artículo no publicado

Presuntos delincuentes

En los últimos meses, más de tres mil estudiantes han sido detenidos en Venezuela. Su delito: salir a manifestarse. Incapaz de enfrentar con éxito la crisis económica y de inseguridad que vive el país, el gobierno de Maduro ha decidido en cambio criminalizar la protesta. ¿Qué se puede esperar de un sistema de justicia que se ha mostrado en todo momento al servicio del poder?

Sairam Rivas tiene veinte años y suele citar al Che Guevara. También al prócer cubano José Martí. Estudia cuarto año de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es alta y morena, de labios gruesos y espesa melena negra. Su espléndida figura sería perfecta para una estampa de la mujer nueva. Pero no de la llamada revolución bolivariana.

Es rebelde y contestataria. Miembro del movimiento Identidad Universitaria y de la juventud del partido izquierdista Bandera Roja, fundado en 1970. Milita en las filas del antipoder. Allí la encontraron el 8 de mayo pasado. Ese día, a las tres de la madrugada, despertó con un fusil en la cara. En cuestión de segundos estaba esposada.

Decenas de militares habían tomado la plaza donde acampaba junto a otros cincuenta jóvenes. Así, en medio de una operación tipo comando, madrugaron en total 243 muchachos que un mes antes se plantaron en tiendas de campaña en cuatro puntos de Caracas. Demandaban la liberación de sus compañeros detenidos en manifestaciones.

A decir verdad el gobierno del presidente Nicolás Maduro debe haberlos considerado sumamente peligrosos. Aun dormidos. Nada más en el desalojo de uno de los campamentos, cerca de la Plaza Altamira, participaron setecientos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (gnb) en la detención de ciento veintisiete jóvenes. En promedio, 5.5 agentes por joven.

Horas después eran fichados y pasaban a formar parte de la lista de la Fiscalía General, que en junio registraba un total de 3,306 detenidos –cuatrocientos de ellos adolescentes– durante las protestas que se prolongaron por más de tres meses. Todo un récord que dejó un abultado catálogo de denuncias de abusos y mantuvo en vela a las organizaciones de derechos humanos.

El exgeneral Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, dijo que la acampada había sido organizada por “el partido Voluntad Popular y otras organizaciones de jóvenes de extrema derecha”. También, que encontraron muchas evidencias –dinero, armas, drogas, bombas molotov, explosivos, pólvora– que solo el gobierno puede acreditar. En ese madrugonazo no hubo testigos no oficiales, tampoco prensa independiente.

Los jóvenes alegan que les “sembraron” pruebas en las tiendas de campaña. Pero no tienen manera de probarlo. Es la palabra del ministro, la de los funcionarios que ejecutaron la operación, contra la de ellos. Así de simple es la ecuación de la justicia revolucionaria. Sairam al menos puede probar que no es de extrema derecha pero de nada le sirve.

¿Qué puede esperar esta joven del sistema de justicia de un país donde los poderes públicos danzan en perfecta coreografía alrededor del palacio de gobierno? Basta saber que a una joven sordomuda, arrestada en los campamentos, le levantaron cargos por instigación a la desobediencia de las leyes.

“Uno, que conoce el monstruo judicial desde adentro, sabe que aquí lo legal o lo ilegal no importan; lo que importa es la voluntad política del gobierno. Si te quiere criminalizar lo hace, independientemente de que haya pruebas o no”, sostiene el abogado Gonzalo Himiob, uno de los directores del Foro Penal Venezolano (FPV), ONG que reúne a más de doscientos abogados.

Días antes, Rodríguez Torres acusó públicamente a Himiob de estar vinculado a “una conspiración permanente mediante guerra psicológica y golpe suave”, en un plan que el gobierno denomina “Fiesta mexicana”. Pero esa es otra historia.

De los 243 detenidos en los campamentos la mayoría obtuvo esa misma semana libertad cautelar con medidas de presentación periódica en los tribunales. Solo once no han vuelto a pisar la calle desde entonces. Entre ellos, Sairam Rivas. El estado de su cuenta de Twitter sigue siendo: “encarcelada”.

