artículo no publicado

Los fiscales están solos

Al norte de México, en Sonora y Nuevo León, dos abogados con estilos muy distintos, y en medio de peculiares turbulencias políticas, dirigen dos instancias pioneras para castigar la corrupción con la ley. La historia del subprocurador neoleonés Ernesto Canales Santos muestra cómo combate la corrupción el primer gobierno estatal que no pertenece a ningún partido político.

Ernesto Canales Santos fue el quinto de ocho hijos que tuvo un próspero comerciante que vendía textiles al mayoreo de Monterrey a casi todo el norte de México. Canales se dio cuenta en su adolescencia de que el negocio de la familia estaba destinado a sus hermanos mayores, por lo que decidió irse por otro camino. Aunque le gustaban las matemáticas, la física y la química, prefería oír conversaciones de adultos, leer y ver películas. Por eso, porque le interesaban los problemas de los demás, eligió estudiar leyes.

Durante sus años de estudiante en la Escuela Libre de Derecho, en los sesenta, en la Ciudad de México, Canales descubrió que el derecho penal no era una opción viable debido al ambiente extremo de corrupción con el que se ejercía en el país. El deterioro era palpable hasta en los aspectos más triviales y lo podía entender cualquier joven pasante de abogado como él: los baños más sucios –literalmente– de todos los tribunales eran siempre los del ámbito penal. Su maestro de la materia, el jurista Raúl Cárdenas, les sentenció en la primera clase: “en México para ganar un juicio penal se necesitan dos cosas: primero tener la razón y segundo una bolsa de dinero de este tamaño [con las manos simulaba una del tamaño de un balón de futbol]. ¿Y si no tiene la razón?, entonces una bolsa de este tamaño [agrandaba al triple el tamaño de la bolsa imaginaria]”. Terminando la carrera, Canales se fue a estudiar la maestría a la Universidad de Columbia.

Al cabo de dos años, Canales estaba preparando la apertura de su propio despacho en Monterrey cuando fue invitado a trabajar en el despacho Santos Elizondo, uno de los más importantes del norte del país. Estuvo un tiempo pero luego fue contratado por el entonces Grupo Monterrey, ahora Grupo Alfa, para que se encargara del área jurídica. Permaneció en el consorcio dos décadas hasta que salió para poner finalmente, a los cincuenta años de edad, su propio despacho.

A la par de su despacho fundó Renace, organización que combate la corrupción en el sistema judicial. Durante su carrera, Canales había constatado que “las bolsas de dinero” eran una realidad cada vez más apabullante. Le resultaba vergonzoso decirles a sus clientes que para ganar los litigios debían pagar mordidas, pero tenía que hacerlo. A la par, uno de los primeros casos que atendió Renace fue el de un hombre sentenciado a siete años de cárcel por robar un kilo de barbacoa. Tras asumirlo y ventilarlo públicamente, la organización logró liberarlo.

Canales se fue involucrando así en la vida pública, sobre todo en Nuevo León, donde impulsó los primeros juicios orales del país, lo que le dio un halo ciudadano con cierta autoridad moral. Nunca militó en ningún partido político pero tenía algunos amigos que sí participaban, como Fernando Elizondo Barragán, quien en la contienda electoral del 2015 declinó su candidatura de Movimiento Ciudadano para apoyar al Bronco, en cuyo gobierno actualmente tiene el cargo de coordinador ejecutivo. Elizondo fue quien invitó a Canales a participar en la nueva administración independiente. Primero hablaron de la posibilidad de que fuera procurador de Justicia, pero Canales la descartó de inmediato. Luego se habló de crear un Consejo Ciudadano contra la Corrupción y finalmente se llegó a la decisión de crear la Subprocuraduría Anticorrupción a la que el gobernador lo invitó de manera formal en una reunión rápida que careció de protocolo alguno.

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El 15 de enero de 2016, justo el día en que Humberto Moreira, exgobernador del vecino estado de Coahuila, era detenido en España, Ernesto Canales Santos, subprocurador anticorrupción de Nuevo León, recorría con el semblante serio las solitarias oficinas de la nueva dependencia a su cargo. La sede está en un céntrico y viejo edificio de Monterrey, junto a una pequeña plaza que tiene tres estatuas de toreros regiomontanos y que ahora usan como centro de reunión familiares de personas desaparecidas. Aunque el espacio lo ocupaba antes la Secretaría de Finanzas, ahora lucía abandonado. El subprocurador que estudió y vivió en Manhattan entró a un espacio sin decoración alguna, encontró un sillón y una silla para que tuviéramos la primera de varias entrevistas a lo largo de un año. Aunque era viernes por la tarde, Canales seguía con el traje elegante acomodado a la perfección y su corbata de seda bien ajustada. A sus 75 años de edad, su pelo cano relucía como el de un joven quinceañero.

