La contrarreforma del aborto

La reforma de la ley del aborto que ha anunciado el ministro de justicia Alberto Ruiz Gallardón es una mala noticia. La Ley de 2010, que permitía el aborto libre durante las primeras catorce semanas de embarazo, es homologable a la mayoría de los países europeos de nuestro entorno; los gobiernos de centro derecha de esos países no han cambiado la normativa. En su programa electoral el PP decía: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. La mayoría de la gente interpretó en esa formulación calculadamente ambigua el propósito de cambiar uno de los aspectos más polémicos de la  Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional: que las mayores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Sin embargo, antes de conocer la resolución del Constitucional, el PP ha prometido volver a la Ley de Plazos de 1985, que despenalizaba el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). El argumento es la sentencia del Tribunal Constitucional de ese año, que declaraba “la vida del  nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”.

La Ley de Supuestos era un coladero, que permitió que el número de abortos se duplicara en menos de veinte años, entre 1989 y 2007. El nuevo ministro de justicia tuvo el cinismo de calificar de “progresista” la vuelta a una norma de hace casi treinta años que incluye una humillación obligatoria, a través de la cual una mujer tiene que declarar que no está en sus cabales para interrumpir su embarazo.

No se trata de anular el problema moral del aborto. Como ha dicho Fernando Savater, “lo que puede hacer la ley es crear un marco, lo más sensato y lo más racional posible, para que puedan convivir morales diferentes”. El asunto no es estar a favor del aborto. Es una realidad trágica y traumática. La cuestión es creer que una mujer debe ir a la cárcel o no por abortar. Yo creo que no: pienso que el aborto debe ser “seguro, legal y raro”. Y a eso se encaminaba en España, donde el número de interrupciones voluntarias del embarazo había bajado en los últimos años, gracias a mayor información y a la venta sin receta de la píldora postcoito, que los grupos ultraconservadores califican falsamente de abortiva. La ministra de Sanidad ha especulado con hacer que la píldora vuelva a venderse con receta y ha encargado un estudio no se sabe a quién sobre sus posibles efectos secundarios, que la Agencia del Medicamento no ha sabido detectar en los once años que lleva en venta en España.

Posiblemente, con una mayoría absoluta, pero tras haber aprobado medidas contrarias a su programa electoral, el PP pretende contentar a los sectores más conservadores de su electorado. Pero es probable que a esos sectores les parezca insuficiente, si están contra el aborto en todos los casos y creen que debe castigarse con la cárcel. Para quienes querríamos que el PP fuera un partido liberal y moderno, ver el peso de las hipotecas católicas y el hecho de que se haya quedado en 1985 es inquietante. Pero puede que a otros les parezca que no ha vuelto lo bastante atrás. La justificación esgrimida por Gallardón es el único argumento aceptado de los que presentó Alianza Popular ante el Tribunal Constitucional. En 1983, el presidente del grupo Manuel Fraga había dicho que la cifra de abortos entre 1970 y 1975 representaba “el mayor genocidio de la historia”. En 1986 la derogación de la ley no figuraba expresamente en su programa electoral; Aznar no la tocó en sus años de gobierno. Sin embargo, hace unos meses, con la visita del Papa Benedicto XVI a Madrid, la Iglesia Católica sometió a un downgrade al aborto: el pecado podía perdonarlo cualquier sacerdote autorizado a confesar. Por supuesto, el comercio con el sexo y la culpa es uno de los negocios de las religiones. Pero esa rebaja es significativa, y delata un elemento de guerra cultural.

Lo que molesta a los sectores conservadores no es el aborto ni el derecho a la vida. Lo que combaten es la libertad sexual y en concreto la libertad de las mujeres. Las viejas objeciones contra el onanismo, los anticonceptivos y el sexo fuera del matrimonio han perdido casi toda su verosimilitud en el primer mundo. El debate moral del aborto es el último clavo al que se pueden agarrar. Dentro de esa antigua tradición, la reimplantación de una norma humillante e hipócrita es una manera de declarar simbólicamente la minoría de edad mental de las españolas.