artículo no publicado

El desafío de contar a nuestros muertos

Ante la falta de información oficial sobre el ‘saldo’ de la “batalla contra la delincuencia” se han hecho grandes esfuerzos por documentar el fenómeno de la violencia  por diversas vías, desatando una guerra de cifras que hasta la fecha no ha dejado sino más preguntas. 

En diciembre de 2006, Felipe Calderón declaró una “gran batalla contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”. Tras esta declaración, las ejecuciones se dispararon considerable y rápidamente. Ante la falta de información oficial al respecto, se han hecho grandes esfuerzos por documentar el fenómeno de la violencia  por diversas vías, desatando una guerra de cifras que hasta la fecha no ha dejado sino más preguntas.  

En un inicio, los periódicos nacionales realizaron conteos de las muertes relacionadas con el fenómeno del narcotráfico. Cada semana, nos encontrábamos con tablas comparativas de las cifras de ejecuciones que registraba cada diario. Desafortunadamente, estos “reportes”  no se tradujeron en una discusión pública sobre la metodología que había detrás de estos números. ¿Cuáles son  los criterios de los periódicos para que una muerte sea considerada una ejecución atribuible al crimen organizado? ¿Y qué hay de aquellas en las que las mismas fuerzas del orden están involucradas? ¿Cuáles son los criterios de publicación de esas notas y qué tanta información puede o no un periodista proveer al respecto? En un país donde la libertad de expresión de los periodistas está en riesgo constante, las respuestas a estas preguntas no son ni simples ni evidentes.

Otras fuentes oficiales disponibles tienen mayor claridad en sus criterios, pero sus limitaciones no son menores. Por un lado está la base de defunciones por homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basada en actas de defunción, y que incluye lo mismo muertes por balas o atropellamientos. Ante la imposibilidad de desagregar las razones de muerte, esta base no nos puede decir mucho sobre las muertes resultantes por el crimen organizado. Por el otro lado, está la base de homicidios dolosos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la cual se basa en denuncias en procuradurías locales. Si bien este dato se actualiza cada mes, para que este número sea más realista y preciso, es fundamental  que los tres órdenes de gobierno suministren información completa. Sobra decir que las autoridades no siempre tienen incentivos para ser honestos al respecto. 

 Tomó cuatro años tener información oficial sobre el ‘saldo’ de la “batalla contra la delincuencia”. El 12 de enero de 2011, Alejandro Poiré, entonces Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y Vocero en materia de seguridad, presentó la “Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada”. Esta base engloba fallecimientos resultantes de ejecuciones[1], enfrentamientos (contra la autoridad y entre delincuentes)[2] y agresiones hacia la autoridad[3]. La información proviene de diferentes instancias como las secretarías  de  Defensa  Nacional,  Marina,  Seguridad  Pública  Federal  y  Gobernación. A su vez, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) concentra toda la información,  realiza los procesos de captura y la valida.

 

Dado que cada una de estas bases de datos proviene de fuentes diferentes y en realidad captura diferentes fenómenos, las cifras no coinciden. Sin embargo, las cuatro fuentes registran una tendencia a la alza a lo largo del sexenio de Felipe Calderón. 

En un principio, la base de datos del gobierno federal parecía un gran avance en nuestro entendimiento del fenómeno de la violencia organizada, pero sus limitantes son numerosas. A lo largo de estos seis años de la administración de Calderón, la base de datos disponible al público ha estado limitada al periodo de diciembre 2006 a diciembre 2010. Hace unas semanas, en una entrevista con el periódico Reforma, el gobierno federal confirmó que estas cifras ya no serán actualizadas. De acuerdo con Jaime López Aranda, titular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta base de datos solo fue un “buen experimento de transparencia.” Bajo el argumento de que las categorías de “ejecución” y “homicidios relacionados con delincuencia organizada” no están tipificadas en la ley, el gobierno federal cerró una posibilidad más para comprender las causas y consecuencias de la violencia imperante en el país.

Adicionalmente, ninguna de las  bases de datos aquí mencionadas  provee información sobre quién muere y quiénes ejercen la violencia. El argumento gubernamental al respecto es que “la función de esta base de datos es describir un fenómeno, no realizar tareas de administración o impartición de justicia”. Sin embargo, una parte fundamental de la descripción del fenómeno de la violencia en México es justo el perfil de las víctimas y victimarios. Primero, para realizar una mejor evaluación de los operativos contra el narcotráfico, necesitamos conocer también quiénes mueren. Para el gobierno ha sido fácil decir que quienes mueren son criminales, pero en repetidas ocasiones esto no ha sido cierto. Basta recordar la masacre de los jóvenes de Villas Salvarcar en enero de 2010, quienes fueron criminalizados de inmediato y después el gobierno federal se vio obligado a corregir y ofrecer disculpas. Y peor aún, este discurso ha justificado la violencia, como si hubiera seres humanos que merecieran muertes tan crueles como la decapitación o el desprendimiento de piel. Segundo, para hacer análisis precisos sobre las políticas públicas necesarias para enfrentar esta espiral de violencia, es esencial saber quiénes son los victimarios, dónde y cómo operan. Tercero, para tener una mayor comprensión del impacto de la violencia en la sociedad, necesitamos conocer más sobre los niveles de victimización civil, la cual ha sido ampliamente ignorada y referida como “daños colaterales”. Ninguna de estas tareas es posible con la información disponible y el gobierno actual no tiene, ni tendrá ningún incentivo para proporcionarla antes de que termine su administración.

Finalmente, todas las bases de datos aquí mencionadas ignoran los otros aspectos fundamentales de la violencia que vive nuestro país: los heridos, los desaparecidos, los desplazados, los amenazados. Los números de este otro tipo de víctimas no son menores, ni son casos aislados. De acuerdo con el último informe del grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, a lo largo del sexenio el número de desaparecidos  ronda los 5 mil. Por su parte, el Centro Internacional de Monitoreo de desplazados calcula un total de 230 mil desplazados por la violencia del narcotráfico desde 2007. Sin embargo, las cifras tanto de desaparecidos como de desplazados también han sido objeto de debate porque tampoco tenemos claridad sobre estos fenómenos, cómo y dónde empezar a contar.

Actualmente, decenas de académicos dentro y fuera de México trabajan en llenar estos vacíos, pero mientras el gobierno federal continúe ocultando la información sobre el fenómeno de la violencia y las metodologías detrás de las bases de datos disponibles sigan llenándonos de dudas, seguiremos sin conocer el costo real de la estrategia militar que Felipe Calderón decidió implementar durante su administración.  

Lo que es aún peor es que si ya era indignante que las víctimas, con rostro e historias reales, no fueran más que cifras para muchos, con la decisión de no actualizar los base de datos, no son más que espacios vacíos y hojas en blanco que se quedan en el olvido o la negación.

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Actualización

El 18 de marzo en el periódico La Razón, Fernando Escalante Gonzalbo dio respuesta a este texto. Aquí la respuesta/continuación. 

 

 


[1]“Homicidio doloso cuya víctima y/o victimario es presumiblemente miembro de algún grupo criminal”

[2]“Actos esporádicos y aislados de violencia, comisión de delitos, perturbación de la paz social y el orden en contra de la  autoridad,  que  realizan  los  grupos  u  organizaciones  criminales  mediante  el  uso  de  armas  de  fuego  y  equipo militar.”

[3]“Los  ataques  de  organizaciones  delictivas  contra  instalaciones  gubernamentales  o  vinculadas  a  alguna

instancia  de  gobierno,  además  de  funcionarios  encargados  de  la  seguridad”