estado en sus manifestaciones distintas–; la deslegitimación de las instituciones contramayoritarias como los tribunales, sean el Constitucional, el Supremo, los jurisdiccionales más próximos o los órganos administrativos colegiados como las juntas electorales; la democracia aclamativa –la voluntad del pueblo sobre el mandato de la ley–; y el criterio plebiscitario, fórmula según la cual todo lo esencial no debe resolverse mediante decisiones de los representantes elegidos sino por el dictamen directo, sin intermediarios, del pueblo.

Y, en fin, el tribalismo, esa forma elemental, básica, primaria, de conformar un grupo homogéneo que habla el mismo idioma (aunque es bilingüe), practica iguales costumbres, desconfía de según qué novedades, clasifica a estos y a aquellos en buenos y malos compatriotas, crea extranjeros ideológicos y sentimentales y vive en la épica de la víctima y en la mística del ineludible triunfo final por largo que sea el recorrido hasta alcanzarlo. A ese tribalismo se ha referido con brillantez y brevedad la politóloga danesa Marlene Wind, que alude “al fantasma catalán” perfilándolo como un ejemplo acabado de populismo al que reconoce su capacidad narrativa, la elaboración de un relato atractivo para los medios internacionales –la “telaraña” exterior del procés, según el ensayo de Juan Carlos Cardenal– que ha vencido por incomparecencia de otro opuesto que lo haya refutado.

El storytelling secesionista ha llegado a componer un auténtico género literario: el procesista. Se cuentan ya por decenas las publicaciones de naturaleza histórica, ensayística, periodística, política, e incluso las dirigidas al público infantil y juvenil, que glosan la Cataluña de ayer, la de hoy y la que podría llegar a ser mañana. Son libros de corta tirada y escasa difusión que, no obstante, actúan como combustible de un debate en las élites políticas, intelectuales y mediáticas que ya, ocho años después del comienzo de la iniciativa separatista en 2012, es redundante y circular porque las ideas se repiten con distintas palabras y la disputa se petrifica en una discusión argumental estancada en la impugnación de unos y en la idolatría de la nación, que transforma el contraste de ideas en otro diferente de creencias, de dogmas, que la deifican como crisol para la realización personal y colectiva.

La nación es un “dios útil”, en definición de José Álvarez Junco, según el cual estas entidades imaginadas o políticamente articuladas “son construcciones históricas, de naturaleza contingente; y sistemas de creencias y de adhesión emocional que surten efectos políticos de los que se benefician ciertas élites locales”. Es el caso de la Cataluña del procés, pero lo sería de España si practicásemos una abstracción crítica del problema y observásemos cuáles y cuántos han sido los errores que, por acción y omisión, son ajenos al independentismo y resultan imputables a las clases dirigentes del Estado que, de forma recurrente en la historia, han tropezado con la misma piedra del desentendimiento recíproco. Nadie en la política española ha realizado el esfuerzo que Álvarez Junco hace suyo en palabras de Jon Juaristi: “desacralizar la nación obligándola a descender del cielo de los mitos y sumergiéndola en la temporalidad”. Más recientemente Yuval Noah Harari ha mantenido la misma tesis con distintas palabras, es decir, la identidad nacional como un “nuevo dios” y la insuficiencia del nacionalismo para dar respuesta a los problemas globales.

Por lo que a los separatistas catalanes se refiere, han exhibido un ardor guerrero infatigable que terminó por despeñarles en la irracionalidad de lo que Daniel Gascón calificó de “golpe posmoderno”, que sería “de diseño” en un contexto revolucionario en el que se evitó la palabra revolución. Lo fue en términos coloquiales (en los jurídicos el Supremo ha establecido que se trató de un caso de sedición), una revuelta en la que la apuesta del plebiscito ilegal del primero de octubre de 2017 se tuneó en la consigna de “esto no va de independencia, va de democracia”. La añagaza de que la secesión catalana es en realidad una decisión salvífica de las libertades y derechos civiles (de participación, de expresión) fue parecida a la que adujeron los cantonalistas que tumbaron la Primera República a costa de proclamarse sinceros “federalistas desde abajo”, es decir, constructores de un Estado nuevo desde la base territorial y no desde la representación institucional.

Fue también la excusa absolutoria que adujo en el proceso penal por rebelión militar en 1935 el abogado de Lluís Companys, Ángel Ossorio y Gallardo, según el cual los hechos de octubre del año anterior no podían calificarse sino de suceso político, pero en ningún caso de rebelión militar como propugnó el fiscal y sentenció el Tribunal de Garantías de la República, una instancia de naturaleza política, integrado por magistrados de cuota clientelar. A fin de cuentas, la proclamación del “Estado catalán de la República federal española” (6 de octubre de 1934) no constituía una rebelión sino, en el peor de los casos, la proclamación de un régimen republicano no como “Estado integral” sino “federal”.

La contemporánea declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, previa aprobación de la ley de referéndum y de la de transitoriedad jurídica de la república en las aciagas sesiones del parlamento autonómico de 6 y 7 de septiembre anterior –se denominaron con propiedad normas de desconexión–, habría sido también, o una mera desobediencia, o, mejor aún, un suceso político como el que protagonizó el gobierno de la Generalitat en 1934.

Recuerda ese discurso que banalizaba la rebelión de ese año en un simple ejercicio de derechos civiles al prontuario argumental de los dirigentes del proceso soberanista catalán condenados por sedición tras una prolija instrucción y una larga vista oral que comenzó con una querella del ministerio fiscal interpuesta el 31 de octubre de 2017 por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia contra los principales líderes de la asonada y concluyó con la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019. Una sentencia controvertida que tuvo que aplicar un tipo penal antañón e inadecuado en un Código Penal del que se suprimió el delito de convocatoria ilegal de referéndum por decisión del gobierno socialista de 2005 y a instancias de los nacionalistas.

