artículo no publicado

Oaxaca, el ocaso de un régimen

Con un saldo de veinte muertos, más de ciento cuarenta personas encarceladas, medio centenar de desparecidos y daños materiales evaluados en varios millones de pesos, el conflicto que ha vivido el estado de Oaxaca desde el 14 de junio pasado ha suscitado muchas interpretaciones. No son pocos, en la coyuntura de las elecciones federales del 2 de julio de 2006, los que han explicado la crisis oaxaqueña a su conveniencia. Como Chiapas en enero de 1994, cada uno de los actores políticos ha buscado sustentar sus posiciones tomando Oaxaca como prueba. Es difícil encontrar un análisis contextualizado, y sin carga ideológica, de los sucesos que han marcado la verde Antequera los últimos siete meses. Tratemos de desentrañar el “caso Oaxaca”, haciendo a un lado, por un instante al menos, las emociones políticas.

El origen del conflicto

Era ya una tradición que los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharan el 15 de mayo, día nacional del maestro, y plantearan a los gobiernos federal y estatal una serie de demandas sectoriales: aumento salarial, rezonificación (reevaluación del índice salarial en función del costo de vida, alineándolo sobre el de las demás entidades de la República) y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esta costumbre se inició hace poco menos de veinticinco años, en 1980, cuando la sección de Oaxaca entró en disidencia, enfrentándose por primera vez con el líder nacional del SNTE, Carlos JONGuitud Barrios y sus operadores estatales. En su lucha contra el “charrismo” y por la democratización interna del sindicato, los maestros oaxaqueños se adhirieron masivamente a la recién creada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Poco a poco, la marcha del 15 de mayo se fue acompañando de “plantones” en el centro histórico que duraban hasta que la SEP y el gobernador en turno cedían ante las principales demandas de los maestros. Eso ocurría generalmente a fines de junio, justo antes de la celebración de la Guelaguetza, los dos primeros lunes del mes de julio. Pero esta vez, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz decidió romper con la tradición, y mandó desalojar a los maestros el 14 de junio en la madrugada.

Varias interpretaciones se han ensayado, desde las más maquiavélicas (la voluntad de involucrar al PRD en un conflicto violento, obligar a Elba Esther Gordillo a enfrentarse con sus “bases”, etc.) hasta la más prosaica: la falta de pericia de Ulises Ruiz. Esta última interpretación sigue siendo la más convincente. Al asumir la gubernatura, en agosto de 2004, Ulises Ruiz tenía una sola encomienda: financiar la campaña de Roberto Madrazo para la Presidencia. El gobernador de Oaxaca había ocupado, sin brillo, los cargos de diputado local, federal y senador. Nuca se había destacado por su liderazgo, sino por una destreza excepcional en el arte de la alquimia electoral, la llamada “mapachería”. Fue el operador electoral de Roberto Madrazo en Tabasco, en 1994, y puso su know how al servicio del PRI en otros estados de la República. Pero un buen “mapache” no resulta necesariamente un hábil político. Desde sus primeros días de gobierno, Ulises Ruiz mostró su falta de experiencia y de tacto en el trato con las distintas fuerzas sociales y políticas de la entidad, incluyendo el sindicato magisterial, con sus setenta mil agremiados. De esta forma, el gobernador logró unificar en su contra a los más diversos actores, y hacer que una simple movilización sectorial se transformara en el conflicto político más grave que Oaxaca haya vivido en las tres últimas décadas. En efecto, después de la represión del 14 de junio, los maestros retomaron el control del centro de la ciudad, y junto con organizaciones civiles y políticas, constituyeron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el 17 de junio. Esa misma represión tuvo un efecto determinante en la elección federal del 2 de julio: no sólo el candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones en el estado, sino que la misma coalición opositora se llevó nueve de las once diputaciones de mayoría relativa.

De ahí en adelante, la APPO se fue conformando en un actor capaz de coordinar la toma de edificios gubernamentales, del canal estatal de televisión (canal 9), de varias radiodifusoras, y de instalar barricadas en el centro de la ciudad y sus principales avenidas, incluyendo el periférico, así como la carretera panamericana que conecta Oaxaca con la ciudad de México y el Istmo de Tehuantepec. La tensión aumentó gradualmente, con enfrentamientos puntuales en las noches en torno a las barricadas, entre los manifestantes y la guardia pretoriana formada por el gobernador –con policías vestidos de civil y sicarios. Los muertos se acumularon, noche tras noche, megamarcha tras megamarcha, entre agosto y finales de octubre.

