Rosalie Evans tenía muchas agallas y poca conciencia; el estricto sentido de justicia –que concebía desde su origen y formación anglosajona– sobre lo que por derecho le pertenecía, había nublado su juicio –México no era ni Estados Unidos ni Inglaterra–, y la muerte de su marido por causas naturales, el inglés Henry Evans, acabó con su sentido común.
La señora Evans regresó a México en 1918; buscaba con afán encontrarse con sus propios fantasmas: la memoria de su marido muerto apenas en noviembre de 1917 y el pasado idílico que habían construido juntos durante los últimos años del Porfiriato en su hacienda de San Pedro Coxtocan, cerca de San Martín Texmelucan, en Puebla.
En su calidad de ciudadana norteamericana y con los derechos que le otorgaba haber contraído nupcias con un súbdito de su majestad británica, exigió justicia en momentos en que continuaban imperando las armas; en momentos en que la vida cotidiana seguía regida por la voluntad de los caudillos a pesar de que, desde el 5 de febrero de 1917, había sido promulgada, con bombos y platillos, la nueva y flamante Constitución.
Cierto idealismo trágico asomaba en Rosalie Evans. Volvió a México sola, viuda y con pocos recursos –a diferencia de los que llegó a acumular antes de la Revolución y que le permitieron vivir, al lado de su esposo, con cierta holgura hasta 1917. Regresó para encontrar sus propiedades en el estado de Puebla invadidas por campesinos y agraristas que, con el apoyo de militares y políticos, se habían apoderado de los terrenos de las haciendas abandonadas.
A partir de 1918, la señora Evans se enfrentó con la gente del pueblo, con las autoridades locales, con los jefes militares, con los gobernadores de Puebla y hasta a con los presidentes de la República. Hizo de su caso particular un problema de carácter diplomático entre México, Estados Unidos y Gran Bretaña* que los distintos gobiernos revolucionarios tuvieron que sortear. Todos sus esfuerzos se encaminaron a recuperar San Pedro y salvaguardar la hacienda ante la posibilidad de la expropiación o la confiscación de acuerdo con lo dispuesto en el novedoso y controvertido –para los extranjeros– artículo 27 constitucional.
Cada enfrentamiento con la nueva clase política surgida de la Revolución, las movilizaciones agraristas y los intereses particulares de los militares la fueron cercando hasta conducirla a un desenlace trágico. En mayo de 1924, Cunard Cummins, el único representante del gobierno británico que permanecía en México –y que se había convertido en defensor de sus intereses frente al gobierno mexicano– le aconsejó:
Su situación me parece ser más insostenible y peligrosa cada día y escribo estas líneas personales con el fin de persuadirla para que reconsidere toda la situación y se dé cuenta de que el gobierno británico ha hecho todo lo posible en este momento para defenderla, y que de seguir resistiéndose contra el gobierno aquí, errónea de todas formas como puede ser su acción, con toda probabilidad le costará a usted la vida.
La señora Evans ignoró la recomendación y se empecinó en continuar su cruzada, plenamente justificada. Tras poco más de siete años de pelear en los tribunales, pedir audiencia con las autoridades y presentar amparos para hacer efectivo el legítimo derecho a sus propiedades, en los primeros días de agosto de 1924, Rosalie Evans fue asesinada en las cercanías de su hacienda en Puebla por un grupo de agraristas.
Una cruzada fallida
Rosalie Evans dejó por escrito sus experiencias en México a través de una intensa relación epistolar que sostuvo con su hermana Daisy Caden Pettus entre 1918 y 1924. Sin saberlo, su correspondencia se convertiría en un libro de denuncia que, bajo el título The Rosalie Evans letters from Mexico fue editado y publicado por su hermana en 1926, apenas dos años después de su asesinato.
Las cartas de la señora Evans narran la azarosa vida cotidiana en tiempos de la Revolución –no obstante que el periodo más violento, de 1913 a 1915, había quedado atrás–; sus reflexiones personales; los asuntos en su hacienda y sus esfuerzos titánicos por reactivar su economía; las amenazas que pesaban sobre su persona; los enfrentamientos armados que padeció; su percepción y decepción de la política mexicana y de los hombres del poder. Críticas abiertas, directas, francas. Llegó a describir al presidente Carranza como “el viejo hipócrita, [que] piensa en leyes para robar a la gente”; con Obregón no fue más indulgente, lo calificó de “tirano ignorante”, y los mexicanos sin más eran unos bárbaros.
Sin embargo, resulta más interesante la lectura de su correspondencia a contrasentido. Entre líneas se percibe que Rosalie Evans fue incapaz de comprender la transformación que sufrió el país con la Revolución; como fue incapaz de comprender que su bonanza económica bajo el gobierno de Díaz solo se explicaba por la estabilidad que propició su permanencia en el poder.