Simetrías históricas

Durante esos dos años de investigación y enjuiciamiento sucedió en España algo parecido a lo que ocurrió con el proceso del Tribunal de Garantías de la Segunda República: que todo el sistema resultó cuestionado por un independentismo que rebasaba de manera constante barreras legales y convenciones políticas. Si la rebelión de 1934 contribuyó a fragilizar el régimen republicano inaugurado abruptamente en 1931, la unilateralidad separatista catalana de 2017 ha sometido –y sigue haciéndolo– al entero sistema constitucional a una tensión deslegitimadora que afecta al poder ejecutivo, al legislativo, y en el camino, al Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Carta Magna, al que ha llegado ya la impugnación de la sentencia del Supremo que acabará revisada por la justicia europea.

También en 1934 el parlamento catalán desacató la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que declaró nula su ley de contratos de cultivo: la cámara presentó otro texto, fiel reproducción del reprobado, y se sitúa en ese punto histórico de desobediencia el germen de lo que luego desataría la insurrección que hubo de reducir con uso de fuerzas militares (más de una docena de muertos) el general Domingo Batet. En 2017, la cámara legislativa de Cataluña consumó una larga secuencia de desacatos al Tribunal Constitucional que se encajaron con una pasmosa indolencia política por parte del gobierno y muy escaso celo por el ministerio fiscal. Y, en todo caso, sin reacción política.

La rebelión republicana de la Generalitat se vio venir y llegó a presentirse en una Cataluña convulsa por la acción anarquista, la confrontación con grupos paramilitares de obediencia nacionalista y rasgos fascistas (los escamots) y el brujuleo político de una izquierda incómoda hasta la conspiración con el gobierno de las derechas republicanas de la ceda y del Partido Radical. La sedición de 2017, que los fiscales calificaron en sus conclusiones definitivas en la vista oral de “golpe de Estado”, fue también la resultante necesaria e inevitable de un proceso desbocado que los biempensantes burgueses catalanes y los indolentes políticos madrileños, con ciertas complacencias de la izquierda populista, entendieron, o quisieron creer, como un tour de force cuyo propósito era el de negociar pero no el de amotinarse.

La República no tuvo más remedio que suspender la Generalitat mediante la ley de 2 de enero de 1935, estando ya en la cárcel su presidente y sus consejeros y varios de sus colaboradores en la rebelión. El gobierno español –de nuevo la simetría histórica– sometió a la autorización del senado el 27 de octubre de 2017 la intervención de la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución, un precepto que los constituyentes introdujeron en la carta magna por cautelosa imitación del 37 de la alemana para ejercer, si llegara el caso, una coerción que evitase el atentado grave a los intereses generales de España. Se disolvió el ejecutivo autonómico y fue sustituido por cargos de la administración general del Estado, convocándose elecciones autonómicas que se celebraron el 21 de diciembre de ese año y de las que resultó electa una nueva mayoría parlamentaria secesionista, aunque el primer partido fue Ciudadanos con 36 escaños de los 135 que integran la cámara.

Mientras que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República declaró nula la ley de suspensión de la Generalitat de 2 de enero de 1935, estimando así el recurso interpuesto por el entonces presidente del parlamento de Cataluña, Antoni Martínez Domingo, argumentando en su sentencia de 5 de marzo de 1936 que la determinación de la norma “al instituir en sus tres artículos un régimen intermedio entre la autonomía y el derecho común, viola los preceptos constitucionales que garantizaban aquella”, el tribunal que interpreta la Constitución de 1978 dictó sentencia en la que rechazó los recursos que contra las medidas del 155 interpusieron el propio parlamento de Cataluña y el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Además, en la resolución confirmatoria, el Tribunal Constitucional establece un cuerpo de doctrina sobre la suspensión de la autonomía –medida que entiende excepcional y siempre temporal–, lo que significó un espaldarazo a la aplicación consensuada de este precepto, legitimando la decisión del gobierno aprobada por la mayoría absoluta del senado.

Tras la rebelión catalana de 1934, el insurrecto Lluís Companys no huyó sino que fue detenido y encarcelado, pero regresó a Barcelona amnistiado por decreto ley de la condena –treinta años de prisión– por el gobierno del Frente Popular que ganó las elecciones en febrero de 1936. El desgraciado final del que fuera presidente de la Generalitat –fusilado en la montaña de Montjuic por los franquistas el 15 de octubre de 1940 tras ser entregado por la Gestapo y enterrado en el Fossar de la Pedrera– no tuvo que ver con su rebelión sino con la represión general del bando franquista. De hecho Companys regresó en loor de multitud a Barcelona en marzo de 1936 con la famosa proclama de “volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer”. Huyó a Francia ante el avance imparable de las fuerzas de Franco que tomaron Barcelona el 26 de enero de 1939 a poco más de dos meses del final de la Guerra Civil.

En octubre de 2017, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica instalándose con algunos de sus colaboradores en Waterloo, mientras que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, compareció ante el magistrado instructor de la causa y fue preventivamente encarcelado el 2 de noviembre de ese año. Permaneció privado de libertad sin solución de continuidad hasta la sentencia firme de la Sala Segunda del Supremo que el 14 de octubre de 2019 le condenó a trece años de prisión por un delito de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos. Fuga –exilio para sus partidarios– de Carles Puigdemont y cárcel para su vicepresidente, que optó por comparecer ante el juez.

