El ministro y el cantante de ópera | Letras Libres
artículo no publicado

El ministro y el cantante de ópera

José Manuel Rodríguez Uribes ha informado de que Plácido Domingo no actuará en ningún teatro público.

El ministro de cultura ha dicho que los teatros públicos españoles no van a programar obras donde intervenga Plácido Domingo. El ministro ha explicado que “cuando se cometen actos graves y se asumen, esto tiene consecuencias en la vida pública y en la vida social”.

El ministro tiene esas cosas. En un momento de gran incertidumbre para el sector que supuestamente gestiona, salió para declarar que la vida es más importante que el cine. La frase, una cita de Welles un tanto wikipédica, señalaba algo que quizá supieran hasta los cineastas. Los tachaba implícitamente de egoístas por pensar en sus problemas económicos (y a los trabajadores de la cultura en general), algo que difícilmente haría el responsable de otro sector, y de paso negaba el trabajo que sí habían hecho sus subordinados.

Ahora ha dicho que a Domingo se le habría mantenido a pesar de las acusaciones de decenas de mujeres. Pero, como el cantante emitió un comunicado donde asumía “total responsabilidad”, es, para el ministro, “un deber” cancelarlo. La presunción de inocencia, dice, se suspende. El ministro es profesor de filosofía del derecho y contra Domingo no hay un caso judicial. Resulta un poco nebuloso. El comunicado del cantante es vago, no exactamente una admisión de culpa.

Aun así, es el reconocimiento del daño causado lo que lo condena a ojos del ministro. El modelo, al parecer, es cometer actos graves y no asumirlos. Una lección podría ser que no hay que admitir responsabilidad ante una acusación: aunque reconozcas algo leve, se entenderá que lo haces por todo. Se emite un comunicado para salvar la reputación y se interpreta como una confesión criminal.

El argumento más frecuente de los partidarios de la nueva censura es que la cultura de la cancelación no existe y además sus víctimas se lo merecen. Es curioso ver que en España no necesitamos siempre a la turba tuitera: en algunos casos se encarga el gobierno. La sociedad civil no funciona ni para linchar, todo lo colonizan los partidos.

Así, un ministro decide vetar a un artista por comportamientos privados reprobables. Es un camino, y quizá habría que seguir un poco más. Hay muchos autores malvados y criminales en las bibliotecas públicas: algunos han escrito libros para presumir de sus malas costumbres. A veces están muertos, pero todavía generan derechos de autor para los descendientes. Hay cineastas que han tenido conductas reprochables o directamente delictivas. Se podría vetar a directores y actores en las televisiones públicas y, como el espectro es público, en las privadas. Obviamente también en las ayudas. Buscar cancelables, en los proyectos y en los fondos disponibles, generaría puestos de trabajo: las carreras de humanidades tendrían salida. Cuando el gobierno cambie de signo, se podría vetar a otros, siguiendo un criterio distinto.

Finalmente, es llamativa esta ostentación de rectitud moral en un gobierno donde un vicepresidente ha admitido -en un caso judicial- que se quedó durante meses con una tarjeta con imágenes íntimas de una subordinada “para protegerla”. Pero, como decía una viñeta del New Yorker sobre Trump, no podemos exigir a quien dirige la política de un país la misma calidad moral que a quienes se encargan de entretenernos. Ni nosotros ni sus compañeros de gobierno.