Cataluña tras la sentencia del Estatuto

La aventura del nuevo Estatuto catalán debería haber terminado con la sentencia del Tribunal Constitucional. En este ensayo, De Carreras explica en qué consistió ese proceso y qué consecuencias tendrá para la viciada inercia del nacionalismo catalán.

Septiembre 2010 | Tags:

 

Desde 1980 hasta hoy, la política catalana ha estado dominada por el nacionalismo. Treinta años de autonomía, treinta años dándole vueltas al mismo tema: Cataluña como nación. Esta ha sido la gran habilidad y el gran triunfo de Jordi Pujol, el máximo dirigente de CiU y el principal ideólogo del movimiento nacionalista. Mientras fue presidente de la Generalitat (1980-2003), una de sus principales preocupaciones fue delimitar el campo de juego en el que se debía desarrollar la política en Cataluña. Tras su retirada, con CiU en la oposición y un Gobierno tripartito de izquierdas (2003-2010), este campo de juego no ha cambiado y el objetivo de los gobiernos presididos por los socialistas Maragall y Montilla sigue siendo el mismo que fijó Pujol: ir creando, desde el poder, conciencia nacional con el fin de construir la nación catalana en un vago e indefinido horizonte de independencia.

Los últimos episodios de esta construcción nacional han sido la elaboración y aprobación del nuevo Estatuto de 2006, los intentos de presionar al Tribunal Constitucional para que certificara su constitucionalidad y la reacción a una sentencia que ha declarado inválidos aspectos sustantivos del texto. De este proceso va a tratar este artículo.

 

La siembra nacionalista (1980-2000)

El Estatuto de 1979, vigente un año después de aprobada la Constitución, hacía posible tres aspiraciones básicas, tres rasgos diferenciales si se quiere, que contaban con un apoyo muy mayoritario de los ciudadanos catalanes.

En primer lugar, la autonomía política, es decir, un poder propio con amplias competencias en el seno de un Estado políticamente descentralizado que, con el tiempo, podía llegar a convertirse, ya que así lo permitía la Constitución, en un Estado federal –una forma de organización territorial común a otros países de nuestro entorno cultural. La Generalitat, ese poder político catalán, fue asumiendo las competencias que permitía tal Estatuto hasta lograr convertirse, en pocos años, en una institución de gran envergadura, con más poder político que otros entes del mismo nivel territorial en muchos Estados federales.

En segundo lugar, la declaración del catalán como lengua oficial, una aspiración casi unánime dentro de la sociedad catalana. Si hay algún hecho diferencial indiscutible que distingue a Cataluña del resto de España es el uso habitual del catalán, lengua materna de cerca de la mitad de su población actual, a pesar del cambio demográfico experimentado en los últimos cien años, especialmente por la fuerte emigración hacia Cataluña durante las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado, desde otras zonas de España. La Constitución declara en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial en todo el Estado y que los estatutos pueden declarar también oficiales en sus territorios las demás lenguas españolas. Así pues, la oficialidad del catalán, es decir, que los poderes públicos en Cataluña tuvieran la obligación de utilizarlo, se hizo compatible con la oficialidad del castellano. La cooficialidad era la expresión política del bilingüismo: ambas lenguas se situaban jurídicamente al mismo nivel como muestra de respeto hacia todos los ciudadanos de Cataluña.

En tercer lugar, debían protegerse de manera especial los hechos culturales expresados en catalán dada la precaria existencia de esta lengua, sobre todo si la comparamos con el castellano o español, no solo hablado en España sino también en América. El desarrollo de una lengua está muy condicionado por el nivel de exigencia cultural en el que se expresa. Por tanto, la protección del catalán como idioma conlleva de forma implícita la legitimidad de determinadas “acciones positivas” (affirmative action) siempre que estas no lleguen a establecer una desigualdad discriminatoria para aquellos ciudadanos cuya expresión cultural sea en lengua castellana. En todo caso, parecía claro que en Cataluña la cultura se podía expresar tanto en catalán como en castellano y, por tanto, la cultura catalana era toda aquella que se producía en el ámbito de Cataluña.

Autonomía política, cooficialidad del catalán y protección de la cultura: estos eran los elementos básicos que introducía el Estatuto de 1979, producto de un amplio acuerdo en la sociedad catalana y española. Sin embargo, los 23 años de pujolismo supusieron una ruptura implícita y sigilosa de este acuerdo.