No es una disquisición inoportuna indagar en cómo se produce una ilación histórica entre los hechos de octubre de 1934 y los del mismo mes –y de septiembre– de 2017. Cómo, también, se establece una continuidad victimizada entre aquel Estado –aunque republicano, igualmente opresor en su momento– y el actual con forma de monarquía parlamentaria. Cómo, asimismo, se manejó la épica de entonces, con la de ahora y, en fin, cómo se apela a la historia con la admonición de que los que no aprenden de ella están condenados a repetirla. Se dan unas concomitancias escalofriantes que desaprueban el paupérrimo aprendizaje que hemos retenido del pasado los españoles en su conjunto y la clase dirigente en particular.

Esos puntos de conexión históricos se acumulan cuando se analiza detenidamente la rebelión de 1934 y la sedición de 2017. Los tribunales que sentenciaron condenando por esos delitos padecieron del desgaste de un debate sobre su competencia que en el caso del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República fue mucho mayor que el que afectó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El forzamiento de una instancia de garantías constitucionales como fue el tribunal de la República resultó extraordinario. Porque convertir en una instancia de enjuiciamiento penal –y eso fue lo que sucedió– la que estaba pensada para garantizar la adecuación de las leyes a la Constitución resultó una operación desastrosa. Importa subrayar que el Tribunal Supremo, como instancia jurisdiccional última, que priva de segunda, generó controversia de naturaleza competencial e hizo albergar serias dudas sobre si en el futuro el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no objetaría que el aforamiento ante el máximo órgano jurisdiccional español restringiría las garantías de los justiciables.

En todo caso, la sentencia del 14 de octubre de 2019 se encarga por extenso de justificar su propia competencia y dedica casi doscientas de sus 493 páginas a argumentar el respeto a los derechos de defensa y a las garantías procesales de los encausados. La sentencia del Tribunal de Garantías de 6 de junio de 1935, que condenó a Companys y otros por rebelión militar a treinta años de prisión, interdicción por el mismo tiempo e inhabilitación absoluta, ni siquiera se preocupó de fundamentar su jurisdicción en el caso, no concurriendo entonces –a diferencia de lo que ahora ocurre– ninguna otra instancia nacional o internacional a la que pudieran acudir los sancionados. En 2017, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y después ante la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, incorpora un pleno sistema de garantías que bifurca –en este caso sí– el devenir de lo que ocurrió entonces con lo que ocurre ahora en España.

Historiografía manipulada

El carácter sistémico de la política catalana en el conjunto español es una constante histórica, incluso si hay que remitirse a tiempos muy anteriores. La rebelión de los catalanes de 1640, diseccionada con maestría por John Elliott, tuvo que ver con la opción de la Corona por conservar Cataluña y perder las tierras portuguesas, integradas en el dominio de la monarquía hispánica desde 1580.

En la Guerra de Sucesión entre 1701 y 1715, el entonces Reino de Aragón, que comprendía el Principado catalán, se situó en el austracismo, apoyando las pretensiones del archiduque Carlos frente a las de Felipe V, que, finalmente, logró hacerse con el trono español a alto coste: desapareció la monarquía compuesta, se perdieron posesiones de la Corona y, tras la ocupación de Barcelona en 1714 (la de Mallorca se produjo al año siguiente), se dictaron más Decretos de Nueva Planta (una serie de disposiciones que empezaron en 1706), a los que una interpretación histórica tan constante como poco rigurosa atribuye el origen del desentendimiento de Cataluña con el resto de España y una suerte de fobia a la dinastía Borbón que, falazmente, se dice continúa hasta el presente.

Pudiera parecer anacrónico –y lo es–, pero esos hitos históricos brevemente referenciados se siguen proyectando en el imaginario de ese catalanismo soberanista que ha ido nutriendo su procés con materiales del pasado mediato e inmediato formateados para que encajasen en sus pretensiones hasta el punto de celebrar el minuto (17) y los segundos (14) de la ecuación 17.14 (coincidente con el año de la entrada de Felipe V en Barcelona) como un instante constantemente patriótico. Y organizar simposios de historiadores como el que, bajo el epígrafe España contra Catalunya, se celebró en 2013-2014 como un jalón del itinerario separatista y a cuyos participantes pareció no importarles la ausencia de rigor del lema de convocatoria ni buena parte de las tesis sectarias que allí se expusieron.

La llamada zona cero del independentismo es el Born Centro de Cultura y Memoria que alberga las ruinas de Barcelona datadas en las fechas en las que fue ocupada por las tropas borbónicas en 1714. Hasta 2015 ese espacio lo dirigió Joaquim Torra, luego presidente de la Generalitat. Se ha convertido en el memorial de las víctimas heroicas de la ansiada república. En la actualidad funciona en Cataluña el Institut Nova Història, subvencionado por varias entidades, entre ellas tv3, que reúne a un grupo de historiadores que mantienen que Colón, Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Cortés, Leonardo o Shakespeare eran catalanes cuyo origen habría sido manipulado por la historiografía española. Este instituto ha recibido la adhesión de personalidades de la política y la cultura catalanas hasta el punto de ser distinguido con premios y galardones.

El sentido instrumental que la historia, la sociología, la cultura, el idioma, la economía y las instituciones estatales han tenido para el separatismo catalán ha sido extraordinario y se ha mantenido y se mantiene contra viento y marea. La monarquía parlamentaria se ha convertido en una fijación desde que el jefe del Estado el 3 de octubre de 2017 pronunciase una concisa, contundente y definitiva intervención televisiva advirtiendo que, tras el referéndum ilegal celebrado dos días antes, actuarían los poderes del Estado para restablecer el orden constitucional.