Los primeros días estuvo en la celda de un sótano del edificio de tribunales que olía a letrina. Allí recibió una solidaridad que no esperaba. “Lucha por tus sueños”, decía el papelito que le lanzó un guardia cuando nadie lo veía.

Es la Venezuela donde nada, aunque lo parezca, es uniforme, donde los estereotipos se pueden deshacer así, en un instante. Donde un agente te puede moler a golpes o descargarte su fusil a quemarropa, y otro te puede salvar: “corre, escóndete rápido”. O decirte, mientras espera que anochezca y llegue la hora de actuar, que desearía estar del lado de los estudiantes porque su sueldo no le alcanza “para un carajo”.

Enemigos internos

Seis meses después de que los estudiantes de la ciudad de San Cristóbal iniciaran las protestas tras un intento de violación dentro de la Universidad de Los Andes, el motivo inicial y perenne de su reclamo –más allá de sus otras demandas– sigue intacto: la inseguridad. Dentro y fuera de las universidades. Y la impunidad con la que se roba, se secuestra y se mata en el país más violento de Sudamérica.

Más allá de la inflación anualizada de 60.9% y una insólita escasez de alimentos, bienes y medicinas –amén de pésimos servicios públicos– la inseguridad sigue en el tope como el principal problema de Venezuela.

Valga un ejemplo reciente. Una mañana de julio, dos hombres fueron asesinados dentro del hospital de la Universidad Central de Venezuela. Uno de ellos estaba en plena intervención quirúrgica. El radio de acción de la delincuencia venezolana es, sin duda, ilimitado. Un fenómeno ante el que el gobierno ha demostrado su impotencia y el sistema judicial su absoluto fracaso.

Incapaz de satisfacer la demanda de seguridad, y guiado por la lógica del combate al enemigo interno, el presidente Nicolás Maduro respondió con un manotazo. Y una farsa de diálogo que no tardó en descoserse. El sucesor ha reprimido cinco veces más que Hugo Chávez, de acuerdo al informe “Venezuela 2014: protestas y derechos humanos”, de la ONG Provea. En vez de aliviar tensiones, sumó motivos para la protesta: la liberación de los estudiantes y el cese de la represión.

En ese reclamo, cayó Sairam. Ahora comparte con otras cinco manifestantes un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Mientras espera que un tribunal decida su suerte se refugia en una biblioteca portátil en la que hay títulos para varios meses más de encierro: El capital, de Carlos Marx; La ideología alemana, de Marx y Engels; una biografía del Che Guevara, otra de Tina Modotti y sus textos de clase.

Desde allí, asegura que nunca la atrajo Hugo Chávez y que no ha visto ninguna revolución. “Este no es un gobierno de izquierda, es un gobierno populista que ha usado la aspiración de cambio genuina del pueblo para mantenerse en el poder, engañándolo con un discurso socialista”, me escribe a través de un tercero porque tiene las visitas restringidas.

Al igual que ella, a mediados de año, otros ciento diez manifestantes esperaban juicio tras las rejas, según datos del Foro Penal. La Fiscalía registraba 148 (incluye también a funcionarios privados de libertad).

La cifra es pequeña en relación a los centenares de detenidos. Sin embargo, hay casi dos mil manifestantes con las alas cortadas. Sometidos a proceso judicial con medida cautelar de libertad y presentación periódica en los tribunales. Son libres a medias. Tienen encima una espada de Damocles. La edad promedio: veinticinco años.

“Si se revisan todos los delitos que imputó el Ministerio Público a quienes están privados de libertad y a quienes tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad, te encuentras con que son homicidios, lesiones personales, daños a la propiedad pública y privada, hurto, obstaculización de la vía pública; acciones que no tienen nada que ver con actividades políticas, esas son acciones de delitos comunes”, afirmó la fiscal Luisa Ortega a finales de junio.

Toda una sentencia: la protesta como crimen, los manifestantes como presuntos delincuentes.