A mediados de octubre, la Sección 22 del SNTE organizó una consulta entre sus afiliados para saber si debían o no regresar a clases. Una cómoda mayoría de los maestros oó por un regreso a clases gradual, a partir del lunes 30 de octubre. Mientras tanto, tras el asesinato de un reportero estadounidense de Indymedia, Brad Will, el 27 de octubre, el presidente Fox ordenó la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP). Lo que siguió hasta el primero de diciembre fue una serie de enfrentamientos violentos entre los integrantes de la APPO, posicionados en las barricadas, y la PFP, reforzada con militares disfrazados de policías. A partir de la entrada de la PFP en la ciudad, los manifestantes se atrincheraron en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y mantuvieron una barricada en el crucero del periférico que se encuentra cerca de la Universidad. El último enfrentamiento violento se dio el domingo 25 de noviembre, cuando la APPO decidió cercar la PFP en el centro de la ciudad. El resultado fue desastroso: varios edificios públicos fueron incendiados, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la sede del Poder Judicial del Estado, las oficinas de la Secretaría de Turismo, las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y las del Registro Público de la Propiedad. El enfrentamiento también dejó un saldo de tres muertos y un centenar de heridos. Los días siguientes se desató una verdadera cacería de brujas, en la que cayeron presos más de cien miembros de la APPO. La policía acabó de “pacificar” la ciudad el 29 de noviembre con el desmantelamiento de la última barricada. Los últimos “brigadistas” de la APPO decidieron entregar la radiodifusora de la Universidad y abandonar el campus.

Joanna Slazak
El último golpe se produjo el lunes 4 de diciembre, cuando fueron arrestados, en la ciudad de México, cuatro de los dirigentes de esa organización, incluyendo a Flavio Sosa, uno de sus representantes más mediáticos.

La APPO: un espacio político heterogéneo

¿Qué es la APPO? ¿Quiénes son sus miembros y dirigentes? La respuesta no es simple. La APPO no es una organización, a pesar de cierto formalismo en su estructura organizativa (el consejo estatal constituido el 13 de noviembre está compuesto por más de doscientas personas, nombradas según criterios territoriales –diez representantes por cada una de las siete regiones del interior del Estado, el doble para la región de los Valles Centrales; además de once representantes para las colonias de la conurbación de Oaxaca– y sectoriales –comerciantes, artesanos, abogados, organizaciones civiles, “ayuntamientos populares”, comunidades eclesiales de base, “barricadas”, transportistas, sindicatos, mujeres, jóvenes, indígenas, etc.). Se trata más bien de un espacio donde convergen de manera flexible una serie de organizaciones e individuos cuyo punto en común es la demanda de destitución de Ulises Ruiz Ortiz. Los llamados “dirigentes” no son tales, en la medida en que no tienen capacidad de decisión, más allá de su entorno inmediato (su propia organización o la barricada que coordinan); son “voceros” más que líderes, pueden hablar en nombren de las APPO ante los medios, por ejemplo, pero no deciden nada por sí mismos. Durante todo el conflicto, la APPO se ha materializado en asambleas multitudinarias, donde prevalecían los maestros, miembros de organizaciones sociales y de ONGs de derechos humanos. Cuando fue fundada, la APPO reunía un centenar de organizaciones. Al inicio acordaron una representación partidaria para cada organización, por lo que el SNTE resultó minoritario en la instancia de coordinación. A pesar de esta subrepresentación, son los maestros los que han controlado las decisiones tácticas, en particular en lo que toca a la organización de las marchas, las barricadas, la ocupación de edificios públicos y radiodifusoras, así como los enfrentamientos con la PFP. Y es una corriente minoritaria, pero muy radical, de la misma Sección 22, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), brazo magisterial del Frente Popular Revolucionario (FPR), la que ha tenido más peso en esas decisiones. Los “ultras” fueron los que se opusieron al regreso a clases, que había aprobado la mayoría de los maestros; son ellos mismos los que instigaron el ataque a la PFP, el 2 de noviembre, cuando ésta quiso levantar la barricada de Cinco Señores, en el cruce del periférico, a un paso de la Universidad; son ellos también, los que propusieron “cercar” a la PFP el domingo 25 de diciembre, lo que llevó al enfrentamiento más encarnizado, y a desmantelar la APPO. Mucho se ha escrito sobre vínculos con la guerrilla y, en particular, con la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), considerada como una de las ramificaciones del Ejército Popular Revolucionario (epr), y uno de los cinco grupos que se adjudicaron los bombazos del lunes 6 de noviembre de 2006 en la ciudad de México. Sin embargo nada se ha probado al respecto, y esas guerrillas parecen demasiado fantasmagóricas para poder infiltrarse en un movimiento como el de Oaxaca. Es mucho más plausible que hayan existido vínculos entre personas de una y otra formación (la UTE-FPR y el EPR o sus secuelas), pero nada orgánico, desde luego. Las denuncias sobre almacenamiento de armas de alto poder –“cuernos de chivo”– en algunas de las barricadas no han resultado ser más que un rumor infundado. Ello no quita que el FPR haya tenido un papel central en la estrategia violenta que llevó a la APPO al atolladero. Los miembros de esa organización se han distinguido por su dogmatismo y su radicalidad “vanguardista” –en el sentido más trasnochado de la palabra–; son ellos los que han rendido homenaje al “padrecito del pueblo” José Stalin, al plantar su retrato en medio del Zócalo oaxaqueño durante los seis meses de platón; ellos son, también, los que, en los foros de la APPO, han propuesto acabar con la democracia electoral –por “burguesa”– e instaurar la dictadura del proletariado... Qué contraste, desde luego, con las declaraciones y demás relatorías de foros organizadas por la APPO: salvo la manida letanía antineoliberal, el contenido de éstas es bastante moderado y refleja más bien cierta idealización del papel de la “sociedad civil organizada” ante el poder de un estado totalmente corruo. Pero he ahí el detalle: los que escriben son los representantes de las organizaciones civiles, mucho más plurales en sus posiciones políticas, y no los “operadores” de la UTE-FPR.