Primero, la Generalitat no quiso ser una comunidad autónoma más dentro del Estado de las autonomías sino, en lo posible, paso a paso, se fue configurando como un pequeño Estado, con los costes económicos que todo ello supone y las disfuncionalidades que ocasiona en el conjunto de comunidades del resto de España. Segundo, el catalán no debía ser una lengua equiparada al castellano sino, al contrario, debía ser la lengua preponderante en las instituciones políticas y administrativas, así como también en la sociedad. El camino que se iba trazando no era el del bilingüismo sino el del monolingüismo catalán. Tercero, respecto a la cultura, solo se tenía en cuenta la que se expresaba en catalán o, en los ámbitos culturales en los que la lengua no es un componente básico –pintura, escultura, música, etc.–, aquella que se sometía a las reglas no escritas impuestas por la construcción nacional que se estaba llevando a cabo. Con esta política tan estrecha y sectaria, el empobrecimiento cultural de Cataluña ha sido visible y muchos de sus principales protagonistas han tenido que marcharse para poder seguir su carrera artística o permanecen en un discreto exilio interior.

La obsesión durante los años del pujolismo fue ir diferenciando progresivamente Cataluña del resto de España, desconectar sentimentalmente a los catalanes del resto de los españoles. Esta obsesión ha seguido con los gobiernos tripartitos presididos por líderes socialistas que han aceptado pasivamente las reglas de la política nacionalista. En efecto, los nacionalistas solo pueden concebir naciones identitarias uniformes, no sociedades compuestas por individuos libres e iguales en derechos. Su objetivo de construcción nacional ha sido tratar de ir estableciendo una frontera inaprensible que fuera cavando un foso cada vez mayor entre dos entes para ellos antagónicos –la nación catalana y la nación española–, entendidos como ámbitos separados, concebidos como naciones culturales homogéneas para así hacer incompatible el formar parte de ambas a la vez.

Sin embargo, esta desconexión sentimental no se ha conseguido, como muestran tanto los sondeos de opinión como la experiencia de vivir en Cataluña. Lo que se ha conseguido, en cambio, es otro tipo de desconexión: la de una mayoría de catalanes con su clase política; el fenómeno que ha sido denominado “desafección a la política”, naturalmente a la política que se practica en Cataluña.

 

El fruto de la siembra: el tortuoso camino hacia un nuevo Estatuto

Así pues, al amparo del Estatuto de 1979, durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, se fueron propagando unas ideas y adoptando unas decisiones políticas reflejadas en normas jurídicas que claramente desbordaban el marco estatutario. En las manifestaciones unitarias de finales de los años setenta, uno de los lemas que coreaban los afiliados de CiU era el siguiente: “Avui paciència, demà independència” (“hoy paciencia, mañana independencia”). En definitiva, una forma de pensar coherente con las premisas nacionalistas: si somos una nación, queremos un Estado propio. Pues bien, veinte años después, la paciencia de los nacionalistas se había acabado. ¿Qué cabía hacer?

La ocasión para dar la apariencia de que se daba un paso más hacia la independencia procedió de donde menos se podía esperar: del psc, de los socialistas catalanes, máximos rivales políticos de CiU y desdeñados desde el nacionalismo catalán como españolistas. En efecto, a principios del año 2000, tras su enésima derrota en las elecciones autonómicas del año anterior, el psc decide aliarse con Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC) para proceder a una reforma del Estatuto de 1979. A los socialistas en realidad les importaba poco o nada el cambio de Estatuto; lo que les interesaba era atraerse a ERC e IC para, en su caso, poder formar con ellos una coalición que desbancara a CiU del gobierno de la Generalitat. Ello se consiguió en noviembre de 2003 con la elección de Pasqual Maragall como presidente de un gobierno tripartito de los socialistas con sus dos aliados. Con la posterior complicidad del PSOE de Zapatero –interesado, a su vez, en establecer un pacto estable con CiU en el Congreso– se llegó a aprobar en 2006 un nuevo Estatuto de Cataluña. Un Estatuto cuya aprobación fue debida a intereses meramente partidistas, no a las necesidades de reforma del sistema autonómico.

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