artículo no publicado

La fuga de El Chapo, material para la ficción

De Joaquín El Chapo Guzmán se cuenta y se cree cualquier historia.

De Joaquín El Chapo Guzmán se cuenta y se cree cualquier historia. Uno de los relatos más célebres habla de su llegada a un restaurante. Él y sus pistoleros obligaron a cerrar el lugar para que nadie entrara ni saliera mientras él comía tranquilamente. Los teléfonos celulares de los clientes —dice el relato— fueron decomisados y apagados hasta que el capo se retiró, no sin antes liquidar la cuenta de todos los comensales y despedirse de mano de cada uno de ellos, una forma de disculparse por las molestias ocasionadas.

De Joaquín El Chapo Guzmán se cuenta y se cree cualquier historia. Uno de los relatos más célebres habla de su llegada a un restaurante. Él y sus pistoleros obligaron a cerrar el lugar para que nadie entrara ni saliera mientras él comía tranquilamente. Los teléfonos celulares de los clientes —dice el relato— fueron decomisados y apagados hasta que el capo se retiró, no sin antes liquidar la cuenta de todos los comensales y despedirse de mano de cada uno de ellos, una forma de disculparse por las molestias ocasionadas. Según la persona que la cuente, la anécdota habría sucedido en el restaurante Aroma, de Ciudad Juárez; Las Palmas, de Culiacán, o alguno otro de Colima o Coahuila.

Entre leyendas como esta, que se han construido a lo largo de diez años desde su fuga del penal de máxima seguridad de Puente Grande, y hechos como su desafortunada inclusión en la lista de millonarios de la revista Forbes (En 2009 se le atribuyó una fortuna valuada, arbitrariamente, en mil millones de dólares) no hay dato que valga.

Hace un año, Michael Braun, ex jefe de operaciones de la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) confió en una entrevista a The Washington Times que México y Estados Unidos estaban cerrando un cerco, mediante varios operativos conjuntos, en torno a Joaquín El Chapo Guzmán, quien dijo, se encontraba acorralado.

Pese a que el funcionario aventuró incluso que su captura podría concretarse dentro de un plazo no mayor a 90 días, Guzmán Loera no cayó, lo que permitió que diversas fantasías sobre el narcotraficante continuaran alimentándose, entre ellas algunas que hablan de un supuesto pacto directo con la Presidencia de la República que no solo le asegura seguir en libertad, sino que garantiza que la lucha antinarco de las fuerzas federales se focalice en minar a sus grupos rivales.

Los señores del narco, libro de la reportera Anabel Hernández, en el cual se reproducen algunas de estas afirmaciones, es ejemplo de cómo el periodismo sensacionalista y de poco rigor se aprovecha de la desconfianza en las autoridades federales; muy a modo para quien gusta leer de conspiraciones al más alto nivel y creer (sin ningún matiz) en un gobierno nacional totalmente corrompido.

Las revelaciones sobre cómo habría escapado y cómo ha logrado mantenerse libre el narcotraficante a lo largo de diez años son pasmosas. La primera, viene de un pretendido y anónimo ex empleado de la DEA, que sin ninguna prueba documental que respalde su dicho, afirma que el ex presidente Vicente Fox fue sobornado con 40 millones de dólares para brindar protección a El Chapo en su fuga.

La segunda proviene de un personaje mañosamente llamado general X —la autora es demasiado obvia en su intención de que se crea que es Mario Arturo Acosta Chaparro—, el cual es presentado como emisario del gobierno en una negociación con los grupos del narcotráfico, en la que El Chapo le habría confiado el pago de protección para su clan a Juan Camilo Mouriño, y el compromiso del gobierno federal de combatir a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva.

Acosta Chaparro no contó nunca tal historia a Anabel Hernández, pero amparada en el derecho a mantener la secrecía de sus fuentes, la reportera tiene una coartada. Al no ser mencionado por su nombre, el general retirado no puede desmentir y aun si lo hiciera, eso tampoco obligaría a la periodista a revelar el origen real de la versión que publica. Mouriño tampoco puede responder al agravio; está muerto.

Dar por válido el pago de millones de dólares a un funcionario como explicación a la libertad de un personaje como El Chapo Guzmán revela la ignorancia de quien ve la estructura de seguridad del país como un cuerpo monolítico. El líder del cártel de Sinaloa ha construido —lo hizo en Puente Grande— una red de complicidades que en efecto cuesta millones y que involucra forzosamente a funcionarios civiles y mandos militares y policiacos que le proveen información, lo protegen y facilitan su huida. (Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional refieren que El Chapo cuenta con una amplia red de informantes y círculos de seguridad de hasta 300 hombres, lo cual hace difícil capturarlo).

Guzmán Loera tiene indudable capacidad para penetrar y corromper las estructuras de los cuerpos de seguridad del Estado, pero es ingenuo pensar que las mafias internas únicamente trabajan para él. La información sobre su actividad, casi siempre sesgada, abrevia los golpes propinados a los suyos, como la detención y asesinato de su hermano Arturo en el penal federal de La Palma el año nuevo de 2005; la detención de su hijo Archivaldo un mes después, y la muerte de su hijo Édgar durante un enfrentamiento en las calles de Culiacán, en mayo de 2008.

Hoy con 53 años, El Chapo se encuentra en la lista de los más buscados de la Procuraduría General de la República; la DEA y el Departamento de Estado de EU han ofrecido 5 millones de dólares por información que lleve a su captura. Es líder de primera generación de una organización en la que, por cierto, algunos de sus viejos socios como Ignacio Coronel o El Güero Palma terminaron abatidos por el ejército o extraditados para ser juzgados por la justicia de Estados Unidos.

Joaquín Guzmán, dicen informes, estaría haciéndose cargo de la ruta de Torreón y Gómez Palacio hasta Ciudad Juárez, que mantiene en disputa con el cártel local. Su eventual caída no pondrá fin a la violencia ni modificará las percepciones sobre el involucramiento de funcionarios con el narco y la decisión de la autoridad para acabar con el problema. Su aplazamiento indefinido, sin embargo, seguirá alimentando la desconfianza y proveyendo de estopa a la ficción periodística.