A ese discurso se atribuye en algunos y no pequeños sectores de Cataluña el cambio de sede de miles de empresas que, ante el cariz de los acontecimientos y la desconfianza de sus clientes, las trasladaron a Madrid, Valencia o Mallorca. En una comparecencia en el parlamento catalán en el mes de febrero de 2020, los máximos responsables del Banco Sabadell, de CaixaBank, de Critera y de la Fundación Bancaria La Caixa, José Oliu, Jordi Gual e Isidro Fainé, respectivamente, justificaron el nuevo domicilio social de sus empresas –y de la mayor fundación de España– en razones técnicas y profesionales, de las que no era la menor razón del desplazamiento la fuga de depósitos de esas entidades financieras que superó los 10.000 millones de euros.

Una eventual independencia de Cataluña –que quedaría al margen de la Unión Europea– exigió a los gestores empresariales tomar una decisión que desarraigó de Cataluña a empresas que formaban parte del paisaje socioeconómico de la comunidad. Nada tuvo que ver el discurso del rey con esas consecuencias indeseables para la economía catalana, sino con la temeridad de sus autoridades políticas. Y nada tiene que ver el Estado, sino la continuidad también temeraria del intento separatista, en el hecho de que no se hayan producido regresos de ninguna de las sedes empresariales.

La historia de España se ha escrito y se escribe sobre el guion catalán y la política nacional, desde la elaboración de la Constitución de 1978 (fueron ponentes dos catalanes insignes, Miquel Roca Junyent y Jordi Solé Tura), hasta la gobernación del país, en la que desempeñó una función esencial la coalición de Convèrgencia Democrática de Catalunya y Unió (CIU). Son antecedentes que no pueden esquivarse. Incluso cuando se examina el fenómeno político –relativamente efímero y, desde luego, poco consistente– del partido político Ciudadanos, que ganó las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 profesando una militancia antinacionalista indudable, hay que remitirse a la sociedad catalana y a sus convulsiones identitarias.

Por esas razones, entre otras, debe insistirse en que el Estado como expresión política y administrativa de la nación española es indisociable, incluso en su perdurabilidad, de la vinculación territorial de Cataluña. No podría explicarse la crisis del sistema –que arranca en las elecciones de 2015, pero que no se resuelve con la coalición gobernante tras las del 10 de noviembre de 2019– sin las tácticas y estrategias de fondo del nacionalismo catalán.

Los dirigentes independentistas son conscientes de la dependencia española de Cataluña. Lo escribe en negativo Artur Mas en su libro titulado Cabeza fría, corazón caliente. El procés en primera persona cuando sostiene que “España solo podrá ser una nación plena si Cataluña deja de formar parte de ella. Lo que impide la plenitud nacional de España es sobre todo la tozuda y persistente voluntad de Cataluña de querer ser nación y de comportarse y ejercer como tal. Lo mismo que sostengo para el caso catalán serviría también para Euskadi, aunque lo que realmente estorba a la unidad nacional española es Cataluña.” Resulta llamativo que el que fuera el impulsor del proceso soberanista –al igual que los demás líderes de la secesión– se atribuya la representación de la entera Cataluña sin referencia a la pluralidad de su sociedad, incurriendo en esa dolosa confusión que dota de derechos a los territorios, pero se los retira a los ciudadanos que son, tanto en Cataluña como en el País Vasco, tan diversos en el entendimiento de su identidad y sentido de pertenencia como acredita la amplia gama de partidos con representación parlamentaria a los que votan.

Por otro lado, el propio Mas se contradice en su relato porque al referirse a los “pasivos” del procés subraya dos evidentes que obstaculizan la ruptura de Cataluña con el resto de España: de una parte, “la polarización catalana en torno al concepto de la independencia. No ha podido conseguirse aún una mayoría inapelable a favor de que Cataluña se convierta en un país independiente. En mi opinión, tener mayoría en el Parlamento sirve para mantenerlo vivo y continuar el proyecto soberanista, pero no para culminarlo”; y de otra parte, “la falta de alianzas internacionales sólidas […] con otros Estados”, al que añade lastre adicional: “la enfermiza y desgraciada falta de unidad dentro del mundo soberanista”. Más que lastres del proceso soberanista, los descritos por el exlíder de CDC son enmiendas a la totalidad de la iniciativa de intentar la segregación catalana unilateralmente y explican por qué el proceso soberanista fue un fracaso.

Un reproche político

El 1 de junio de 2018 se produjo un episodio referencial de la fuerza sistémica que retiene la representación catalana en el Congreso de los Diputados: por primera vez prosperó una moción de censura –que en nuestro sistema es constructiva, según el artículo 113 de la Constitución– contra el presidente del gobierno, a la sazón Mariano Rajoy. Aunque Pedro Sánchez esgrimió la censura basándose en la lenidad y falta de credibilidad del líder del pp en sus políticas contra prácticas corruptas en el seno de su organización –un obiter dicta de una sentencia en la pieza principal del caso Gürtel arrojaba sombras de duda sobre la declaración testifical del presidente del gobierno–, la realidad es que el secretario general del PSOE logró la mayoría necesaria (176 votos de 350) por una exigencia de responsabilidades contraídas por el jefe del ejecutivo en la gestión de la crisis catalana. Votaron contra Rajoy –mucho más que a favor de Sánchez– todos los grupos independentistas y nacionalistas. La clave del éxito de la moción no fue la corrupción. Fue la errada gestión de la crisis catalana.

Quien no quisiera ver en esa censura un reproche político radical al manejo por el gabinete de Rajoy del proceso soberanista catalán no terminará de entender cómo fue posible ese desalojo gubernamental y la formación de una mayoría de censura que es la que hoy también sostiene al ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos bajo la presidencia de Pedro Sánchez.

