El secuestro independentista del espacio público | Letras Libres
artículo no publicado

El secuestro independentista del espacio público

El independentismo acusa a sus adversarios de aquello mismo que realiza: apropiarse del espacio público y atacar la libertad de expresión.

El independentismo está siempre herido de muerte y, al mismo tiempo, listo y movilizado para el combate. Su relato combina el victimismo y el supremacismo. La respuesta policial en el referéndum del 1 de octubre, y los políticos huidos y encarcelados, dieron a los independentistas argumentos para el victimismo, pero en cierto modo también les confirmaron en su objetivo: el fracaso era una prueba más de que había que insistir en la construcción de la república. No solo no olvidaron el unilateralismo sino que colocaron a un racista en la presidencia de la Generalitat. En los tres meses que lleva Torra en el poder el discurso independentista no se ha moderado. La semana pasada, el president afirmó que “Vamos a atacar a este Estado español injusto”.

Torra ha mantenido el tono de victimismo matón del independentismo. En una tribuna en El Periódico avisaba de un rebrote de fascismo, representado en individuos que retiran lazos amarillos y demás simbología independentista a favor de los “presos políticos”. Como dice Daniel Gascón, “convierte en fascistas a todos los que se oponen a que el independentismo se apropie del espacio público: ese, parece, es el verdadero significado de la palabra fascista.” Piensa que acusando a otro de fascista uno ya se salva de serlo.

Torra pedía que los demócratas se pronunciaran ante estos actos totalitarios, pero también conminaba a la policía a que actuara: “La policía catalana ha de hacer su trabajo [...] su actuación ante estos brotes debe incluir medidas preventivas y de detección precoz y medidas activas cuando se produce una agresión. Se debe evitar absolutamente que estos individuos enmascarados, violentos e intolerantes puedan tener ninguna sensación de impunidad.

Y eso ha hecho la policía. Hace unos días, los Mossos identificaron a 14 individuos que quitaban lazos amarillos en la provincia de Tarragona. En un tuit, la consejería de interior de la Generalitat explicaba que eran “possibles autors de danys al domino públic”. Sus actos (retirar símbolos independentistas) podían, según el tuit, ser una “infracció greu de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana que sanciona aquestes accions amb multes de 601 a 30.000€”. La ley a la que se refiere es la llamada “ley mordaza”, que sanciona con especial dureza las protestas sociales y, según numerosos juristas vulnera derechos fundamentales. Es una ley que partidos independentistas han criticado con dureza para etiquetar a España de país autoritario.

Lo que antes era una prueba de que España es Turquía es hoy una excelente herramienta de control del espacio público. Como dice un editorial de El País, “Considerar ‘libertad de expresión’ la colocación de lazos amarillos, cruces y otra simbología independentista parece a priori bastante incompatible con calificar de ‘infracción’ la libre acción de quitarlos, pero eso es exactamente lo que ha hecho el Gobierno catalán.”

Lo que demuestra la aplicación arbitraria de la ley mordaza en este caso (hay quienes afirman que podría tratarse de prevaricación) es que la ley no es lo que molesta, sino quién la aplica. Es una postura común del independentismo, que si quiere un Estado propio no es para desprenderse de un supuesto autoritarismo español, sino para ejercer su propio autoritarismo sin cortapisas (la Llei de Transitorietat aprobada el 7 de septiembre de 2017, que hacía depender al poder judicial del poder ejecutivo, era una ley digna de los regímenes iliberales de Europa del Este). El independentismo no quiere la secesión solo por motivos de insolidaridad, sino también para poder ejercer represión con mayor facilidad.

Parece un plan meditado: Torra avisa de un rebrote de fascismo y pide a la sociedad civil que no se quede callada y permita que “se incube el huevo de la serpiente”. El independentismo, entonces, construye el relato de una situación de alarma en la que grupos encapuchados y “uniformados” (había un Guardia Civil en el grupo de identificados en Tarragona) hacen redadas nocturnas persiguiendo símbolos independentistas. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (cuya llegada al gobierno fue celebrada por el catalanismo porque es un “tecnócrata” moderado que busca la negociación), dijo: “Pedimos al Gobierno que vigile a sus uniformados, que controle a su gente, a los que se dedican a perseguir la libertad de expresión”. Y después de la campaña, la acción policial: el uso de una ley de seguridad ciudadana cuya derogación era hasta hace poco condición indispensable para que el independentismo apoyara cualquier negociación con el “Estado español”.

El independentismo lleva años monopolizando el espacio público en Cataluña, hasta tal punto que se ha creído la ilusión de unanimidad del eslogan un sol poble. Si en dictaduras lo personal es siempre político, en Cataluña lo personal es siempre política independentista. No se salvan ni los actos contra el terrorismo.

En un acto en la cárcel de Lledoners (donde están Junqueras, Romeva, Sànchez y Cuixart) en homenaje a las víctimas del atentado de Las Ramblas de 2017, y a los mossos y bomberos que intervinieron, Torra habló bajo un cartel que decía “La vostra valentia, la seva vergonya”. Uno pensaría que, al ser un acto en homenaje a las víctimas de un atentado yihadista, la apelación a “su vergüenza” se referirá a los terroristas. Pero no es difícil adivinar que se refiere al Estado español. En el mismo acto, la presidenta de la ANC (Assemblea Nacional Catalana), la gran organización de movilización independentista, fomentó la teoría de la conspiración que ya estaba presente en algunas pancartas en la manifestación de homenaje a las víctimas en Barcelona. Dijo que “tenemos aún muchas oscuridades por resolver” y habló de “los vínculos del CNI y los autores de los atentados”. En otro acto en Alcanar, donde se produjo otra explosión en una vivienda de los terroristas, miembros del Govern homenajearon a las fuerzas de seguridad durante el atentado. Delante de ellos, había un enorme lazo amarillo, presidiendo el acto.

El independentismo suele justificar sus acciones alegando que son siempre respuestas a agresiones del otro bando. Y es precisamente lo contrario. Los individuos que retiran cruces y lazos amarillos responden a una política independentista que ha secuestrado el espacio público. La culpa de la polarización la tienen quienes poseen el verdadero poder de polarizar: desde el Govern, desde la policía, desde los medios públicos, donde el relato oficial es que un buen catalán (es decir, un independentista) es siempre víctima, nunca verdugo.