Tras mencionarle el abandono de las oficinas de la Subprocuraduría, pregunté si así estaba el resto del gobierno. “No. Hay mucho movimiento. Cuando vamos a las dependencias a ver casos de corrupción, todos nos sacan la lista y digo yo: al que hay que poner en la cárcel es al sistema, a ese hay que meterlo en la cárcel.”

–Pero a veces también, para no afrontar un problema objetivo y concreto, se le echa la culpa al sistema y listo, ¿no cree? ¿Qué es para un abogado como usted asumir este puesto de lucha contra la corrupción?– inicié la entrevista.

–Mira, yo veo esto como un paso, como una evolución, para mí personalmente es el tercer acto. Con mi asociación Renace logramos el cambio del sistema penal: ahí están los juicios orales. Y yo hubiera seguido trabajando en la implementación del sistema de juicios orales, pero mi tema es que lo penal es muy complejo como para dejarlo a funcionarios que ahorita están y mañana no.

–¿Cree que la sociedad de Nuevo León se involucró en el tema de la corrupción?

–Hubo una reacción muy agresiva de parte de la sociedad en cuanto al porcentaje de votación que le dio al gobierno independiente, que revelaba que ese discurso anticorrupción era algo que la sociedad apreciaba, y lo normal de radio pasillo de que todo mundo se queja de que la corrupción del gobierno pasado fue terrible: que el papá, que el hermano, que la esposa... A mí me animó una sociedad harta de esto, combinado con un proceso penal mucho más confiable y más apegado a un concepto de justicia que al que apura dinero.

–¿Usted confía en el nuevo sistema de justicia penal?

–Pues sí, ¿cómo vas a iniciar un proceso si no confías en cómo se va a llevar a cabo? Sí, me entusiasma mucho encabezar el primer esfuerzo nacional de combatir la corrupción desde la ley.

Para lograr su misión, Canales resalta las cosas que ve diferentes y positivas del nuevo sistema de justicia penal del país. La primera es que el Ministerio Público no tiene facultades superiores a las del acusado, de manera que ya no existe una ventaja del Ministerio Público; otra es que se contemplan diferentes tipos de juicios, ya que antes el robo de un celular y un homicidio tenían que pasar por los mismos procedimientos; una más es que en el nuevo sistema la investigación se vuelve un elemento importante del proceso y esta puede ser supervisada.

Canales hace mancuerna en la Subprocuraduría con Aldo Fasci, un abogado políticamente incorrecto que militó en el PRI y que en la contienda electoral de 2015 se sumó a la campaña del Bronco denunciando la corrupción del gobierno anterior. Fasci, quien tiene el cargo de asesor en la Subprocuraduría, también es hijo de un comerciante que murió cuando él tenía catorce años de edad. Poco tiempo después empezó a estudiar leyes y a trabajar en la sucursal de Monterrey del despacho de Ignacio Burgoa Orihuela, un prestigiado jurista conocido como “el rey del amparo”. En esa época, Fasci acompañó a Burgoa a presentar la histórica denuncia por corrupción en contra del entonces presidente José López Portillo. En algunas fotos del momento aparece de fondo cargando el maletín de Burgoa Orihuela.

Fasci ocupó su primer cargo como director de la Contraloría del gobierno estatal, donde duró poco tiempo, para luego poner un despacho propio, con el cual ayudó a que la Universidad Autónoma de Nuevo León regularizara la posesión de diversas propiedades. Durante el gobierno de Sócrates Rizzo volvió a la función pública para trabajar como secretario particular del mandatario estatal más cercano al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, cuando Salinas cayó en desgracia debido al enfrentamiento con su sucesor Ernesto Zedillo, Rizzo también perdió y además de quitarlo de la gubernatura fue acusado de corrupción. Su abogado en ese momento fue Fasci, quien logró evitar que pisara la cárcel. Tras el caso de Rizzo empezó a recibir peticiones de funcionarios públicos que pedían que los representara. En algún momento llegó a llevar 38 casos de manera simultánea en diferentes lugares del país. Su vida transcurriría entre su despacho y la academia hasta el 15 de octubre de 2003, cuando regresó a la función pública al ser nombrado subprocurador de Justicia. Ese mismo día, además, recibió la sentencia de divorcio de la madre de sus dos hijas y fue notificado de que padecía leucemia. Tras dos años de lidiar con la procuración de justicia y el cáncer fue nombrado secretario de Seguridad Pública en los años más duros de la violencia en Nuevo León. Finalmente, luego de ser colaborador del antiguo gobierno, en otro de sus abruptos giros de vida, renunció al PRI y terminó aliado en campaña con el Bronco.

