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artículo no publicado

Algunas claves sobre la investidura de la discordia

Pedro Sánchez es investido presidente con apoyos heterogéneos, otorgando privilegios a las “nacionalidades históricas” y en mitad de un clima penoso de polarización.

Argumentos débiles: El pacto con ERC, clave para que Sánchez llegue al gobierno, es ambiguo y repleto de eufemismos. Pedro Sánchez prometió durante la campaña electoral dureza con los independentistas. Su cambio radical de rumbo (con la creación de una mesa de negociación bilateral Estado-Generalitat y la celebración de un referéndum sobre lo que decida esa mesa) no ha ido acompañado de una mínima explicación. Sánchez exige a su votante una fe ciega y señala que la alternativa siempre será peor.

El PSOE tampoco sabe explicar por qué ha buscado el apoyo de partidos como Bildu. El argumento más fuerte de quienes lo defienden es muy débil: es un partido legal. Cualquier profundización en sus ideas, su pasado reciente o sus declaraciones es una defensa implícita de su ilegalización o algo incluso peor: el deseo de que vuelvan a las armas. Es un argumento pueril que recuerda al individuo que grita que coartan su libertad de expresión cuando critican lo que dice.

No hay otra opción de gobierno: Pero cada partido discrepa sobre por qué esto es cierto. Aunque matemáticamente es posible, políticamente no es posible un gobierno alternativo. El bloque que vota contra la investidura es incoherente y heterogéneo, a pesar de que el voto a favor del gobierno lo es también.

Juego de legitimidades: En 2016, tras la investidura de Rajoy, salieron miles de personas a la calle bajo el lema “Rodea el Congreso: ante el golpe de la mafia, democracia. No a la investidura ilegítima”. Varios diputados de Podemos acudieron, entre ellos el próximo ministro de consumo, Alberto Garzón. Hoy quien critica la legitimidad del gobierno es el PP y Vox, que incluso amenazan con los tribunales. El gobierno le responde que la derecha no acepta las urnas ni la democracia.

Va a ser una legislatura polarizada y llena de desplantes. El gobierno usará los desplantes y exabruptos de la oposición como único criterio para defender sus políticas. Como ha dicho Íñigo Errejón, “A este gobierno lo definen sus adversarios”. Es el mantra “cuñado” del “Ladran, luego cabalgamos”. La oposición acusa al gobierno de ilegítimo y el gobierno usa esas acusaciones para defender su legitimidad.

Algo parecido ocurre con el programa de gobierno pactado entre PSOE y Podemos (habrá cinco ministros morados: Alberto Garzón en Consumo, Manuel Castells en Universidades, Pablo Iglesias en Vicepresidencia de asuntos sociales, Irene Montero en Igualdad y Yolanda Díaz en Trabajo). La defensa más común del programa se basa exclusivamente en la reacción airada de sus contrarios: uy, que vienen los comunistas. ¿No puede el futuro gobierno explicar por qué son necesarias algunas de las reformas que propone?

El procés no ocurrió: Las negociaciones con ERC asumen que estamos de nuevo en 2006 o 2012. ERC es la nueva CiU, que intenta negociar con el Estado cesiones y privilegios ya que la hipótesis de la secesión queda descartada. ERC se mueve entre el decisionismo populista y autoritario y el pragmatismo pujolista del peix al cove, un poco la estrategia que sigue hoy el PNV: a río revuelto, ganancia de pescadores. Según lo que pueda obtener en Madrid se moverá hacia un lado u otro en Barcelona. En principio, sus intereses parecen transparentes hoy: promover un nuevo tripartito de izquierdas en Cataluña para desplazar a JxCAT y a Quim Torra y convertirse en el partido hegemónico nacionalista. La diputada de Esquerra Montse Bassa ha explicado con claridad en el Congreso que le "importa un comino la gobernabilidad de España". Lo que importa es la posibilidad de rescatar el procés con ellos al mando. 

La identidad territorial es un privilegio fiscal: El PSOE ha firmado acuerdos con PNV y BNG que reivindiquen las nacionalidades históricas. Con los nacionalistas vascos se compromete a “impulsar [...] las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia.” El acuerdo con el BNG incluye la misma formulación (calcada pero cambiada de orden), pero los nacionalistas gallegos añaden una cláusula que se puede traducir como “si le dais algo a Cataluña y País Vasco, nosotros también queremos”: “Teniendo en cuenta el actual estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña como nacionalidades históricas, comprometerse a que cualquier modificación de la estructura del Estado, asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos.” Es una manera de hacer política basada, como ha escrito Ignacio Varela, “en la subsidiariedad del Estado frente a los poderes territoriales y en la bilateralidad selectiva: relaciones bilaterales de poder para algunos, amontonamiento multilateral para los demás.”