Aun así, es importante recalcar que el movimiento social que ha surgido en Oaxaca va mucho más allá de la APPO (como estructura organizativa) y sus “líderes” autoproclamados o designados como tales por los medios de comunicación y los gobiernos estatal y federal. Mucha gente, incluso sectores populares urbanos o de clase media baja, hasta entonces poco politizados, se movilizaron a medida que se iba recrudeciendo la violencia. Ése es precisamente el gran logro de Ulises Ruiz: haber unido en su contra organizaciones y personas de las más diversas procedencias. Algo impensable poco tiempo antes ocurrió: en las asambleas de la APPO se encontraron organizaciones cercanas a la “pastoral social” de la Iglesia Católica, organizaciones radicales de corte marxista-leninista, maestros estalinistas, amas de casa, universitarios, estudiantes sin experiencia política previa, vecinos de los “pueblos nuevos” conurbanos, líderes del movimiento indígena, simpatizantes de los partidos Convergencia, PRD, PT, etc. En fin, un abigarrado conjunto de sujetos que hasta ahora no se habían juntado ni para tomar un café.

Además, toda movilización de esa magnitud adquiere su propia dinámica, que escapa al control de los que la iniciaron. Muchos, incluyendo los maestros y trabajadores de la educación, vivieron una experiencia de acción política sin precedente que ha cambiado su manera de ver las cosas, rebasando la visión estrictamente sectorial y corporativista que tenían previamente. Ha surgido, pues, un movimiento que no se reduce a la suma de sus componentes individuales y colectivos, ni mucho menos a sus “figuras” más visibles. En un estado caracterizado por su conservadurismo y una “Pax priista” ejemplar desde el conflicto universitario de 1977 y la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino, el surgimiento de semejante movimiento, por muy desarticulado que haya sido, es ya un hecho excepcional cuyos efectos sociopolíticos seguramente se harán sentir por mucho tiempo.

Ulises Ruiz y el “nuevo federalismo” mexicano

La clave para entender el conflicto Oaxaqueño radica en Ulises Ruiz, las condiciones en que llegó a ser gobernador y las razones por las que se mantiene en su cargo.

Joanna Slazak
Es bien sabido que Ulises Ruiz no era el favorito de José Murat, su antecesor, sino que fue impuesto por Roberto Madrazo, entonces dirigente nacional del PRI. Sin embargo, velando por sus múltiples “negocios” en Oaxaca, José Murat logró imponerle a Ulises algunos de sus más cercanos colaboradores. Las cosas se complicaron cuando Ulises Ruiz, bajo las órdenes de Roberto Madrazo, decidió no cumplir los compromisos establecidos con su antecesor, y reemplazó uno por uno a los funcionarios “muratistas” por elementos de su propia camarilla. La furia de José Murat no se hizo esperar, y así como había lanzado el magisterio contra Diódoro Carrasco en el 2000, cuando éste era secretario de Gobernación, aprovechó el resentimiento de ciertos líderes sociales para “meterle ruido” a Ulises Ruiz. El “pacto de gobernabilidad” que había establecido José Murat con el SNTE y las demás organizaciones políticas del Estado (incluyendo el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –mult–, el Consejo Indígena Popular-Ricardo Flores Magón –CIPO-RFM–, las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca –OIDHO– o Nueva Izquierda de Oaxaca), al otorgarles generosos subsidios, se fue al traste. No es casualidad si varios líderes de estas organizaciones se encuentran al frente de la APPO desde junio de 2006. Ello no quiere decir que hayan sido simples títeres de José Murat, como algunos comentaristas lo han sugerido. La teoría del complot resulta atractiva, pero siempre reductora. Los líderes sociales y políticos que se han opuesto a Ulises Ruiz lo hacen por motivaciones propias, en las que pesa seguramente el trato que éste les ha propinado. Pero tampoco se pueden descartar alianzas coyunturales entre Murat y los líderes inconformes en contra de su enemigo común.

