Hace algunos días, el periodista Carlos Coria recordaba durante una conversación un accidente sucedido a inicios de los noventa a la altura del kilómetro 40 de la carretera Delicias-Chihuahua, y al que le tocó dar cobertura como reportero. Al llegar al lugar encontró una tragedia: un autobús volcado en el que viajaba un equipo infantil de beisbol que estaba de visita en Chihuahua para jugar en un torneo regional.
La nota apareció la mañana siguiente en las páginas del diario en que trabajaba. En primera plana, los editores habían elegido destacar una imagen dramática del hecho: en ella, se veía a algunos padres de familia que viajaban en el mismo vehículo mientras tomaban de los brazos a un pequeño que de la cintura hacia abajo seguía atrapado por el autobús, intentando sacarlo.
El niño murió y su padre fue hasta las oficinas del diario. Quería hablar con el director para exigirle una disculpa por la forma en que los editores habían decidido mostrar la pérdida de su hijo. Coria, quien había redactado la información, lo atendió y trató de explicarle que la foto no era su responsabilidad, que se trataba de una decisión periodística tomada por los editores responsables. El hombre cuestionó el valor periodístico de la imagen; se retiró con la disculpa del reportero, pero ni el más mínimo gesto de vergüenza de los directivos, seguro de que el periódico no publicaría una fotografía de esa crudeza si la tragedia hubiese alcanzado a cualquiera de ellos.
Si el derecho a la vida privada consiste en la facultad que tienen todas las personas para no ser molestadas en todo aquello que desean compartir únicamente con quienes ellos eligen, los medios conculcan con relativa frecuencia este derecho de las personas y sus familias, bajo el entendido de que al difundir información únicamente cumplen su deber de poner a disposición de la sociedad los hechos.
En general la libertad de expresión goza de una posición preferencial frente a los derechos de la personalidad; se ha vuelto mucho más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la expresión y la información que el riesgo de imponer limitantes a estas libertades, de manera que el tratamiento de los materiales informativos y su valor informativo ha ido quedando en el ámbito de los códigos de conducta a que los periodistas y medios de comunicación decidan ceñirse en su trabajo cotidiano.
Las víctimas, actores involuntarios de la noticia, no tienen una relación simétrica con los medios ni cuentan siempre con acceso a herramientas de protección de su dignidad o la réplica en espacios equivalentes a aquellos en los que se vulneran sus derechos.
Días atrás, Ricardo Raphael, coordinador de la Maestría en Periodismo en el CIDE y columnista de El Universal dedicó un texto en ese diario a lo que él consideraba “dudas fundadas” sobre la existencia de un reportero del diario La Razón, que había firmado una nota de primera plana en la que se señalaban “errores e imprecisiones” del Equipo Argentino de Antropología Forense al poner en duda las indagatorias de la PGR en al caso Iguala.
Lejos del análisis de los puntos de vista encontrados o de los sesgos en la información, el columnista enfocó sus esfuerzos en la descalificación del reportero, basado únicamente en el escaso material que pudo encontrar publicado por él, en que el joven hubiera logrado una primera plana a pesar de tener pocos días en el diario y en “su mínima participación en redes sociales”. A partir de estos prejuicios, Raphael llegaba a su primera conclusión: “al parecer antes este sujeto se dedicaba a actividades distintas del periodismo”. Líneas más adelante, su ultimátum: “De reportero a reportero, le estoy pidiendo que me confirme su existencia profesional”.
El periodista aludido respondió a través de las paginas de La Razón, su diario. No era el reportero fantasma que el coordinador de la Maestría en Periodismo en el CIDE pretendía venderle a sus lectores, sino un joven de 25 años de edad y tres de experiencia en el medio. Pero a diferencia de otras víctimas de las malas prácticas periodísticas, él sí contaba con una posición en un medio que le permitió controvertir las afirmaciones del columnista, a quien solicitó públicamente hacer las aclaraciones pertinentes en el mismo espacio que había usado para alimentar su historia de sospechas.
Ricardo Raphael, quien alguna vez se desempeñó como defensor de la audiencia de Canal Once, omitió cualquier mención del incidente en su columna semanal, evitó hacer cualquier aclaración en beneficio de los lectores y disculparse por la difusión de un texto especulativo basado en información incompleta y mal reporteada.
En un texto posterior que puede leerse en su blog personal, el columnista intentó justificarse e iniciar el real debate al que no se atrevió en su colaboración de El Universal. No obstante, sus líneas exhiben una ignorancia total del funcionamiento de una redacción donde, efectivamente (y a diferencia de lo que él imagina pese a coordinar un curso de periodismo en una institución de educación superior) los editores acuerdan ángulos, cabecean las notas y definen los titulares de primera plana.
Finalmente, y de manera vergonzante, en las últimas líneas de su texto, el opinador se disculpa tímidamente con el reportero, pero no con los lectores, ocultando su desaseado trabajo periodístico tras una cita de Descartes y dando carpetazo a su uso del megáfono en la plaza pública para poner en duda la honestidad de otro, al que luego llama a su oficina para disculparse en voz baja.
Ni rigor ni compromiso. Apenas un poder mediático ignorante.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
