artículo no publicado

Patentes de corso

La toma de instalaciones de la UNAM es un evento harto conocido. 

 

Hemos pasado ya por este escenario: conocemos hasta el hartazgo la pieza, los parlamentos y los personajes (no se diga su improductividad). La historia en México no es redonda: es redundante. El eterno déjà vu. Repetiré argumentos que he sostenido ante circunstancias similares.

Una vez más brota el enigmático grupúsculo que se arroga el monopolio de “la voz de la comunidad” y usa como garantía su capacidad para emplear la fuerza. De nuevo se actúa la fascinante convicción de que secuestrar un edificio universitario equivale a presentar un argumento. Otra vez la presunción de que cometer un hecho de fuerza trae incluida la suspensión de los reglamentos. Una vez más la ocurrencia de que ser un educando incluye autoridad y calificaciones para sancionar la forma en que se es educado. Una vez más, la curiosa convicción de que la impartición de conocimientos en la universidad pública, por una dispensa especial, está exenta de autocrítica, por lo que cualquier tipo de reforma o actualización será tomada como una afrenta a su perfección implícita.    

Que los estudiantes gocen de un poder superior al de la Universidad para evaluar –y en su caso rechazar (y siempre rechazan)– cualquier reforma o modificación que la Universidad considere, es más un absurdo que una paradoja. Lo primero que entiende un estudiante, se diría, es que no sabe, pero desea saber: desea un saber que le otorga la escuela. ¿Cómo puede entonces condicionar la manera de transmitir ese saber a su tácita ignorancia? Fácil: lo dicta un dogma de fe.

Porque agregarle a ese gesto la advertencia de que, si no se hace la voluntad de “la comunidad” se emplea la fuerza física –invadir edificios–, convierte a sus usuarios en cobradores de derecho de piso, del mismo modo que amagar con la realización de marchas y bloqueos es una forma de vender protección.

Nada más degradante para el espíritu universitario, que una parte de las partes de tal espíritu (algunos “alumnos”) se otorgue una excepcionalidad sustentada en su explosividad: la pretendida búsqueda de “igualdad” y de “democracia” en la toma de decisiones universitarias se condiciona así a la aceptación de una singular desigualdad: la del poder que deriva de tomar edificios, de emplear, o amenazar con, la violencia.

Los ahora posesionarios del CCH (y hace unas semanas de la UACM, y hace trece años de la UNAM, y un largo etcétera) no tienen ideas: acatan dogmas de fe. No tienen propuestas académicas: tienen tácticas políticas. No tienen argumentos: tienen el poder de la fuerza. Una fuerza que deriva de privatizar edificios: el movimiento estudiantil como bien inmueble. Una situación de fuerza que reditúa poder político, pero que sin la posesión del edificio no sería poder de ninguna clase: sus secuestradores tendrían que resignarse a ser como los demás, como los que no emplean la fuerza: viles mortales.  Los abanderados de la “democracia” derivan su poder de erigirse en señores feudales. Los paladines de la “igualdad” se otorgan poderes autoritarios. 

En fin, que una vez más estamos ante el “Manifiesto de Córdoba”, que instrumentó la consigna de democratizar las universidades latinoamericanas en 1919. Su dogma de fe era que “la soberanía en una universidad radica principalmente en los estudiantes” y que era imperativo “erradicar de la organización de la universidad el concepto bárbaro y arcaico de autoridad”. (Que el Congreso de Estudiantes que malparió ese manifiesto obedeciese una consigna bolchevique es sólo un detalle encantador.)

Curiosa epidemia de “tomas” de edificios universitarios a partir de las elecciones del año pasado… A unas semanas del secuestro de la UACM, un avatar se engendra en el CCH. Los mismos discursos y tácticas, los mismos ideólogos, los mismos ex-funcionarios en busca de autor. Demasiado causal para ser azaroso.

La prudencia del rector Narro ha sido encomiable, tanto ante los violentos como ante quienes querrían soluciones extremas. En mi calidad de universitario apoyo su proceder y, desde luego, exijo a los privatizadores del CCH y de la UACM que prescindan de sus patentes de corso.

(Una versión de este texto se publicó en el periódico El Universal)