Más allá de los posicionamientos individuales y de los intereses particulares de unos y otros, el conflicto de Oaxaca evidencia un nuevo rasgo del sistema político mexicano posterior a la alternancia del 2000: el fortalecimiento de los poderes periféricos, y en particular el de los gobernadores. Al perder el PRI la Presidencia, los gobernadores de éste o de otros partidos han ido cobrando una autonomía sin precedente. Tal evolución se puede considerar favorablemente como el final del centralismo antidemocrático, en el que la “presidencia imperial” ponía y quitaba gobernadores a su antojo. El problema es que faltan los mecanismos legales para regular las nuevas relaciones entre le federación y los estados. En tal situación, la defensa de la soberanía del estado puede solapar las prácticas y los regímenes más autoritarios y corruos sin que haya medio de impugnación alguno. En el caso oaxaqueño, fue significativa la actitud tomada por los senadores, al declarar, en su dictamen del 19 de octubre de 2006, que ante todas las evidencias de ingobernabilidad en esa entidad, la desaparición de poderes... ¡no se justificaba! A pesar de las hipótesis formuladas entonces, de que Ulises Ruiz pediría licencia después del 1o de diciembre para evitar convocar a nuevas elecciones (habiéndose concluido dos años de su mandato) y se designaría un gobernador interino proveniente del mismo PRI, el gobernador oaxaqueño ha permanecido inamovible. La situación es similar a la del gobernador de Puebla, Mario Marín, que se ha mantenido en su cargo a pesar de las evidencias que lo vinculan con una red de pedofilia.

En Oaxaca, la suerte de Ulises Ruiz depende de la alianza que han establecido el PAN y el PRI. Ninguno de estos dos partidos quería arriesgarse a perder un estado a manos del PRD, tras la victoria estatal de este partido en la contienda del 2 de julio. Pero ésta no es la única razón por la cual Ulises Ruiz ha logrado permanecer en su cargo. El gobernador de Oaxaca tiene sus propios recursos legales, políticos y materiales para mantenerse en el poder a pesar de su impopularidad. Las normas para declarar la desaparición de poderes son ambiguas –sólo un acuerdo político en el Senado puede autorizar esta medida– y ningún otro mecanismo de revocación de mandato está previsto por las leyes mexicanas. Pero sobre todo, Ulises Ruiz tiene en sus manos un poder de un estado que ha sido considerablemente fortalecido por la descentralización, a partir de 1995. La transferencia de recursos en materia de educación y de desarrollo social (Ramo 33) hacia los estados le ha conferido un poder considerable a los gobernadores. Aun así, la mejor póliza de seguro de Ulises Ruiz es otra: la corrupción. Su contribución a la campaña de Roberto Madrazo ha sido evaluada en más de mil millones de pesos. Es de esperarse que el gobernador, tanto como el PRI en su conjunto, prefieran encubrir tamaña estafa al erario público. Además, es muy probable que el mandatario oaxaqueño tenga suficientes evidencias de los desmanes de sus antecesores, y en particular, de José Murat. Éste ha empleado toda su energía para impedir que la federación haga una auditoría del manejo de los recursos federales durante su sexenio. De pronto, a los rivales políticos les conviene cerrar filas para que no se hurgue demasiado en los expedientes contables del estado (o lo que queda de ellos tras el incendio, más que sospechoso, de las oficinas públicas correspondientes).

Oaxaca como advertencia

La crisis de Oaxaca no refleja la remanencia de enclaves premodernos en los márgenes empobrecidos de la República Mexicana. Ulises Ruiz y su manejo caciquil del poder no representan un simple atraso en la democratización del régimen político mexicano. Al contrario, el conflicto que sufre esa entidad, y en particular la ciudad capital, refleja una dinámica nueva, propia de un régimen federal cuyas reglas han sido rebasadas por la realidad política. Lejos de significar un lastre de épocas pasadas, cuando los caudillos mandaban sin más límite que el poder del caudillo mayor, lo que ha vivido la sociedad oaxaqueña en estos siete últimos meses bien podría ser la pauta del futuro federalismo mexicano. De no establecerse un nuevo “pacto federal” que redefina las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y los mecanismos para resolver conflictos entre los dos niveles de gobierno, semejantes conflictos podrían generalizarse en el conjunto del país. ~