Fasci me explicó que su papel de asesor estribaba principalmente en coordinar la Operación Tornado, el nombre que tomó la investigación del exgobernador y sus colaboradores más cercanos. Que si esta fracasaba era responsabilidad principalmente de él.

Cuando le pregunté al subprocurador Canales cómo era su relación con Fasci, este me respondió que muy buena, ya que tenía “notables cualidades y toda la confianza del gobernador”.

–Hay quienes dicen que usted es el técnico y Fasci el rudo de la Subprocuraduría...

–No, no. Él es muy técnico también, y yo puedo ser muy rudo también.

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Antes de ser subprocurador anticorrupción no era raro que Ernesto Canales Santos ocupara con su amplia sonrisa las portadas de las revistas de sociales de San Pedro Garza García, el municipio conurbado de Monterrey, considerado uno de los más ricos de América Latina. También aparecía de vez en cuando en el resto de los medios celebrando alguna acción de su fundación Renace. Sin embargo, tras asumir su primer cargo público, empezó a protagonizar otras secciones periodísticas. El 30 de marzo de 2016, Raymundo Riva Palacio publicó en El Financiero el artículo “El fiscal de manos sucias”, en el que acusaba a Canales de haber recibido seis millones de dólares por parte de Televisa, luego de haber llevado el caso de una millonaria demanda en contra de la televisora, por parte de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, quien lo había demandado por prevaricato. Durante una semana, el periodista continuó abordando el tema y dando a conocer información detallada del litigio, el cual fue creciendo mediáticamente hasta generar que el Congreso del estado citara al subprocurador para aclarar la situación.

El gobierno independiente de Nuevo León es el primero del país que no cuenta con ningún representante en el poder legislativo. PAN y PRI tienen la mayoría y hasta los legisladores independientes son contrarios al mandatario estatal. Por ello, el citatorio a Canales se convirtió en un evento oficial con mayor cobertura por parte de los medios de comunicación que la misma toma de protesta del gobernador independiente, quien en campaña arremetió contra Televisa, TV Azteca y Multimedios y prometió no pagar publicidad oficial a ninguna de ellas, lo cual ha cumplido hasta donde se sabe. De esta forma, el ambiente que había ese 4 de abril de 2016 en el Palacio Legislativo de Nuevo León era parecido al de una pelea estelar de box. Canales entró al salón especial donde ya lo esperaban sentados una veintena de diputados y su asesor Aldo Fasci, quien había llegado con antelación.

Después de una bienvenida oficial en la que se derramaron ríos de ficticia cordialidad, el subprocurador inició su intervención leyendo un documento en el que aclaraba que estaba ahí pese a no ser su obligación. Luego explicaba la existencia de una sentencia judicial que lo exoneraba de las acusaciones de su exclienta Paula Cusi, y que por ello no tenía ningún impedimento legal para asumir y seguir en el cargo de subprocurador, el cual incluso había sido avalado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR. Al final de su mensaje cuestionaba que detrás de las columnas de Riva Palacio estaban “las fuerzas que en este país tienen interés en mantener impunidad a favor de quienes trabajan en ambiente de corrupción”.

No hubo aplauso alguno cuando el subprocurador terminó de hablar. Un diputado del PRI tomó la palabra y tras una serie de preguntas y contrarréplicas llevó a Canales a reconocer que sí había recibido seis millones de dólares de Televisa, aunque reiteró que de manera lícita. El legislador priista celebró la aceptación como si fuera un gol en un partido de futbol.

El siguiente en arremeter contra el subprocurador fue el líder de los diputados del PAN, un joven abogado con el que Canales acumulaba un breve historial de rencillas previas.

–Comentaba usted que como subprocurador cumple con todos los requisitos legales para desempeñar sus funciones. Sin embargo, el asunto está sub iudice como usted lo acaba de señalar: ¿qué pasaría si ese asunto se resuelve mañana, pasado, dentro de dos meses, y usted resulta culpable?

–Su posición lleva al absurdo de que en el plan práctico nadie pudiera nunca tomar un cargo público porque una acusación del día anterior, por cualquier motivo, la resolución va estar pendiente, está sub iudice, dice usted. Es decir, no puede ser que por una situación que esté pendiente se llegue a una conclusión definitiva. Precisamente el principio de inocencia es ese, que mientras no haya culpabilidad no tiene consecuencias jurídicas para mi persona. La misma situación sería para usted.

En ese momento, el salón del Palacio Legislativo se volvió un hervidero de comentarios y gestos de exclamación. En las secciones de la prensa y la de los asesores legislativos había cuchicheos y una que otra sonrisa ante la virulencia del encuentro.