La funcionaria ni siquiera mencionó las dos acusaciones más comunes, más imputadas a los detenidos: instigación a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes, o apología de hechos que la ley prevé como delito (art. 285 del Código Penal), y agavillamiento (asociación para delinquir, art. 286). Para Ortega, Sairam Rivas no existe.

“Probablemente hay casos en que uno que otro tiró una piedra de más o atacó con bombas molotov a funcionarios policiales. Eso ni aquí ni en ninguna parte del mundo se debe tolerar. Pero lo importante no es la verdad, lo importante es criminalizarte y convertir al proceso en sanción. Lanzarte una red encima. Inmovilizar”, sostiene Himiob.

Nuevas medidas estrechan aún más el margen para la disidencia venezolana y criminalizan la protesta. Un delirante decreto municipal que declara a media Caracas “zona libre de fascismo”. Allí están las sedes de los poderes públicos: ahora está prohibido manifestarse en esa jurisdicción. Y una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), que condicionó este derecho a la obtención de un permiso.

Además, Maduro creó dos nuevas figuras: los Comandos Populares Antigolpe –dirigidos por el capitán Diosdado Cabello, jefe del parlamento– para “contrarrestar el golpe fascista con el pueblo movilizado y organizado”; y las Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (begv), con superpoderes policiales.

¿Cómo gobernar con medio país en contra y sin carisma? ¿Cómo hacerlo en medio de aprietos económicos? El gobierno bicéfalo de Maduro y Cabello –a diestra y siniestra del caudillo Chávez en su última aparición pública– parece haber hallado la respuesta en el viejo camino de la doctrina de la Seguridad Nacional.

La balanza roja

Sairam Rivas enfrenta cargos por tres delitos: instigación pública, agavillamiento y uso de menores para delinquir.

“Mi privación de libertad tiene como base un informe del Sebin que me acusa de dirigir manifestaciones, de hacer ruedas de prensa, de marchar con los estudiantes, de ser militante de Bandera Roja. Todo eso es verdad. Pero está dentro del ejercicio de mis derechos políticos y civiles. Por lo que la decisión final es estrictamente política”, asegura.

Su abogado Alonso Medina Roa sostiene que el reporte del Sebin es el elemento más contundente presentado por la Fiscalía. No se especifica qué delito supuestamente instigó. Tampoco para qué habría utilizado a un menor. “La idea es abultar el expediente para aumentar la pena a seis o siete años y dejarla encarcelada. Si la pena es de cinco años o menor tendrían que dejarla en libertad con medida cautelar sustitutiva.”

En 2012 Sairam ganó la presidencia del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UCV, en la repetición de unas primeras elecciones saboteadas por grupos violentos que lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la universidad. Ella cree que su triunfo ha influido en la decisión del tribunal. Durante siete años la escuela había sido un bastión de los estudiantes progobierno.

Solo trescientos cuarenta jóvenes de 3,202 han salido de los tribunales con libertad plena y trescientos diecinueve sin presentación. Según el diario Últimas Noticias, entre los afortunados se encontraba un universitario de dieciocho años que también pudo haber tenido un futuro prometedor en la revolución bolivariana: hijo de un gobernador oficialista, exmilitar, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministro de Interior y Justicia.

Su foto, embutido entre dos guardias nacionales en el asiento de una motocicleta –en esa ultrajante manera de trasladar detenidos– voló en la red. Arrestado en lo que fue un intento de marcha hasta la Nunciatura Apostólica, fue liberado esa misma noche. Los cinco estudiantes detenidos junto a él no corrieron con la misma suerte.

Sairam cuenta los días en un calabozo sin ventanas, donde solo le permiten salir al patio a tomar sol dos veces por semana mientras otros con imputaciones más graves pueden estar viajando en este momento al lado de cualquiera en el metro. Por ejemplo, dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana acusados de homicidio calificado, uso indebido de sus armas y quebrantamiento de principios y pactos internacionales, a quienes el tribunal concedió libertad bajo régimen de presentación.

