artículo no publicado

Diálogo de sordos (1)

En la reciente reunión de los presidentes del G-20 en Toronto, se manifestó la discusión entre las políticas económicas que proponen dos escuelas de pensamiento diametralmente opuestas. Una ve la amenaza de que la presente crisis se vuelva una depresión, como vaticinó el economista keynesiano Paul Krugman, Premio Nóbel de Economía. La otra teme que la segunda fase de la crisis se vuelva inevitable, si los gobiernos no empiezan a atacar el creciente y preocupante problema de bancarrota fiscal que presentan los países desarrollados, postura que defienden economistas como Ken Rogoff de Harvard (ex economista del FMI y de la Fed), o su brillante colega, el historiador económico Niall Ferguson.

En forma alarmante, uno u otro paradigma presagian la misma inevitable crisis, aunque por caminos y razones diferentes. Con sentido de urgencia, el propio presidente Obama les envió una carta a los otros 19 presidentes que asistieron a la junta, con fecha 16 de junio, urgiéndolos a continuar con un estímulo fiscal concertado, ante la raquítica recuperación mostrada por la economía mundial. En Toronto, su exhortación no encontró eco.

El punto de los economistas keynesianos es que la recuperación económica no ha logrado hacer tracción, y que un segundo impulso con estímulos vigorosos por parte de todas las economías desarrolladas es indispensable para conjurar la amenaza de la deflación y para evitar que los altos niveles de desempleo que muestran las economías estadounidense y europeas se vuelvan estructurales, conforme millones de personas pasen a ser permanentemente obsoletas, al no encontrar empleo por períodos prolongados.

Estoy en desacuerdo con ellos por muchas razones. Para empezar, creo que los economistas keynesianos minimizan un enorme defecto del gasto público: es extraordinariamente “pegajoso”. Una vez que se inicia, se vuelve muy difícil revertirlo porque ese gasto siempre beneficia a grupos específicos que tienen injerencia en la política y capacidad de cabildeo. Además, venimos de estímulos que ya han gastado más de un millón de millones de dólares, sin que haya nada que mostrar a cambio.

Si usted recuerda, cuando se hablaba a fines de 2008 de estímulos fiscales, yo me manifesté de acuerdo con éstos pensando que ofrecían una gran oportunidad para modernizar la obsoleta infraestructura estadounidense ávida de aeropuertos, puertos, señales de banda ancha para ciudades, y un sinnúmero de inversiones que, a la larga, incidirían en incrementar la competitividad y productividad de la economía estadounidense, lo cual eventualmente atraería mayor inversión privada, y más y mejores empleos. En su lugar, el gobierno estadounidense hizo lo que cualquier otro gobierno habría hecho, le dio ese dinero a manos llenas a su clientela política.

El gasto benefició a sindicatos gubernamentales (mientras que las empresas privadas han despedido a más de ocho millones de personas, la burocracia se mantiene casi sin cambio), prolongó el seguro de desempleo, redujo impuestos a “los pobres”, y dio subsidios a quienes cambiaran de auto o a quienes compraron casa.

¿Cuál de esas medidas tiene un beneficio de largo plazo o genera empleos? Ni una sola; todo lo contrario, el subsidiar la compra de autos simplemente anticipó –con dinero del erario público- la demanda que naturalmente iba a darse este año. Al subsidiar artificialmente la demanda por casas o al seguirle dando beneficios a quien no tiene empleo, lo único que se ha hecho es detener la movilidad de los trabajadores. Si una persona no tiene empleo en New Jersey, por ejemplo, estará poco dispuesta a trasladarse a Texas donde quizá sí pudiera conseguir trabajo. Esto se debe a que tiene un seguro de desempleo que le permite posponer la decisión, y a que tiene la esperanza de que el precio de su casa –que probablemente sea menor al monto que le debe al banco- se recupere algún día. La efímera ilusión de que el mercado inmobiliario se recuperará ha sido alimentada por cientos de miles de millones de dólares de subsidios gubernamentales y de hipotecas sin esperanza de cobro que han comprado Fannie Mae y Freddie Mac (agencias del gobierno), y que han contribuido a que ésta sea la peor crisis de empleo en setenta años debido a que, entre otras razones, la tradicional movilidad de los trabajadores estadounidenses ha cesado.

En vez de que el colosal estímulo fiscal hubiera contribuido a incrementar la competitividad de los trabajadores estadounidenses, dotándolos de infraestructura de primera, buscando entrenar en otras actividades a quienes perdieron empleos que simplemente no regresarán, o apoyando la inversión en tecnología en sectores donde Estados Unidos está a la vanguardia, se ha gastado más de un millón de millones de dólares tomando medidas que le restan su extraordinaria flexibilidad a la fuerza de trabajo de ese país. ¿Sorprendente? Para nada; eso es justo lo que los gobiernos hacen cuando tienen montañas de dinero en las manos, porque ese gasto fútil y miope tiene, al menos, alguna esperanza de convertirse en votos en noviembre. Invertir en infraestructura no da beneficios políticos instantáneos.