Luego entraron otros diputados a cuestionar la relación del subprocurador en su trayectoria como abogado de empresas offshore, con despojos de tierras en Jalisco y, en el caso más extremo, uno de los legisladores sacó la fotografía ampliada de una joven tetrapléjica que fue víctima de negligencia médica en un hospital privado de Monterrey. La acusación contra Canales estribaba en que su fundación Renace había pagado la fianza de liberación del neurólogo acusado por la familia de la chica. Ante este señalamiento y todos los demás, Canales respondió con calma y a detalle.

Otro de los diputados cuestionó el ofrecimiento de perdón lanzado por Canales a aquellos que contribuyeran en los juicios de corrupción.

–Yo no estoy de acuerdo –interpeló el diputado– que se esté ofreciendo un sistema de testigos protegidos. Eso en mi barrio le dicen pitarra. Uno de ellos queda impune, sin problema alguno de que se le vaya a perdonar. Yo no quiero un subprocurador que ofrezca eso. Si usted no puede, si no tiene cómo hacerle, renuncie. Pero no venga a ofrecer que uno va a salir libre porque en el cohecho son dos.

–Pues sí le vengo a decir y sí se lo digo porque es lo que se hace en todos los países. Es la manera de obtener información. Lo que usted está diciendo es que no quiere combatir la corrupción –respondió el subprocurador.

Durante las casi tres horas de comparecencia, transmitida en vivo por las televisoras locales, no pararon los cuestionamientos al subprocurador a través de preguntas retóricas por parte de los diputados.

Otra de las cosas que cuestionaron a Canales fue su falta de experiencia como abogado penalista.

–Finalmente, hay algo que es importante en esto, que me preocupa, dice que no tiene experiencia penal. ¿No nos deja desprotegidos a los ciudadanos?

–No, no dije que no tenía experiencia como penalista, dije que no he sido penalista. Mi profesión no la construí como penalista. Mi experiencia penal es tan amplia como que el sistema penal actual en México se debe a mis propuestas.

–Pero de manera teórica.

–Y de manera práctica a través de los problemas penales de mis clientes, los cuales he manejado con especialistas. Debido a mi larga carrera han sido muchos los casos en que directamente he estado involucrado. No llevándolos como penalista, pero sí llevando la experiencia. Eso me dio la base de que en México se necesitaba un nuevo sistema penal. Yo no quise ser penalista porque no me gusta el sistema penal. No quería la vida de un penalista porque se movían en un ambiente de corrupción. Por eso, desde fuera, pude cambiar el sistema penal.

Hubo también preguntas capciosas.

–Subprocurador, ¿usted ha sido corrupto o corruptor en los casos que ha visto?

–Así un “no” absoluto ningún mexicano lo podría dar. Sí he dado mordida en la aduana o a un agente de tránsito, me apena mucho que no haya tenido otra opción. De ahí mi interés en el tema. México tiene un nuevo sistema de justicia penal mucho más abierto y transparente. Espero que mi trabajo en la Fiscalía, que por razones obvias no va a ser muy largo, tenga ese mismo espíritu, que se sepa que sí se puede vivir sin corrupción. Hasta ahorita no es así.

Con el último diputado, el diálogo acabó así:

–¿Ha sido o no ha sido corrupto? Porque si ha aceptado que en alguna ocasión ha dado moches es corrupto. Eso es precisamente lo que se define como corrupción.

–Pero nunca han sido del erario, y esos son los que voy a perseguir pese a ustedes.

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Aunque durante su visita al Congreso los diputados lo acusaron de corrupto, le mostraron imágenes de personas enfermas y expedientes antiguos, además de pedirle una y otra vez que renunciara, Ernesto Canales consideró que en ese momento se legitimó en el cargo de subprocurador anticorrupción. En una reunión posterior con su equipo valoró que a la sociedad le había gustado que tuviera suficiente personalidad y autonomía para defenderse de los diputados. “Creo que muchos vieron ahí que yo estoy decidido a actuar en contra de quien sea necesario”, me explicó luego.

Además de los diputados, los medios de comunicación locales han mantenido una línea muy crítica en contra del gobierno estatal en general, y de la Subprocuraduría en particular. Sin embargo, esto es parte de una guerra que tiene ya tiempo. Semanas después de la comparecencia en el Congreso, comenzaron a circular en redes sociales contratos recibidos por las principales televisoras durante el gobierno anterior (en promedio mil millones de pesos al año), así como otros pagos que se les hacían desde el erario. Multimedios, a través de otra empresa, había recibido contratos del anterior gobierno para instalar un sistema de secado de lodos en la empresa de Agua y Drenaje de la ciudad, mientras que TV Azteca vendía miles de matrículas universitarias que el estado entregaba luego como becas. En el caso de Televisa, una carta anónima hecha llegar al Wall Street Journal, el 20 de abril de 2016, revivió una investigación estatal sobre el presunto pago de publicidad que hacía con efectivo la anterior administración neolonesa a la principal cadena televisiva del país.