Ambos son investigados por la muerte de Geraldín Moreno. La estudiante de veintitrés años estaba al frente de su casa en Valencia cuando recibió una descarga de perdigones a quemarropa, que le vació un ojo y le destrozó media cabeza. La foto, disponible en la red, resulta imposible de mirar más de una fracción de segundo.

De hecho, hay que tener un estómago fuerte para revisar con detenimiento los informes de los tratos crueles e inhumanos –con fotos y exámenes médicos forenses incluidos– que han documentado las principales ONG de derechos humanos de Venezuela. Lo más suave es un joven con una canica incrustada en el párpado inferior.

La Fiscalía ha abierto 189 investigaciones por tratos crueles, torturas y homicidios contra funcionarios de seguridad. Al 11 de junio solo trece estaban privados de libertad; veintidós casos de trato cruel habían sido sobreseídos rápidamente y dos archivados.

Quedaban pendientes dos órdenes de captura. Una de ellas contra la maciza funcionaria de la Guardia del Pueblo que noqueó a la costurera de 35 años Marvinia Jiménez por negarse a entregar su teléfono. Una secuencia de fotos mostró el momento en que la agente la lanza al piso, se le sienta encima y le golpea la cabeza varias veces con su casco.

Marvinia fue acusada de embestir a su agresora, de instigación pública, resistencia a la autoridad, daño a la propiedad privada y obstaculización de la vía pública. Está en libertad cautelar.

Acciones terroristas

El Foro Penal ha recibido más de quinientas denuncias de tortura y tratos crueles, pero solo 157 víctimas se atrevieron a presentar la denuncia formal. La Fiscalía investiga dos casos de tortura y 185 por tratos crueles. Los más comunes: puñetazos, patadas y golpes con armas. Hubo víctimas con politraumatismos y, en dos casos, fractura de cráneo.

La lista incluye prácticas que conocíamos por libros de historia, una vieja telenovela sobre la última dictadura venezolana, derrocada en 1958, y referencias de la lucha antiguerrillera en los años sesenta. Descargas eléctricas, quemaduras con cigarrillos, asfixia, desprendimiento de cuero cabelludo, una violación a un estudiante; y algunas sutilezas como cortes de cabello, en un caso a un joven con síndrome de Asperger, que ya había sido golpeado.

Los maltratos psicológicos más reportados fueron la amenaza de violación, de desaparición y la pregunta: “¿Quién es tu presidente? Maduro. Repítelo: Maduro.”

Además, se registraron centenares de violaciones al debido proceso: detenciones arbitrarias, incomunicación, allanamientos sin orden judicial y el secuestro de un joven, en la calle, por parte de agentes de inteligencia sin uniforme que bajaron de un auto sin placas. El episodio fue grabado y difundido por internet.

“Las acciones terroristas ejecutadas por grupos de ultraderecha desde febrero han dejado un saldo de 43 muertos y 873 lesionados, en ataques que comenzaron por las acciones violentas contra la sede principal del Ministerio Público en Caracas.” Así reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) –y replicaron decenas de medios oficiales– el balance que dio la fiscal general durante una entrevista en junio.

De nuevo, las protestas como acciones terroristas. No se trata de un desliz de un redactor desbocado sino de un patrón. Es la neolengua del aparato de comunicación del gobierno. Una matriz reforzada por Maduro y compañía que repiten que la ultraderecha es culpable de todas las muertes y los padecimientos en Venezuela.

Entre las 43 personas asesinadas en nueve estados del país había 32 civiles y diez funcionarios. Más de una docena eran jóvenes manifestantes y seis murieron en accidentes ocasionados por las barricadas.

En junio, la Fiscalía había acusado a once presuntos responsables. Por lo menos 32 asesinos estaban libres. Militares, policías y grupos de civiles armados, que –según Provea– en ocasiones actuaron en conjunto con fuerzas de seguridad. También, otros que dispararon contra quienes intentaban retirar barricadas.

