Una respuesta entre las ramas

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La Ciudad de México es la urbe más contaminada de América del Norte. Basta una cifra para comunicar el riesgo que esto supone: cada año mueren 9,600 personas por respirar el aire tóxico de la megalópolis. Y a pesar de que tanto el actual gobierno capitalino como algunos de los candidatos a la jefatura gubernamental tienen propuestas para reducir la cantidad de emisiones atmosféricas, esto es insuficiente como meta. También se necesita la captura de los contaminantes del aire, que se siguen acumulando y no se están yendo a ninguna parte más que a los pulmones de los citadinos. Considerando esto, el uso de infraestructura verde –es decir, de árboles urbanos– es una estrategia eficiente y económica para mejorar la calidad ambiental de las ciudades.

Como se sabe, el dióxido de carbono (CO2) es el principal contaminante del aire y uno de los causantes del aumento en la temperatura. Los árboles, durante el proceso de fotosíntesis, absorben CO2 atmosférico, lo transforman en nutrientes que usan para crecer y, como resultado final, liberan oxígeno. Otros contaminantes del aire, como óxidos de azufre y de nitrógeno, aunque no son absorbidos, sí son retenidos en la superficie del tronco o en las ramas. Cada especie de árbol tiene diferentes capacidades de absorción y retención, dependiendo, entre otros aspectos, de las características morfológicas de la hoja y la rugosidad de la corteza. De cualquier modo, es evidente que un árbol más grande es capaz de procesar una mayor cantidad de partículas y que un bosque extenso es capaz de proveer más y mejores servicios ambientales. Algo que merece ser tomado en cuenta ante las 4.5 millones de toneladas anuales de CO2 que emite la Ciudad de México.

El efecto favorable en la calidad del aire es uno de los beneficios más estudiados del bosque urbano, pero no es el único. Los árboles purifican el agua, reducen la erosión del suelo, regulan la temperatura local y regional, aminoran la contaminación auditiva y el consumo de energía, incrementan el valor de los inmuebles, mejoran la estética del vecindario y del paisaje, tienen efectos positivos en el bienestar psicológico de los citadinos y sirven de hábitat para plantas y animales.

Los muros verdes son otro tipo de infraestructura verde, pero los beneficios que ofrecen son principalmente estéticos –sí, son bonitos–. Sin embargo, en cuanto a la reducción de temperatura, la mejoría en la calidad del aire y la regulación hidrológica aportan beneficios limitados. Además, los muros verdes no hacen sombra y solo pueden disminuir la temperatura en interiores –siempre y cuando estén colocados en las paredes–. Peor aún, las plantas ornamentales crecen poco. A ello se debe que su absorción de CO2 sea limitada y que no aumente de manera significativa con el tiempo (en contraste con la de los árboles). En otras palabras, esperar que los muros verdes mejoren el ambiente en una ciudad como la nuestra es pedirle peras al olmo.

Por si fuera poco, los muros verdes son costosos. Su instalación va desde los novecientos hasta los treinta mil pesos por metro cuadrado. Sirva como ejemplo el proyecto Vía Verde que, promovido por la sociedad civil e impulsado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, tuvo un costo total de trescientos millones de pesos. Al menos ese gasto no salió de nuestros impuestos, sino de la inversión privada.

Más allá de la contradicción que implica la participación de la empresa Coca-Cola en iniciativas ambientales, el gasto de agua también merece discutirse, en especial, porque la ciudad está al borde de una crisis hídrica y hoy mismo un millón de personas carecen de suministro. Al respecto, las plantas que se usan para los muros verdes tienen una alta demanda de riego y pierden más agua de la que son capaces de almacenar, mientras que los árboles proveen servicios hidrológicos importantes para las ciudades –regulan tanto la calidad y la cantidad de agua como su ciclo, lo que tiene efectos en el clima local y el regional, y además minimizan las inundaciones y sequías–. En suma, los bosques urbanos, lejos de representar un gasto excesivo de agua, pueden ser parte de la solución de abastecimiento hídrico para la capital mexicana.

Por ello, en el 2015, inicié el proyecto Conservación y expansión del bosque urbano de la Ciudad de México como estrategia ante el cambio climático (que ha recibido el apoyo y reconocimiento de instituciones internacionales como la Universidad de Toronto, el International Development Research Center y el grupo c40 Cities, una red de ciudades comprometida con la solución del cambio climático). El objetivo del proyecto es elaborar un plan para aumentar la cobertura del bosque urbano en la superficie de la ciudad del 9% actual al 23%. De lograrlo, se alcanzaría el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud –doce metros cuadrados por habitante–. Vale la pena detenerse en una comparación: mientras que en la delegación Miguel Hidalgo hay 35 metros cuadrados de arbolado por persona, Iztapalapa e Iztacalco apenas cuentan con tres metros cuadrados por habitante. A saber, la inequidad social incide en el acceso a un ambiente sano.

A partir de un diagnóstico ecológico y espacial del bosque urbano y del análisis, también espacial, del paisaje –cuyos resultados serán publicados en los próximos meses–, se formulará un plan de expansión del bosque en la urbe. El trabajo, que ya está en marcha, permitirá responder preguntas cruciales: ¿cuánto espacio hay en la ciudad para plantar árboles?, ¿dónde están esos lugares?, ¿cuáles son las especies más adecuadas?, ¿cuál es el costo de hacerlo? Lo que no podrá responder es cuándo empezará México a apostar por los bosques urbanos. Es una pregunta pertinente para los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México: ¿van a tomarse en serio los planes de mejoramiento ambiental o nos seguirán dando atole con el dedo y plantitas simuladoras en vez de árboles? ~

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es maestra en ciencias biológicas por la unam y candidata a doctora por la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Toronto.


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