Tras la divulgación de la misiva, que fue desacreditada por Televisa, el gobernador aseguró que investigarían la información, aunque dijo que él ya sabía desde antes que “ellos incrementaban el costo de una obra y de ahí sacan el dinero que le dan a las televisoras que también son corruptas”.

Sin embargo, el propio gobierno independiente ha sido exhibido por un caso de corrupción, luego de que el periódico El Norte demostrara que, en los primeros meses de la administración, la Secretaría de Finanzas adquirió al doble de precio doscientas mil cobijas que serían repartidas entre los habitantes más pobres. Tras defender de manera inicial al funcionario responsable –un activo colaborador de su campaña electoral–, el Bronco acabó pidiéndole la renuncia aunque las sanciones que hubo contra él fueron mínimas.

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“Todo esto me cuesta un huevo”, dice el subprocurador Ernesto Canales luego de enumerar una larga lista de dificultades sorteadas para llevar a cabo las investigaciones de corrupción. En octubre de 2016 ha pasado casi un año del inicio del nuevo gobierno independiente del Bronco y el estilo desenfadado de este para hablar parece haber permeado en algunos de sus colaboradores más refinados como el zar anticorrupción, quien cuando le pregunto sobre la forma en la que están integrando los expedientes me responde: “Con las uñas.”

Debido a la ordenanza interna con la que operan la gran mayoría de las dependencias gubernamentales, en las que las leyes y reglamentos administrativos sirven para encubrir la corrupción, para la Subprocuraduría ha sido muy complicado pasar del “Aquí robaron mucho”, con el que son recibidos en diversas instancias, a la documentación necesaria de las pruebas para sustentar los casos contra los exfuncionarios.

Otro inconveniente que ha padecido la Subprocuraduría es la escasa colaboración de la sociedad en la aportación de testimonios y evidencias. A falta de ello, han tenido que buscar a empresarios para pedirles que colaboren, pero muy pocos han aceptado hacerlo. Los burócratas de bajo nivel son los que más han ayudado a la dependencia con el fin de quitarse la responsabilidad que tuvieron en algunos casos. Varios de ellos irán a declarar en juicios contemplados para este 2017.

Mientras tanto, en el plano institucional persisten los intereses políticos: ninguno de los 42 diputados del Congreso del estado se ha acercado a dar información a la Subprocuraduría. “¿Tú crees –dice el subprocurador– que ninguno de ellos, que tienen en promedio veinte años en la política, ha conocido actos de corrupción?”

Hasta el momento, la Subprocuraduría ha empleado sobre todo los registros de la administración pública estatal para revisar licitaciones, precios, obras y sacar pruebas periciales de sobreprecios, así como identificar acciones –en modo, tiempo y lugar– y funcionarios –nombres y apellidos–, presuntos responsables, sin embargo, las investigaciones suelen empantanarse por la falta de acceso a las transacciones financieras que permitan demostrar que las empresas involucradas devolvieron el sobreprecio a un funcionario público.

Para conseguir esta información, la Subprocuraduría depende de instancias del gobierno federal, emanado del PRI, al igual que la mayoría de los exfuncionarios investigados. De tal manera que la instancia anticorrupción no ha podido acceder a la mayoría de las cuentas bancarias que requieren las indagatorias ni tampoco a las auditorías o declaraciones de impuestos de las empresas y personas señaladas, pese a hacer los trámites necesarios ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria.

Contrario a lo que pasa en las películas de Hollywood, los agentes investigadores de la Subprocuraduría no pueden sentarse delante de su computadora y tener acceso directo a las bases de datos del sistema financiero para seguir la pista de algún sospechoso. Otro elemento sorprendente es que en Nuevo León la Subprocuraduría no ha tenido acceso a las declaraciones patrimoniales que rindieron los exfuncionarios a la Contraloría estatal, bajo el argumento de que tienen el carácter de “confidenciales” e, incluso, ni los propios auditores de la Contraloría pueden consultarlas. Para tratar de resolver esto, algunos funcionarios ofrecieron a los agentes de la Subprocuraduría que las vieran “pero no de manera oficial”, lo cual fue rechazado por Canales porque “la Subprocuraduría no está para cometer ilegalidades, no es un buen negocio perseguir delitos cometiendo otros”. Para poder consultarlas y usarlas legalmente, la instancia está tramitando una autorización judicial especial.

Aunado a ello, en México resulta muy complicado poder ligar los contratos públicos de los diversos estados para encontrar patrones de conducta de ciertas empresas o bien acceder a la información de los registros públicos de la propiedad de otros estados del país.