La historia oficial

Los dos primeras víctimas cayeron, casi simultáneamente, en el centro de Caracas el 12 de febrero cuando ya finalizaba la marcha estudiantil del Día de la Juventud. En los disturbios que siguieron al tiroteo fueron quemadas varias patrullas policiales y apedreada la sede de la Fiscalía General.

Ese mismo día, Maduro expulsó del país al canal colombiano de noticias NTN24, el único que cubría los sucesos en vivo. Era el inicio de una razzia contra la prensa, que incluiría el bloqueo momentáneo de Twitter, 78 agresiones físicas a periodistas, 68 amenazas, 45 casos de censura y advertencias a agencias de noticias.

“Todo aquel que tuviera cámaras, que pudiera demostrar el carácter represivo de la guardia (responsable del 80% de las agresiones), se convirtió en un objetivo”, señala Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público (ep).

El gobierno identificó enseguida a los culpables del “baño de sangre”: Leopoldo López, jefe del partido Voluntad Popular, y la diputada María Corina Machado, quienes promovían una agenda de protestas, llamada #LaSalida, y habían convocado a los jóvenes a unirse en la calle.

La misma noche se ordenó capturar a López por ocho delitos (después reducidos a cuatro), entre ellos homicidio y terrorismo. Y se decidió la suerte de Machado, quien luego sería despojada de su cargo en una destitución sumaria. Esa fue la historia oficial instantánea.

Quizá nunca habríamos sabido quiénes dispararon las primeras balas si no hubiera sido por una reconstrucción multimedia de la Unidad de Investigación del diario Últimas Noticias, de la Cadena Capriles, divulgada la semana siguiente.

El primero en morir fue un carpintero de veinticuatro años, tras recibir un balazo en la cabeza desde el lugar donde un grupo de ocho agentes policiales disparaba contra algunos jóvenes. El segundo, de cuarenta años, era coordinador del Secretariado Revolucionario, que agrupa a 92 colectivos oficialistas. Cayó en la misma cuadra de un tiro en la cara. Su presunto asesino: un compañero que luego fue su sucesor en el cargo.

Hoy no sería posible ver un reportaje tan esclarecedor en Últimas Noticias. La Unidad de Investigación también murió. Sus periodistas se negaron a ser censurados y renunciaron. Estaban siendo demasiado independientes para los nuevos y misteriosos dueños que compraron la Cadena Capriles al terminar 2013, en una estrategia de corte fujimorista: la adquisición de medios por parte de “capitales amigos del gobierno”.

La única televisora crítica, Globovisión, había cambiado de manos meses antes y sepultado su línea crítica. La compra más reciente es la del diario El Universal, en una transacción igual de nebulosa que la de la Cadena Capriles. Nadie sabe quiénes son los propietarios.

“La proporción de medios independientes o críticos es más o menos uno de cada cinco”, advierte Correa, quien agrega que los periódicos independientes se han encogido entre 30% y 50% por trabas en la compra de papel.

Pero censurar en el siglo XXI se ha vuelto más arduo. A medida que los espacios tradicionales de la prensa crítica se encogen, los de las redes se ensanchan.

Ahora cada ojo es una cámara. Centenares de testigos recabaron con sus teléfonos celulares pruebas de los atropellos de las fuerzas de seguridad y de la actuación de grupos parapoliciales. Rápidamente, todo lo que atestiguaron estaba en internet.

“Aquí hay un florecimiento del periodismo ciudadano. La gente ya no se informa por la televisión sino por Twitter y están surgiendo nuevos proyectos online. En esos días, se pusieron de moda los VPN (Virtual Private Network), que impiden que se detecte desde dónde te estás conectando”, asegura Marianela Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad (ipys).

Claro que siempre se puede bloquear un site. Pero no se puede comprar el ciberespacio, un océano donde miles de venezolanos compartieron evidencias y revivieron imágenes del pasado, un mundo virtual donde la prisionera “ultraderechista” Sairam Rivas evoca frases del Che: “Y, sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo.” ~