Ayer celebramos el 130 aniversario del nacimiento de Clara Campoamor. Es una figura importantísima en la historia política de España, y prueba de ello es que hoy todos los partidos intentan presentarse como herederos de su feminismo. Un feminismo que, creo, captura muy bien esta afirmación suya en las Cortes, durante el debate que condujo a la aprobación del sufragio femenino: “Me siento ciudadano antes que mujer”.
Este es el feminismo del que a mí me gustaría hablar, y acaso el único que puede reivindicarse sin caer en las llamadas políticas de la identidad. La pasada semana, Eduardo Madina publicó una tribuna en El País en la que argumentaba, precisamente, que el feminismo no era, o no debía ser, un movimiento que abundara en la diferencia, sino que hiciera hincapié en lo que nos une. Estoy de acuerdo, y creo que en una democracia pluralista lo que único que une a todas las personas es su condición de ciudadanos. La ciudadanía es la identidad común, una ficción extraordinaria que sirve de paraguas de derechos, libertades y responsabilidades.
Madina citaba a Mark Lilla, un autor liberal que ha popularizado en los últimos tiempos la opinión de que la defensa de políticas identitarias cerradas y mutuamente excluyentes ha minado la capacidad electoral de la izquierda. Sin embargo, las tesis de Lilla –desarrolladas en El regreso liberal, que saldrá en mayo en Debate– distan mucho de ser nuevas. Hace más de veinte años, a mediados de la década de los 90, el historiador marxista Eric Hobsbawm ya había advertido de una inercia que consideraba peligrosa. La convergencia de las posturas liberal y marxista en esta cuestión no debería llamar la atención: ambas ponen el foco en ese “hombre verdadero” que Marx identificó con el de la sociedad civil.
Siguiendo a Daniel Bell, Hobsbawm atribuye el auge de las políticas de la identidad en el último tercio del siglo XX al declive de los sujetos colectivos que habían provisto tradicionalmente pertenencia, esto es, la nación y la clase. Todo ello como consecuencia de las grandes transformaciones tecnológicas, culturales y sociales operadas desde 1960.
La particularidad de las identidades colectivas, nos dice Hobsbawm, es que “se definen negativamente, es decir, frente a otros. ‘Nosotros’ nos reconocemos como ‘nosotros’ porque somos diferentes de ‘ellos’. […] En otras palabras, las identidades colectivas se basan no en lo que sus miembros tienen en común: puede que tengan muy poco en común excepto no ser los ‘otros’”.
¿Quiere decir esto que las identidades colectivas son moralmente rechazables? No parece. Autores como Isaiah Berlin han hablado sobre la importancia de permitir que las personas desarrollen libremente una identidad. El problema estriba en presentar identidades superponibles como inmiscibles, reduciendo la razón de ser de los individuos a un solo colectivo identitario. El propio Berlin (nacido en el imperio ruso, nacionalizado luego británico, judío, profesor en Oxford, liberal) es un buen ejemplo de cómo unas identidades múltiples pueden convivir armoniosamente en un sujeto liberal.
Todos necesitamos atributos sobre los que construir nuestra identidad: nuestro lugar de nacimiento, el trabajo que desempeñamos, nuestro equipo de fútbol, nuestra ideología. El problema de la política de la identidad, dice Hobsbawm, es que “parte del supuesto de que una entre las muchas identidades que tenemos es la que determina o al menos domina nuestra política: ser mujer, si se es feminista; ser protestante, si se es un unionista; ser catalán, si se es nacionalista catalán; ser homosexual, si se está en el movimiento gay. Y también parte del supuesto, como es lógico, de que hay que deshacerse de las otras identidades porque son incompatibles con el yo ‘real’”.
Frente a las políticas de la identidad cabe reivindicar de nuevo los valores universalistas que nos legó la Ilustración. Y eso no significa que debamos renunciar a hablar de colectivos que padecen discriminación, al contrario: es en cumplimiento del principio de igualdad consagrado en nuestra ciudadanía que cabe atender de forma diversa las necesidades de los ciudadanos.
Hobsbawm habla de un “nacionalismo ciudadano”. Sin duda, “nacionalismo” es un término demasiado connotado hoy para darle ese uso, pero la noción de ciudadanía sigue plenamente vigente. Si hemos de combatir la brecha salarial que padecen las mujeres, su infrarrepresentación social o las situaciones de acoso cimentadas en relaciones de poder no es en tanto que son mujeres, sino en tanto que son ciudadanas. Porque hemos construido estándares de dignidad universales que aplican al conjunto de los ciudadanos.
Trasladar el foco de la identidad a la ciudadanía es una operación necesaria, no solo para abordar la situación de las mujeres, sino para tratar los distintos retos que se le presentan a España en nuestros días. Seguramente, no se pueden abordar cuestiones como la financiación autonómica sin recordar que el sujeto de derechos no es el territorio, sino el ciudadano. Del mismo modo, atajar los problemas de nuestro mercado laboral pasa por reconocer que la dualidad en el empleo es incompatible con la idea de igualdad entre ciudadanos. Un sistema educativo que deja sistemáticamente atrás a los hijos de las familias más humildes es un sistema que está fallando a la hora de proveer igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. Y otro tanto podría decirse sobre la sanidad, las infraestructuras o el acceso de los servicios públicos.
Reivindicar un feminismo desde la óptica de las políticas de la identidad supone condenar la causa de la igualdad a ser un movimiento excluyente y que, por tanto, corre también el riesgo de ser excluido. Pero, al mismo tiempo, tratar de confinar al feminismo en el ámbito de lo necesariamente identitario, como han hecho algunos de sus detractores, supone una renuncia de entrada a perseguir la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Frente a esas dos posiciones, que transitan entre la exclusión y el inmovilismo, y que amenazan con la parálisis por déficit de consenso, cabe insistir en ese feminismo que hace casi un siglo proclamó que antes que mujeres (o que hombres, o que catalanes, o que homosexuales), somos, con mucho orgullo, ciudadanos.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