La suerte de la legislatura iniciada el 10 de noviembre de 2019 (precedidas estas elecciones de otras en abril del mismo año, más las dos anteriores de 2015 y 2016 mediando la explicada moción de censura en mayo y junio de 2018) depende por entero de Esquerra Republicana de Catalunya (13 diputados) que, en unidad de acción con eh Bildu (5 diputados), permitió con su abstención la investidura del socialista tras coaligarse con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. La argamasa para aglutinar los 167 votos que en segunda vuelta obtuvo para ser investido Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020 consistió en tres pactos. El principal, con el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, y dos adicionales pero críticos: el PNV y los republicanos catalanes.

El acuerdo entre socialistas y republicanos –una entente que Sánchez prometió que jamás se produciría– consistió en una transacción en virtud de la cual el gobierno de coalición reconoce que los hechos calificados judicialmente de sedición deben ser resignificados como expresión de un “conflicto político” que requeriría de “la activación política para resolverlo”. Pero no solo, porque habría que superar la “judicialización” de ese conflicto a través del “diálogo, la negociación y el acuerdo”, en tanto que –sin que así conste literalmente en el pacto– los republicanos garantizarían la estabilidad del ejecutivo en la XIV legislatura mediante la aprobación de los presupuestos y otras decisiones estratégicas para su sostenimiento. Los dirigentes de erc han desarrollado verbalmente la interpretación auténtica de la entente aclarando que sin el funcionamiento de la “mesa de diálogo”, y sin logros concretos en su desarrollo, la legislatura decaerá.

Efectivamente, el instrumento para “la resolución del conflicto político” es la creación de una “mesa de diálogo” basada en una supuesta “lealtad institucional” (que nunca ha existido) y en la “bilateralidad” entre el gobierno de España y el govern de la Generalitat, que es interpretada en este texto de manera antijurídica porque es doctrina constitucional que la bilateralidad entre el gobierno de la nación y cualquiera de los autonómicos se produce en las materias de su recíproca competencia y reteniendo siempre el ejecutivo central una posición de superioridad respecto del autonómico.

Por lo demás, carece de amparo legal a cualquier nivel –Constitución, Estatuto, ley orgánica u ordinaria– esa plataforma de negociación que no determina a priori los asuntos a debatir pero que ordena que todos sean admitidos sin limitaciones, sometiéndose los acuerdos a que pueda llegarse a una “validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya (sic), de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. En el convenio se advierte expresamente que la “mesa de diálogo” es una creación ex novo que no se confunde ni con la Comisión bilateral estatutaria Estado-Generalitat, ni con la plataforma Taula de Partits existente en el parlamento catalán.

El acuerdo PSOE-ERC resulta, en realidad, el más esencial de los tres que han firmado los socialistas. No solo porque les aseguró la investidura de Pedro Sánchez, sino también porque, de prosperar alguno de los propósitos que se contemplan en él, quedaría garantizado un tiempo largo de la legislatura. Esa –la duración gubernamental– es la compensación de los republicanos secesionistas a medidas que, por una parte, rescaten del fracaso el proceso soberanista, y, por otra, les ofrezca bazas contundentes para la puja de la secesión a Junts per Catalunya que lidera Carles Puigdemont.

Y como primer objetivo, ERC se ha propuesto que el gobierno –sin admitir que la cuestión forme parte de esa interlocución– excarcele a los políticos presos de una forma más explícita que la subrepticia de permitir permisos penitenciarios que, incluso sin progresión de grado, les permitan un cumplimiento holgado de sus sanciones. El régimen penitenciario de los sediciosos, en cárceles dependientes de la Generalitat, es laxo en todos los sentidos: por el número de visitas (miles), por los permisos de excarcelación excepcional al amparo del artículo 100.2 de la ley penitenciaria y por el contacto permanente de los encarcelados con los medios de comunicación y con sus propias organizaciones. El orden del día recurrente de los independentistas es, además del “fin de la represión” y la “amnistía de los presos”, el reconocimiento efectivo mediante referéndum del derecho de autodeterminación.

El gobierno de Sánchez podría parangonarse, en este continuum histórico de la cuestión catalana, con el republicano del Frente Popular salido de las urnas en febrero de 1936, que precipitadamente, dictó un decreto ley, convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, para amnistiar a Lluís Companys y sus cómplices. Está por ver si aquel político fue un visionario y si sus palabras resultaron inconscientemente proféticas de lo que podría ocurrir más de 85 años después. Porque la chance para transformar un fracaso –el del proceso soberanista– en un triunfo está, precisamente, en la fragilidad del nuevo ejecutivo español parlamentariamente dependiente de los partidos insurrectos en Cataluña.

Una situación política que solo puede concluir en un desencuentro que agravará la crisis, o en la cesión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a las reivindicaciones independentistas. La anunciada reforma del Código Penal para disminuir la punición impuesta por la Sala Segunda a los encausados es una iniciativa legislativa ad personam, luego de comprobarse que la amnistía no es constitucionalmente posible y el ejercicio del derecho de gracia (indulto) exige unos trámites y dispone de unas evocaciones a las que los eventualmente beneficiarios del perdón no quieren someterse.

Los sobreentendidos que se desprenden del pacto entre el PSOE y ERC, respaldado por Unidas Podemos y el PNV, remiten todos ellos a una rectificación del poder ejecutivo del Estado respecto de la cadena de decisiones que adoptó el anterior, con el concurso socialista en la aplicación del 155 de la Constitución, para detener la deriva del proceso soberanista. El simple hecho de que el gabinete de Sánchez dependa de los diputados de ERC y de eh Bildu implica un doble mensaje, nacional e internacional. De puertas adentro emite en términos de apaciguamiento y de legitimación del secesionismo –pasaría de aspiración a proyecto político viable–, y de puertas afuera, en el ámbito internacional, transmite un discurso confuso y peligroso, difícil de entender.

