“El Ponchis tenía desde chico 'tendencia a la maldad’”, dice una nota. “El Ponchis no tiene remedio”, diagnostica otro opinador, que juzga imposible reinsertar a “las semillas de maldad”. Édgar, a quien los medios llamaron “el niño sicario” fue detenido el 2 de diciembre de 2010, en el aeropuerto Mariano Matamoros de Morelos, y exhibido ilegalmente por militares en una oscura calle, donde un grupo de reporteros lo sometió a un interrogatorio.
Cuando tenía 12 años fue reclutado a la fuerza por Julio Radilla, jefe en Morelos del llamado Cártel del Pacífico Sur, quien lo drogaba para luego hacerlo participar en secuestros, torturas a rivales y al menos cuatro asesinatos en los que él fue encargado de degollar los cuerpos.
—¿Y el Radilla qué es lo que te decía para convencerte de que mataras? —preguntan los periodistas.
—Nomás me drogaba; no sabía lo que hacía.
—¿Te gusta estar en esto?
—No.
—¿Entonces por qué te metiste en esto?
—No me metí, me jalaron.
—¿Qué vas a hacer si es que sales en libertad?
—Irme por la derecha, trabajar bien…
Édgar recibió la pena máxima para su edad; fue sentenciado a tres años de internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), de donde saldrá el próximo diciembre. Su historia ahí fue pobremente seguida por los medios, que primero violaron sus derechos, difundieron su nombre y su rostro, y después le negaron cualquier posibilidad de readaptación.
Como advierte Javier Valdez en Los morros del narco, El Ponchis fue usado y colocado “en la vitrina de los trofeos del gobierno, saciando la sed de periodistas de secciones policiacas y de uniformados enhiestos y con el pecho salido por tal captura y tanto logro contra el hampa”.
Los escasos reportes sobre Édgar lo dibujan como un adolescente participativo, con buena actitud pese a no haber recibido una sola visita de familiares durante su estancia en el CEMPLA. El niño que mostraba problemas de aprendizaje y que era descrito como “presilábico”, empezó a leer y a entender lo que leía.
Evelia Flores, ex directora del Centro, se resiste hablar del caso específico de Édgar, pero dice que la reinserción de menores es posible, que la presencia familiar sí es importante y que lograrlo depende de una suma de esfuerzos, de atención personalizada y de cercanía con los muchachos, que es lo que no han tenido quienes afirman que estos jóvenes no tienen remedio.
La funcionaria comparte la idea de la reinserción más que de la “rehabilitación”, en coincidencia con Alberto Abad, quien en la edición de marzo de Letras Libres dedicada a las cárceles escribía: “La finalidad de reinsertar al recluso cambia las responsabilidades del Estado, pero sobre todo cambia la noción que tenemos del delincuente. El delincuente deja de ser un “inadaptado social” para convertirse en un sujeto imputable de responsabilidad penal al que no se le califica ni prejuzga por su personalidad”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre diciembre de 2006 y septiembre de 2012, fueron detenidos en operativos militares contra el narcotráfico y la delincuencia organizada un total de 2,658 menores de edad. Pese a ser firmante del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, que hace a las autoridades responsables del reclutamiento y utilización de niños por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”, el gobierno de México sostenía hasta febrero pasado que la resolución no era aplicable a nuestro país y que la responsabilidad caía exclusivamente sobre dichos grupos, fuesen estos paramilitares o delincuencia organizada.
En lugar de adoptar medidas legislativas y diseñar políticas públicas para impedir el reclutamiento y la utilización de niñas, niños o adolescentes por parte de las bandas criminales, las autoridades federales y estatales han optado por estigmatizar y criminalizar, recurrir al populismo judicial e impulsar la reducción de la edad penal, evadiendo su responsabilidad en el tema, según advierte personal de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
Los niños deberían ser vistos como víctimas de la delincuencia organizada, no como victimarios, pues es el Estado quien los ha dejado en situación de vulnerabilidad frente a los grupos delictivos. Y no se trata de que sean impunes de sus actos, precisa la Red, “significa que reciben un trato especial por su condición de edad. Por ello, tienen que ser procesados en un sistema de justicia distinto al de los adultos”.
El pasado 4 de febrero, un niño fue detenido en Zacatecas, en un operativo en el que varios presuntos integrantes del crimen organizado fueron capturados; de inmediato le atribuyeron 10 asesinatos y lo presentaron ante la opinión pública como confeso y culpable, filtraron su foto y su nombre completo a los medios que no tardaron en colocarle el mote de “niño sicario”, mientras el procurador Arturo Nahle lo señalaba públicamente como “un peligro para la sociedad” y pedía mayor mano dura contra los menores.
El Estado renunció a su responsabilidad de proteger; dado que los menores de 14 años no pueden ser retenidos en prisión ni enviados a centros de internamiento, la Procuraduría lo liberó, sin dictar ninguna medida de protección, cuando ya lo había presentado como un criminal. La madrugada del 28 de febrero fue encontrado muerto; lo torturaron antes de asesinarlo. Tenía 13 años.
La reinserción social de los niños y las niñas reclutados por las bandas criminales, su rescate físico y psicológico son imposibles, dicen los políticos y los opinadores de la prensa. Que se pudran en un calabozo el resto de sus días o que los maten, que los maten a todos para que no tengamos que buscar soluciones.
Son los medios y los funcionarios, los que no tienen remedio
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
