artículo no publicado

Por un Estado eficaz

Las modernizaciones del orden político nunca están exentas de conflicto. 

En cualquier proceso de reformas políticas y económicas que amenacen los intereses del orden establecido, el conflicto es inevitable. Hace unos días, el Financial Times entrevistó al escritor turco Orhan Pamuk. El diario quería conocer su opinión sobre el enfrentamiento reciente en Turquía entre grupos liberales seculares y el gobierno y los grupos islamistas que lo apoyan. En tiempos de cambio, respondió,  hay siempre un choque. Lo moderno traiciona a la historia y a la cultura ancestral y la tradición traiciona siempre a la modernidad.

Lo sabe de primera mano porque la historia moderna de Turquía tiene tres ejemplos inmejorables: las fallidas reformas de los llamados Jóvenes Turcos en el siglo XIX, que enajenaron a todos los grupos tradicionales de lo que era el Imperio Otomano, y fracasaron; la secularización que emprendió en los años veinte Mustafá Kemal Ataturk, el padre de la Turquía moderna, que barrió sin miramientos y con éxito al orden tradicional para imponer modos de vida copiados de Occidente, y el tránsito del gobierno actual, que se presentaba como el botón de muestra del Islam modernizador, a una especie de autocracia bipolar que pretende impulsar una economía moderna y mantener, a la vez, un orden social anclado en el pasado. Pamuk sabe de lo que habla porque en el camino, fue sometido a juicio por mencionar el genocidio de cientos de miles de armenios a manos de los turcos a principios del siglo XX. De esos dogmas políticos intocables y alérgicos a la verdad a los que los mexicanos conservadores –guardianes de “nuestro” petróleo y la pureza inmaculada de próceres infalibles– son también tan afectos.

Pamuk tiene una visión pesimista: para él, ese choque entre tradición y modernidad no tiene solución. En parte, tiene razón. A lo largo de la historia, sólo un puñado de países ha transitado en relativa paz entre la tradición y la modernidad. Naciones que, como Inglaterra, tuvieron siglos o décadas para apuntalar un Estado de derecho, instituciones democráticas, aplicar reformas graduales para extender la participación política dentro de los cauces institucionales a sectores cada vez más amplios, y mandar a retiro sin violencia a aquellos grupos de interés empeñados en mantener el orden tradicional.

La oportunidad de adoptar lentamente valores e instituciones modernas ha sido un privilegio escaso. Por ello, los programas de reformas exitosas se han dado a lo largo de la historia en distintas presentaciones. En unas naciones, la violencia fue la partera de la modernidad (Francia vivió una célebre revolución para acabar con la monarquía y Estados Unidos atravesó por una cruenta guerra civil para poder mandar al basurero de la historia al orden tradicional montado en la esclavitud). En otras, reyes absolutos o dictadores impusieron la modernidad por decreto. Pedro el Grande transformó de un plumazo la vida de Rusia. Destruyó a los viejos grupos de poder y cambió para siempre los hábitos y modos de vida de sus gobernados. Más cerca de nosotros en el tiempo, el líder chino Deng Xiaoping, debilitó a algunos de los ideólogos maoístas que se oponían a la modernización, convenció a muchos otros, reprimió a los que demandaban una reforma política paralela a la liberalización económica, y desde la cúspide del partido que conserva aún el monopolio del poder, modernizó aceleradamente a China. La modernización en los países democráticos ha tenido la inmensa ventaja de contar con instituciones representativas que discuten y aprueban por mayoría las reformas que el país necesita para emprender un desarrollo modernizador. Eso fue lo que sucedió en Chile después de la vuelta a la democracia en 1990.

En sus distintas presentaciones, las modernizaciones exitosas comparten un denominador común inescapable. Como el consenso es imposible, no hay programa de reformas que pueda prosperar sin un Estado centralizado y fuerte, encabezado por estadistas dispuestos a ejercer el poder y el monopolio de la violencia legítima para mantener el orden, garantizar la estabilidad y la aplicación de la ley.

Lección de la que depende el avance del programa de reformas y el capital político del presidente Peña Nieto, y que debería recordar a diario Miguel Mancera, el gobernador de la sufrida ciudad de México. El DF está ya inmerso en la violencia que Mancera pretendía evitar al permitir que la CNTE ocupara el Zócalo, tomara a su antojo las avenidas principales de la ciudad y bloqueara la sede del poder Legislativo. No hay “mesa de diálogo” posible con la CNTE que no conoce otro “diálogo” que la imposición de sus condiciones a través de la violencia. Lo único que han logrado quienes han cedido a los bloqueos y agresiones de la CNTE es debilitar al Estado y a  las instituciones que son el eje de nuestro sistema democrático.

 

(Publicado previamente en el periódico Reforma)

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