Si el Estado, a través del poder judicial, ha solicitado para los fugados (tres eurodiputados), primero el suplicatorio al parlamento de la Unión Europea, y luego ha tramitado la orden de detención y entrega –mecanismo de cooperación judicial en la UE– para que sean devueltos a España y se sometan aquí a la jurisdicción nacional, ¿cómo explicar que los partidos a los que pertenecen los delincuentes resulten socios del gobierno del Estado que los tiene, nacional e internacionalmente, por tales?

Esta grave contradicción estimula la simpatía –y la incomprensión del problema– en instancias internacionales que reciben a los exdirigentes fugados (Puigdemont, Comín, Ponsatí) como víctimas de un sistema político que no ha normalizado la democracia. Cuando los tres citados, con Torra, presidieron en febrero de 2020 la gran concentración independentista en Perpiñán (Francia), capital del Rosellón, considerada la Cataluña Norte por el nacionalismo, fueron recibidos por las autoridades municipales con los protocolos de ocasión para agasajar a personajes ilustres, el gobierno francés no hizo el menor comentario crítico a su presencia y a la hostilidad hacia España que allí se perpetró. Hasta el candidato a las municipales del partido del presidente Macron acogió a los huidos como si fueran referentes de la libertad de expresión y de los derechos civiles en Europa.

Era evidente entonces, y lo es ahora, que el gobierno no puede, y tampoco quiere, pronunciarse sobre este deambular honorífico de estos perseguidos por la justicia española porque cualquier crítica u obstaculización a la libertad de sus movimientos repercutiría sobre su propia estabilidad. Se ha escrito que Sánchez es rehén de la “mesa de diálogo”, lo que es cierto, por más que se haya refutado de contrario que también lo son los republicanos porque si esa interlocución no prospera se volvería contra ellos en beneficio de sus adversarios de JxCat.

El estuario político en el que ha desaguado el periodo crítico 2015-2019 (cuatro elecciones generales en cuatro años) representa una profunda regresión en la legitimación del Estado democrático, consecuencia de errores históricos –como Albert Rivera al no haber intentado un gabinete de centro-izquierda con el PSOE tras los comicios del 28 de abril de 2019 con un mayoritario respaldo de 180 diputados (123 socialistas y 57 de Ciudadanos)– y de la frivolidad, de la banalidad y de la volatilidad de criterios de Pedro Sánchez, que aseguró que no compartiría gobierno con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros ni se apoyaría para desempeñar las funciones gubernamentales en los grupos independentistas. Ha hecho lo contrario, hasta empeorándolo al incluir en los contrafuertes gubernamentales a EH Bildu y al PNV, con el que el secretario general del PSOE firmó un acuerdo de investidura que, además de asumir reivindicaciones muy sensibles de los nacionalistas como la transferencia de instituciones penitenciarias o la gestión de la Seguridad Social, incluyó un apartado de hondo calado político.

El punto 4 de los doce que componen el acuerdo PSOE-PNVdice exactamente: “Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso de Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia.” De nuevo, tampoco en esta redacción, como ocurría en la del pacto con ERC, aparece mencionada la Constitución o, más exactamente, es voluntariamente omitida apelando a las “modificaciones legales necesarias”.

La deducción de que el modelo de 1978 ha entrado en barrena no es solo un corolario de lo que ocurre tras los acontecimientos del 2017 que culminaron el proceso soberanista catalán, sino también de lo que de modo más silente, casi una década después del final operativo de la banda terrorista eta, está sucediendo en el País Vasco. Se debate allí un nuevo Estatuto que recoge en sus primeros borradores el derecho a decidir y la inquietante duplicidad entre nacionales vascos y meros ciudadanos. Y toda esta pretendida renovación del texto fundamental de la autonomía vasca en medio de una constante progresión de la izquierda radical abertzale –segunda fuerza política ya en la comunidad autónoma–, que presiona a un PNV reticente a expresiones identitarias que le vinculen con cualquier atisbo de imitación a los jalones del proceso soberanista catalán.

No obstante, la volatilización del Estado en Euskadi y la plenitud de un autogobierno sustentado en una financiación concertada y eficiente que crea una constante sensación de bienestar en la esfera pública a los ciudadanos vascos operan igualmente como factores de deslegitimación del sistema en la medida en que la insaciabilidad nacionalista quiere superar el actual estatus no tanto para obtener un mayor acervo competencial, sino para cuestionar el marco de referencia estatal vigente.

Convergen, como variables más poderosas –aunque no son las únicas–, las corrientes del independentismo catalán y del nacionalismo vasco para terminar de devastar un Estado ya precario y que se precariza más y de manera progresiva, en lo que se ha definido como una centrifugación tanto territorialmente como en su voluntad de convivencia, que fue la que presidió la Transición y la elaboración de la Constitución de 1978. Aquel texto, aprobado entusiásticamente por los ciudadanos de Cataluña (91,09% de síes en el referéndum con una participación del 67%, en la media española), no preparó al Estado, sin embargo, para los embates que desde entonces hasta ahora ha sufrido y sigue sufriendo.

