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Invalidez legislativa

Para “rescatar la dignidad” de las personas con discapacidad, el poder legislativo tardó 3 años en aprobar una reforma que sustituyera  la palabra “invalidez” por la de “discapacidad”. Un mes después de haberla aprobado el Senado estrenó una nueva sede hostil e inaccesible para  el 5.1% de la población. 
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El 30 de abril de 2008 el diputado Gerardo Buganza Salmerón (PAN) presentó una iniciativa para reformar las fracciones I y XII del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social. La iniciativa  proponía actualizar el lenguaje de esta ley, eliminando los términos invalidez e inválidos  para sustituirlos por el de discapacidad y persona con discapacidad.  Coincidirán conmigo en que no era una reforma revolucionaria ni atacaba problemas de fondo.

Para ser consistentes con la desidia legislativa, la Cámara de Diputados dejó pasar un año antes de someter a discusión la propuesta. El 14 de abril de 2009 la diputada Rosa Elena Galván Valles llamó a la aprobación del dictamen: “no sólo como una cuestión de sintaxis, sino con una intención mucho más profunda, al incluir una percepción distinta de la atención a la discapacidad”. La iniciativa, sin lustre pero cargada de buenas intenciones, fue aprobada por 336 diputados (159 diputados se ausentaron durante la votación). 

La iniciativa, convertida en minuta, llegó al Senado el 15 de abril de 2009 y aquí solo se tardaron 6 meses en aprobarla con modificaciones.  El 26 de noviembre de 2009 el senador Guillermo Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables al hacer la defensa del dictamen dijo que las discapacidades no se sufren, sino que se adquieren y que por tanto no son un problema sino una condición. También dijo que de aprobar esa reforma lo que en verdad se hacía era rescatar la dignidad de las personas con discapacidad. Hubo aplausos y de 128 senadores solo asistieron a la votación 71. Misteriosas y notables fueron las ausencias de 5 de los 7 miembros de la comisión de atención a grupos vulnerables: Rosalinda Elena Mondragón Santoyo (PRI), Alfredo Rodríguez y Pacheco (PAN), Emma Lucía Larios Gaxiola (PAN), Julio César Aguirre Méndez (PRD) y Valentín Guzmán Soto (PRD). Seguro tuvieron cosas más interesantes que hacer que asistir y votar un dictamen de su propia comisión.

La minuta regresó a la Cámara de Diputados y ahí invernó durante 17 meses. El rescate de “la dignidad de las personas con discapacidad” aparentemente era algo que debía hacerse sin prisas.  Finalmente el 26 de abril de 2011 con 395 votos a favor, 2 abstenciones y 100 ausencias, la Cámara de Diputados aprobó sustituir la palabra “invalidez” por lo de  “discapacidad” en la Ley de Asistencia Social. Sobre el hecho de que los jóvenes con discapacidad de entre 15 y 29 años de edad, solo el 15.5% asiste a la escuela o que solo el 4% de los edificios de la ciudad de México son accesibles para personas con discapacidad, por supuesto, no se dijo nada.

Ya entrados en los gastos de rescatar “la dignidad de las personas con discapacidad”, el 9 de abril de 2011 el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel Suárez, exhortó “respetuosamente” a los ayuntamientos de México a “adoptar medidas relativas al diseño y planeación urbana que consideren entornos accesibles y amigables para las personas con discapacidad; en especial rampas de acceso para sillas de ruedas; superficies táctiles; señalamientos en Braille, y adecuación de instalaciones exteriores e interiores de escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo tomando en cuenta criterios antropométricos”.

Cinco días después de ese respetuoso pero enfático exhorto, el Senado estrenó una nueva sede sin las rampas necesarias, sin señalamientos, ni soportes visuales o auditivos que hicieran accesible y/o amigable el Senado para personas con algún tipo de discapacidad.  “El sólido baluarte de la nación”, como calificó el senador José González Morfin a la nueva sede; “La casa de todas las voces, de todos los mexicanos” como la llamó el senador Rafael Ochoa Guzmán se diseño y construyó enviando un mensaje bastante hostil  a los 5 millones 739 mil 270 de ciudadanos mexicanos (5.1% de la población) que tienen algún tipo de discapacidad. (INEGI 2010)

Hacia el final de su intervención González Morfin afirmó: “El día de hoy culmina una tarea iniciada hace tiempo y se alcanza una meta anhelada por muchos mexicanos” ¿Será?

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Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.


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