Esto es distinto a lo que ocurre con las fiscalías de Estados Unidos y en especial las de Texas, donde la Subprocuraduría ha encontrado buena colaboración. En distintas ocasiones, las instancias estadounidenses han enviado reportes de movimientos de dinero que ellos consideran que podrían ser ilegales.

Para el subprocurador, la discusión pública de la lucha anticorrupción se ha centrado en tópicos genéricos y de principios, como darle autonomía constitucional a las procuradurías y la creación de comisiones y coordinaciones especiales, pero no se han legislado las herramientas efectivas para la obtención y análisis de la información que permita identificar y construir investigaciones que se sostengan en juicio público.

–El sentir generalizado del ciudadano de a pie –acepta Canales– se expresa así: “...si tan solo vieran dónde y cómo vivían antes y lo comparan con lo actual, tendrían claro que son ladrones”. Tienen razón, sin embargo, si no tenemos acceso a los registros de los movimientos de dineros resulta imposible acreditar ante un juez que el nuevo nivel de vida de estos funcionarios es desproporcionado y que muy posiblemente la evolución de su patrimonio sea consecuencia de participación directa en actos sucios.

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En el marco de la lucha anticorrupción a nivel nacional la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó crear una comisión especial de Gobiernos Abiertos, mejor conocida como Anticorrupción, en la que un grupo de mandatarios estatales analizarían acciones coordinadas en la materia. Tanto Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, como el Bronco se postularon para presidir la comisión, pero finalmente Pavlovich obtuvo la presidencia dejando la vicepresidencia al neoleonés. Así fue como el 12 de mayo Hermosillo se convirtió en la sede del primer encuentro, al cual acudió el Bronco. Antes del evento, el gobernador neoleonés fue a desayunar a los tacos El Chino y se hizo selfies con algunos comensales sonorenses. Durante la sesión de la Conago se mantuvo sonriente y relajado. Al cabo de tres horas se dirigió al aeropuerto para volar de regreso a Monterrey. Antes de subirse al avión lo entrevisté en una oficina privada. Cuando le dije que quería hablar del tema de la corrupción, me corrigió de inmediato con un lugar común: “La corrupción no es un tema: es un cáncer. Es una enfermedad que tiene solución si se ataca de raíz.”

–Usted convirtió esa enfermedad en su tema principal... ¿cómo decidió crear la Subprocuraduría Anticorrupción? –inicié la entrevista.

–Yo creé la Subprocuraduría Anticorrupción, pero no para salir en una nota periodística. Escogimos solo a los mejores abogados del estado. Yo no tenía ninguna relación de amistad con Ernesto Canales. Él escogió un equipo, donde está Aldo Fasci, y otro grupo de gente, que saben y le entienden al tema de procurar la justicia. El tema de la corrupción tiene que ser un tema de justicia, no de venganza política.

–Como persona, usted es muy populachero y Ernesto Canales es todo lo contrario. ¿Cómo ha sido su relación siendo tan distintos?

–A veces la forma de ser de alguien no quiere decir nada. No tiene que ser alguien que sea como yo. El equipo de gobierno es muy diferente a mí. El catcher es catcher y el catcher no puede ser pitcher. Este no es un tema de administración ni de experiencia. Yo aspiro que la corrupción de este país se quite. Y debo poner el ejemplo. Lo tengo que lograr. Es algo que me he propuesto. Ernesto Canales va a dar resultados, es su obligación. El resto del equipo también.

–En el 2000 había una expectativa en México de que la corrupción y el autoritarismo iban a acabar porque finalmente hubo un cambio de partido en la presidencia, pero quince años después la corrupción y el autoritarismo se dispersaron a todos los partidos políticos y parece que hoy estamos peor que antes. Gabriel Zaid dice que en México la corrupción no es parte del sistema sino que el sistema es la corrupción. ¿La corrupción no es un enemigo invencible?

–En nuestro caso, nosotros no somos partido político y eso es un cambiazo. No traes el peso de nadie atrás. Yo no tengo compromiso más que con los ciudadanos. Tengo la libertad de tomar decisiones como establece la ley de la administración pública estatal. Y la ley dice que hay que aplicar la ley. Nosotros en el momento de decidir esta fiscalía lo hicimos con toda la voluntad de que se acabe la corrupción y se termine al menos en el gobierno.

–Pero no todo depende de los órganos estatales. Hay también actores federales, un poder judicial...

–Mis facultades son llegar hasta presentar las denuncias. Depende del poder judicial, es otro poder. Pero si las denuncias están bien presentadas van a proceder. Por eso no queremos cometer errores.

–Usted ha declarado que con la lucha anticorrupción de Nuevo León va a temblar el país. ¿Está confiado en cumplir esa expectativa que está generando?