No se pudo suponer que la Cataluña que reclamaba la libertad, la amnistía y el Estatuto de Autonomía (tres objetivos conseguidos plenamente) se revolviese contra el propio sistema que había recuperado, aún antes de estar vigente la Constitución, la histórica Generalitat y repatriado con el máximo reconocimiento a su presidente en el exilio Josep Tarradellas. No se pudo suponer –pese a las advertencias de que Pujol manejaba la paciencia para acometer después la independencia– que la rótula que había dado funcionalidad al bipartidismo imperfecto –el catalanismo de ciu– mutase a un soberanismo arriscado y agreste que alancease al Estado que había amparado la nueva institucionalización catalana, propiciado las condiciones jurídicas, políticas, sociales y materiales para el desenvolvimiento de la identidad lingüística y cultural de aquella nacionalidad y, en fin, cooperado de manera decisiva para que Cataluña se proyectase como nunca en el ámbito internacional al acoger en 1992 unos exitosos Juegos Olímpicos en Barcelona.

Un subterfugio colosal

¿Por qué se ha producido esta implosión catalana en el marco de la democracia de 1978? El diagnóstico sobre el origen de la crisis es uno de los caballos de batalla del debate político español. El impulsor del proceso soberanista, Artur Mas, en su obra citada, la atribuye a la recentralización de la segunda legislatura de Aznar (2000-2004), a la accidentada trayectoria parlamentaria, primero, y ante el Tribunal Constitucional, después, del Estatuto de Autonomía de 2006, y a la negativa de Mariano Rajoy a considerar, siquiera, un pacto fiscal para Cataluña que él mismo le reclamó el 20 de septiembre de 2012. Descarta Mas, muy interesadamente, que el proceso soberanista fuese un colosal subterfugio para reencauzar el malestar de los catalanes por la corrupción de su clase dirigente y los recortes debidos a la crisis de 2008.

Es históricamente comprobable que las élites catalanas, políticas, empresariales y burguesas, padecen de una seria ciclotimia en esa su “voluntad de ser” explicitada por Vicens Vives, que en su Noticia de Cataluña explica también la bipolaridad de un pueblo que celebra sus fracasos más que sus victorias, que vive bajo un síndrome de victimización casi constante y que intercala largos periodos de tranquilidad con otros, más breves, de convulsa y crispada insurrección. Nunca antes como ahora con la Constitución de 1978 Cataluña –lo mismo que el País Vasco– logró materializar su identidad de manera más sólida. Concurren un decaimiento del proyecto colectivo de España, la recesión de la primera década del siglo y una globalización que altera la estructura demográfica, introduce nuevos usos y costumbres, diluye ámbitos más permeables a novedades culturales y establece renovados criterios de pertenencia. Eso explica que pueblos como el catalán sientan vértigo ante el porvenir y se replieguen sobre sí mismos creyendo que la estatalidad ofrece una arcadia feliz en la que los problemas actuales tendrían un rápida y confortable solución. Y no es así, por mucha épica y mística que quiera verterse sobre la ansiedad estatal que los más hiperventilados secesionistas incorporen a la urgencia republicana.

El mundo ha cambiado –lo que también reza para España– y ellos, los independentistas, no lo han hecho. Sus comportamientos historicistas, sus retroactividades argumentales y su irrealidad delatan factores decisivos de inviabilidad en su pretensión, aunque sugieren que tienen la fuerza suficiente para la deconstrucción del Estado autonómico haciéndolo migrar a otro –no se sabe cuál, quizás el confederal y plurinacional que propugnan los comuns y morados del populismo complutense– que sirva para demoler parte de los acuerdos constituyentes de 1978, como la monarquía parlamentaria y la unidad de la nación española. Esas formulaciones que se manosean en discursos y mítines sobre plurinacionalidad y el ayuntamiento voluntario de soberanías territoriales no se conocen en el derecho comparado occidental y menos aún el manido concepto de nación de naciones que, de existir, es una auténtica rareza en el constitucionalismo occidental.

El gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez dispone de un estrecho margen de maniobra que no es el que se produjo en Canadá con el secesionismo quebequés (dos referéndums negativos a la independencia de la provincia francófona y un desplome de Montreal en beneficio de Toronto), embridado ahora en una Ley de Claridad que impone condiciones severas a la repetición de la consulta soberanista, y que tampoco es el del gobierno británico que en 2014 acordó con las autoridades escocesas celebrar una consulta sobre la independencia de aquella nación que se saldó con la victoria de los llamados unionistas.

Canadá es un Estado federal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte una asociación de naciones sin constitución escrita cuya soberanía reside de consuno en la corona y en el parlamento de Westminster. Modelos distintos y distantes. Por eso, desde Dion hasta Ignatieff, aconsejan huir de las “estrategias de contentamiento” sustituyéndolas por la localización de los “agravios” –tantas veces de naturaleza material, económica– y transar antes que resignarse a un pronunciamiento binario de la población que termina por constituir un método divisivo, maximalista, hiperbólico, que extranjeriza a unos y aristocratiza nacionalmente a los vencedores.

Por muchos que sean los desencuentros internos, el llamado derecho a decidir, un significante vacío que tanto puede referirse a la reiteración constante de decisiones electorales en un régimen representativo como el nuestro como a un sedicente derecho de autodeterminación que no se reconoce en ninguna constitución democrática de nuestro entorno, resulta una excentricidad cuando Occidente se dirige a espacios sin fronteras más amplios y con la disminución de la energía jurídica y política del concepto de las soberanías estatales. Contra estos movimientos de apertura –la globalización en distintas escalas– se equipan los iliberalismos conducidos por los nuevos caudillos del siglo XXI.