Su asunto particular, el derecho a reclamar sus propiedades, se perdió, como muchos otros casos, ante la prioridad de los distintos gobiernos por establecer las bases de la reconstrucción del Estado revolucionario que surgía bajo los nuevos paradigmas constitucionales, como el de la propiedad de la tierra.
En el pequeño universo que construyó alrededor de sí misma y de su hacienda poco importaban los vaivenes de la política nacional por los que sentía un profundo desprecio, con juicios un tanto reduccionistas. No pudo entender las implicaciones de que el zapatismo permaneciera en pie de guerra –muy mermado– cuando regresó a su hacienda, en plena zona zapatista. De pronto el famoso lema “la tierra es de quien la trabaja” tenía el mismo significado para la hacendada que para el campesino.
Ignoró el casi unánime levantamiento contra Carranza que culminó con su asesinato y trastocó la relación con los poderes locales; aprovechó la urgente necesidad del presidente Obregón de obtener el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos para llevar su cruzada a la prensa internacional; desestimó la rebelión delahuertista que terminó con la mayor purga de generales, algunos de los cuales, como Pablo González, la habían apoyado en sus demandas de justicia. Nunca pudo mirar su pequeño universo, ni explicar sus angustias y los obstáculos que enfrentó, a través de los acontecimientos que afectaban a todo el país. Su conclusión luego del arribo de los sonorenses al poder era simplista: “De la Huerta, Obregón y Calles se han declarado públicamente bolcheviques y se sienten suficientemente fuertes como para retar al mundo.”
Cuando los Evans adquirieron la hacienda de San Pedro en los primeros años del siglo XX, México vivía bajo la cómoda sombra de la pax porfiriana y Puebla bajo el dominio de Mucio P. Martínez, uno de los incondicionales de Díaz, quien ocupó la gubernatura del estado de 1893 a 1911. A su regreso a México en 1918, sin duda, la señora Evans añoró la estabilidad del antiguo régimen: entre 1918 y 1924, Puebla tuvo once gobernadores, ante los cuales tuvo que presentar, una y otra vez, las mismas reclamaciones.
La mayor parte de los extranjeros en México –empresarios, comerciantes, hacendados, petroleros, contratistas, dueños de la banca–, vivieron los últimos años del Porfiriato prácticamente en un régimen de excepción. La posibilidad de una confiscación o una expropiación sobre sus propiedades era inexistente.
El verdadero punto de conflicto con el que se encontró la señora Evans a su regreso a México –que resultó incomprensible no solo para ella, sino para todos los extranjeros con propiedades en México– fue la nueva Constitución, que contenía un artículo que revolucionó la relación entre la propiedad de la tierra y los nacionales de otros países.
A través del artículo 27, los constituyentes reivindicaron la propiedad originaria del Estado sobre el suelo y el subsuelo, con lo cual quedó abierta la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública, de la cancelación de concesiones petroleras otorgadas por el Porfiriato o incluso de la confiscación. La nueva legislación era nacionalista y si bien los extranjeros podían adquirir y tener propiedades en México, a partir de 1917 tuvieron que ajustarse a las leyes mexicanas para la solución de controversias, situación que no existía bajo el régimen de Porfirio Díaz.
El problema era mucho más complejo que una sola hacienda localizada en Puebla; la aplicación del artículo 27 constitucional se convertiría, durante los siguientes 21 años –hasta la expropiación petrolera–, en el problema fundamental de las relaciones entre México y países como Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos nacionales eran los mayores beneficiados con las concesiones otorgadas bajo la administración de Díaz.
La señora Evans esperó infructuosamente la llegada de “un gobierno serio”, sin poder percibir con claridad que se encontraba en el punto de origen: había transitado de la impunidad de los funcionarios porfiristas, que algunos estratos de la sociedad mexicana resintieron a través del despojo, a la nueva impunidad de los jefes revolucionarios convertidos en políticos que, ante la poco efectiva aplicación de las leyes, hicieron valer sus influencias para beneficiarse de las propiedades y hacer negocios al amparo del poder público.
La “audaz extranjera que blande su espada”, como se definió a sí misma la señora Evans, encabezó una cruzada personal, en la cual la razón y el derecho la asistían sin duda, pero que frente a las circunstancias del país no podía terminar de otro modo. Su lucha, recuperada con amorosa paciencia y dolor por su hermana a través de Cartas desde México, es testimonio invaluable de una época que fue retratada por su mirada extranjera tan ajena a la realidad nacional. ~
* Para conocer con detalle el conflicto diplomático suscitado por el caso de Rosalie Evans, véase el libro de Lorenzo Meyer, Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana, 1900-1950, México, El Colegio de México, 1991.
(ciudad de México, 1969) es historiador y escritor. Su libro más reciente es '365 días para conocer la Historia de México' (Planeta, 2011).