–No lo estoy haciendo para generar una expectativa nacional. Si Nuevo León lo hace y da resultado, quiero que sea un espejo en el que se verán los otros. Lo que estoy haciendo es porque el antiguo gobierno tomó decisiones que no debió de haber tomado. Nosotros presentaremos todos nuestros elementos y herramientas que hemos visto y hecho. Si el juez determina que hay delito serán sancionados.

–¿Qué opina de lo que han hecho en Sonora, donde ya hay exfuncionarios en la cárcel?

–La corrupción no se vence con los medios. Eso es carnita para los medios. No me quiero comparar, lo están haciendo y eso es bueno, pero tienen que ser más contundentes.

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Tornado, el nombre del caballo preferido del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, es como se llama la operación especial realizada por la Subprocuraduría Anticorrupción en contra del anterior gobierno estatal. Fue hasta el viernes 3 de junio cuando el subprocurador Ernesto Canales anunció la presentación de cargos por peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y coalición por 3 mil 600 millones de pesos en contra del exgobernador Rodrigo Medina, nueve exfuncionarios de primer nivel, cinco de segundo y tercer nivel, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones, diez empresarios de la rama de la industria y de la construcción y del sector inmobiliario, y dos funcionarios bancarios.

En las denuncias presentadas por la Subprocuraduría se acusa a los involucrados de adquirir inmuebles oficiales, realizar obras de beneficio privado y no público, pagar sobreprecios y volúmenes de obra no realizados, así como adjudicar obras sin licitación en favor de personas que mantienen vínculos entre sí y vínculos con servidores públicos y sus familiares, haciendo uso de información privilegiada. Uno de los principales señalamientos que enfrenta Medina es la entrega de incentivos especiales a kia Motors, una compañía automotriz coreana instalada durante su gestión, la cual, según la investigación de la Subprocuraduría, recibió beneficios irregulares.

Ese mismo día la Subprocuraduría consiguió también el aseguramiento de ranchos, casas y terrenos de siete exfuncionarios incluyendo algunos del exmandatario. La medida formaba parte de un plan para la recuperación económica por daño al erario, que contempló también los resultados preliminares de una auditoría de toda la obra pública contratada por la anterior administración estatal, en la cual el gobierno independiente encontró irregularidades financieras, como la falta de comprobantes de pago, facturación duplicada, facturas que no corresponden a las estimaciones, pagos adicionales sin soporte y pagos de anticipos de obras no realizadas.

Para contrarrestar la Operación Tornado, el exgobernador Medina contrató al despacho Aguilar Zinser, el cual consiguió diversos amparos en contra de los citatorios en los que le serían notificadas las imputaciones. Tras las negativas recurrentes que eran reseñadas como un triunfo del exmandatario, el asesor de la Subprocuraduría, Fasci, tuvo que salir a dar diversas declaraciones públicas: “El gobierno del estado no va a detenerse en las investigaciones ni en los procedimientos, nadie va a evadirse de la justicia ni con argucias ni con dinero. El mensaje es que vamos con todo: esto no para aquí, apenas empieza, esto apenas empieza y va a haber más cosas.”

Fue hasta el martes 9 de agosto cuando finalmente el exgobernador Medina acudió al juzgado, donde quedó vinculado solo a un proceso por ejercicio indebido de funciones, delito que alcanza hasta doce años de prisión. Sin embargo, logró burlar las acusaciones por los delitos de peculado y daño patrimonial. La audiencia duró trece horas y Medina fue acompañado por su abogado Alonso Aguilar Zinser.

Luego de que el juez decidiera vincular a Medina solo con uno de los tres delitos de los que lo acusaba la Subprocuraduría, la moral del equipo bajó, reconoció Canales después. “Tuvimos ese ramalazo que vamos a borrar. Lo tenemos que borrar.” El subprocurador me dijo que lo sucedido era normal: en el nuevo sistema de justicia penal los casos tienen sus subidas y bajadas. “Lo que sí es que está firme la convicción de perseguirlo. Cuando nos den palo ver qué plan b hay.” Algunos analistas políticos consideraban la posibilidad de que el gobierno independiente esté administrando las acusaciones para presentar las más fuertes en 2017 y dar así un marco especial a las nuevas aspiraciones electorales del Bronco, quien me dijo en entrevista que buscaría la candidatura presidencial solo si cumplía su promesa de castigar al exgobernador.

Canales descarta estas especulaciones de los cafés políticos y prefiere enfocar sus baterías en el poder judicial de Nuevo León. El subprocurador dice que ese fallo en contra ha sido el momento de mayor tensión que ha vivido en su corta carrera pública. “Ese fue más por molestia. ¿Por qué, carajos, la negación a presentar argumentos verbales? Me parecía tan burdo que me resistía a aceptarlo.” Para Canales, el arranque de la Operación Tornado no fue algo menor, ya que hay un amplio número de funcionarios a “los que hemos metido al tobogán de la justicia que terminará en la cárcel, si así lo determina el poder judicial”.