Una visión supremacista

El proceso soberanista catalán dispone de credenciales populistas, pero acredita, además, dos características muy singulares. De una parte, se trata de una revuelta de acomodados, de una revolución de ricos. De otra, el procés es ideológicamente regresivo porque está impulsado por una visión supremacista sobre lo español y conecta con los años treinta del siglo pasado, tiempos aquellos en los que la Esquerra Republicana de Catalunya estaba profundamente amigada con Estat Catalá, con los célebres hermanos Badia, de ideología reconocidamente fascista, y a los que Joaquim Torra venera como patriotas excelsos. El movimiento independentista es un auténtico melting pot de sensibilidades distintas y deja ver una confesionalidad conservadora cuya referencia nacional pasa por los monasterios de Montserrat y de Poblet, ambos con significados distintos pero con evocaciones eclesiales comunes, por mucha cup que aparezca en el escenario.

Un estimable trabajo de Kiko Llaneras en el diario El País publicado en septiembre de 2017 exponía las “raíces económicas” y “de origen social” en el apoyo a la secesión. La independencia de Cataluña era entonces y lo es ahora “más popular entre los catalanes con rentas más altas”, de tal manera que el 54% de los que querían la segregación ganaba más de 4.000 euros al mes. El no a la independencia era y es mayoritario en los segmentos sociales con “dificultades para llegar a fin de mes”. Y solo una exigua minoría de parados, jubilados y ciudadanos con rentas modestas apoyan la separación de Cataluña de España.

También el origen determina el afecto o el rechazo a las tesis soberanistas: los catalanes nacidos fuera de Cataluña son menos independentistas, al igual que sus hijos. Advierte Llaneras con tino que de los doce apellidos más frecuentes en la comunidad “ninguno es autóctono”. Dos brechas: la económica y la de origen territorial separan con claridad a los secesionistas de los que no lo son. Como ha concluido Daniel Gascón en su imprescindible El golpe posmoderno, la “independencia no es de izquierdas”. Esta constatación sería la que “más odian los separatistas”, según Javier Cercas, que parte del mismo criterio: “En Cataluña, los más desfavorecidos no son secesionistas.”

Xavier Vidal-Folch, también en el diario El País (febrero de 2020), realizó una valiosa semblanza de Joaquim Torra (“Torra, la sombra”) que desvela el acervo sentimental e intelectual de un esencialista confesional lleno de aversiones a España, seriamente afectado de un resentimiento corrosivo que se confiesa intransigente, que detesta Madrid, ciudad a la que cubre de dicterios, y que emplea sus lecturas en una introspección frustrada y frustrante de su identidad catalana que le hace dirigir sus soflamas jupiterinas contra los catalanes que no sienten como él la llamada de la patria. “Querer ser español es consustancial a vivir en un dolor de cabeza permanente. Yo ya no quiero sufrir más migrañas. He decidido acabar con el tormento de ser catalán, es muy sencillo, todo pasa por separarse personalmente de España.” Torra va más allá al escribir también que “todo lo que ha sido tocado por los españoles se ha convertido en fuente de discriminaciones raciales, diferencias sociales y subdesarrollo”.

Tras este recorrido se puede llegar a no pocas conclusiones, pero una de ellas es que el independentismo catalán es tributario de un nacionalismo obsoleto que a lo largo del proceso que comenzó en 2012 se introdujo en el significante populista para parecer contemporáneo. En realidad no lo es en absoluto porque no ha hecho otra cosa que incorporar un nuevo lenguaje para decir las mismas cosas que en el siglo XIX, ha reformulado la historia victimizada de la Cataluña irredenta, y ha expresado con una sofisticación estratégica planteamientos infectados de esencialismo, una mezcla que –esto es algo más novedoso– sedujo a determinadas clases dirigentes urbanas, empresariales, profesionales, que creyeron que se trataba de un gran artefacto montado inicialmente por uno de los nuestros (Artur Mas) para renegociar el autogobierno estatutario. El constructo político se les fue de las manos a sus creadores, lo tomó en las suyas el peor de los radicalismos históricos de la también peor Cataluña –la integrista– y se ha manifestado y se manifiesta con una irascibilidad tal que ha sorprendido en el propio país, emboscado al Estado y desestabilizado la democracia. El procés es fruto de estos tiempos por populista e iliberal y es tan antiguo como la primera de las asonadas separatistas catalanas.

Ha ocurrido, sin embargo, algo insólito: el independentismo ha inoculado el síndrome de Cartagena en el conjunto de España. Al tiempo que Cataluña se ha encrespado, en la medida en que las fuerzas separatistas condicionan hasta extremos impensables el gobierno del Estado, las demás comunidades autónomas, especialmente aquellas que conforman la “España olvidada”, la “España vaciada”, alzan su voz, no tanto por la recomposición de un proyecto nacional renovado cuanto por la defensa de sus propios intereses en una espiral de interiorización de agravios, en una dinámica de emulación y en un enfrentamiento de identidades, incluso cinceladas en la ausencia de rasgos que puedan permitir la singularidad tradicional de los pueblos.

La voluntad de ser de marchamo catalán se ha convertido en el santo y seña de una fragmentación territorial que se expresa, por ejemplo, en el regreso al cantón murciano de 1873. No es casualidad que el gobierno de la región de Murcia esté controlado –qué ironía– por Vox y que se haya rebelado contra el ejecutivo central al desafiarle con la implantación del llamado pin parental. Conminado a suprimirlo, desde Murcia –como hace casi siglo y medio– las autoridades locales se negaron y el asunto está ya en los tribunales. Resuena –en Madrid, en Cantabria, en Teruel, en Soria, en Canarias– un atronador “¡Viva Cartagena!” gritado a capela por los nuevos Antonetes autonómicos a los que Cataluña ha mostrado el camino a transitar en una España en la que se dan las condiciones para que se reitere su bárbara costumbre de derruir constituciones, romper la convivencia y volver a empezar. Sísifo quizás fuera español. ~