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A finales de 2016 esperaba a Ernesto Canales en las oficinas de la Subprocuraduría que ya no estaban vacías como un año atrás. Ahora había mobiliario y mucha gente moviéndose de un lado a otro. Puntual, el subprocurador llegó a la hora de la cita y se bajó de la Suburban blindada en la que lo trasladaban. Luego se adelantó a un par de escoltas y entró a la sede oficial saludando con cordialidad a los guardias. Aunque sonreía todo el tiempo, venía molesto luego de una reunión con un grupo de activistas ciudadanos, algunos de ellos los mismos con los que antes departía y que ahora lo cuestionaban como funcionario “por la falta de resultados”. Tarde o temprano todo poder tiene su eclipse y eso parecía estar sucediendo en general con el gobierno independiente de Nuevo León tras la fiebre con la que el Bronco había llegado a la gubernatura.

“A mí me gusta que cada quien asuma su responsabilidad. En la sociedad hay activistas sociales que señalan a los políticos, pero a ellos ¿quién los eligió?”, me dijo al inicio de nuestra entrevista.

–Me impresiona lo que dice porque usted viene también de esa sociedad civil. Parte de su carrera... –comenté.

–Sí, sí, pero ¿por qué están las leyes así? Porque la sociedad lo permitió. ¿Por qué hay esos obstáculos para el combate a la corrupción? Porque la sociedad lo permitió. Los construyeron los políticos porque son los que tienen el poder, pero si no hubieran tenido, digamos, un permiso... Por lo menos la sociedad tiene una pasividad culposa, o permisible...

–Pero ¿no es la misma sociedad la que genera un gobierno sin partidos por primera vez en Nuevo León?

–Sí, claro. No sé si estoy siendo claro. Ha habido un cambio en ese sentido. El cambio lo dieron los votantes al apoyar a un candidato cuyo tema era meter a la cárcel a los corruptos. Quizás eso es lo que tengo que aclarar. Es un trabajo en proceso.

–Sí, sí. Pero ¿podría explicarme un poco cuál es la sensación que usted tiene?

–La sociedad debe estar consciente de sus poderes. Así como permitió que se generara este ambiente de corrupción porque, como te digo, no había voces fuertes que se alzaran contra ella (estaba como tema en todos los discursos, pero no con ánimo de implementación. Los temas de seguridad, los matrimonios gays están mucho más...), la sociedad debe saber que sí tiene ese poder. Nuevo León es una muestra que al ejercitarlo, habiendo elegido a un candidato independiente, está cambiando la práctica jurídica de que ahora sí se combata la corrupción.

–¿Tiene la sensación de que en este año no ha habido el respaldo por parte de la sociedad?

–La sociedad podría hacer mucho más, porque la sociedad permitió esto. ¿Cuándo has visto una marcha contra la corrupción?

–Pero también es el tipo de democracia que existe en México: la gente vota y se olvida de todo hasta la siguiente elección.

–Pero la sociedad sí toma temas y este no lo ha tomado. Lo empieza a tomar apenas, aunque todavía no lo suficiente.

–Bueno, el tema de la corrupción es cada vez más reseñado en los medios de comunicación. Pareciera el tema más importante del futuro...

–Ha habido un avance, pero no ha sido suficientemente fuerte para quitar obstáculos. Y para que los políticos quiten esos obstáculos se necesita una presión de la sociedad.

...

A principios de 2017, la madrugada del 26 de enero, el juez de control, Miguel Eufracio Rodríguez, decidió que el exgobernador Rodrigo Medina fuera internado en el penal de Topo Chico durante treinta días mientras enfrentaba el proceso por peculado y daño patrimonial que le había abierto la Subprocuraduría Anticorrupción. Horas después, una imagen del exgobernador con su uniforme de preso se hizo viral y representó un triunfo para el gobierno independiente de Nuevo León. Un triunfo pírrico, debido a que el exmandatario solo estuvo diecinueve horas en prisión, tras obtener un amparo de la justicia federal que lo volvió a poner en libertad. Ni Canales ni Fasci celebraban cuando hablaron conmigo sobre lo sucedido. Sin embargo, consideraban que a lo largo de este año tendrían nuevas oportunidades de castigar la corrupción con la ley.

Por su parte, el Bronco presumía a algunos de sus cercanos que ya había cumplido su principal promesa de campaña: meter a la cárcel a su antecesor. Ahora estaba pensando en postularse a la presidencia de la república en 2018. ~


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