Una será el sábado 30 de agosto y la otra el 31 de agosto. Ambas culminarán en el Zócalo. Una busca integrar los esfuerzos de los mexicanos en torno a una causa común: el combate contra la inseguridad. La otra plantea, de entrada, la existencia de dos tipos de mexicanos: los patriotas (quienes apoyan la propuesta energética del FAP) y los traidores (quienes no la apoyan). La primera ha solicitado a sus participantes que vistan de blanco e hizo un llamado a los partidos políticos y a los funcionarios públicos para que se abstengan de acudir. La segunda es una marcha claramente partidista, organizada por el FAP, financiada en parte por el Gobierno del Distrito Federal. En la primera no habrá acarreados. En la segunda habrá algunos acarreados. En ambas se manifestará la sociedad civil, este cuerpo que apareció por vez primera en septiembre de 1985 inmediatamente después del temblor. Esa sociedad civil organizada marchará el sábado para exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad. La marcha del domingo tendrá el signo opuesto: le exigen al gobierno que no haga nada, que retire su iniciativa petrolera y adopte la única posible, la del FAP. La primera no tiene líderes visibles. La segunda tiene un solo líder, no sólo visible sino indiscutible e indiscutido. Ambas quieren transformar a México. El ciudadano puede participar en una u otra, o en ambas; lo que no puede es permanecer indiferente.

La primera marcha atañe al pacto social que vincula a los ciudadanos y al Estado. Ese pacto descansa en una premisa básica: la confianza en que el Estado se encargue de la seguridad. Para cumplir ese encargo, depositamos en el Estado el monopolio de la violencia legítima. Sin embargo, hoy ese pacto se ha resquebrajado. El Estado -lo comprobamos todos los días- no detenta ese monopolio sino que lo comparte con el crimen organizado. No se trata de dos monopolios enfrentados sino de la simbiosis de ambos.

El Mal no sólo está fuera sino también dentro de las estructuras del Estado. El chofer de Fernando Martí se detuvo en el retén porque creía que éste era de policías, sin saber que se trataba de delincuentes. Ahora sabemos que eran delincuentes y policías. Esa relación no es nueva. El crimen organizado ha infiltrado al Estado. Hace pocos días nos amanecimos con la noticia de que una célula de los Beltrán Leyva había infiltrado a la SIEDO. Y si no infiltran, corrompen las fuerzas policiales. Tenemos también el caso de policías y militares, como es el caso de los Zetas, que de plano se pasan del lado de los criminales.

Edmund Burke decía que la única condición para que prevalezcan las fuerzas del Mal es que los hombres de bien no hagan nada. Hemos llegado a esta situación porque los ciudadanos lo hemos permitido. Con nuestra tolerancia a la corrupción, con nuestra pereza para exigir cuentas claras, con nuestra pobre participación en los asuntos públicos. Es hora de decir que la burguesía mexicana tiene una responsabilidad mayor en los hechos que ahora le preocupan. Basta hojear los nauseabundos suplementos o las revistas que retratan su "vida social", para calibrar la infinita estupidez de sus declaraciones, la buena conciencia de sus migajas filantrópicas, la grosera frivolidad de sus poses, el dispendio del que hacen gala y que es, en sí mismo, una incitación irresistible al delito. No saben en qué país viven. Parece que no viven en este país.

Pero todavía hay hombres de bien y ciudadanos responsables en todas las capas sociales. ¿Qué hacer? Marchar, para empezar, marchar como en España frente al terrorismo, marchar como una forma efectiva de presión social. Pero además de exhibir nuestra indignación, se debe marchar para exigir una agenda concreta. En el 2004 existía un documento ciudadano que respaldaba la marcha contra la inseguridad. Fue la marcha más grande que se haya registrado, pero aquella agenda quedó en letra muerta. Esta vez debe ser diferente.

Las medidas que ha propuesto "México unido contra la delincuencia" (observatorio ciudadano, estrategia nacional contra el secuestro, legislación antisecuestro, reclusorio para secuestradores, reglamentación de celulares) son importantes pero no suficientes, porque no tocan el corazón del problema: la complicidad entre policías y delincuentes. ¿Qué hacer? En primer lugar, exigir un diagnóstico exacto y honesto que reconozca esta simbiosis. En segundo lugar, esperamos un rediseño completo de las fuerzas policiacas del país. En tercer lugar, es necesario que los mandos superiores se hagan responsables efectivos de sus áreas: si sus subordinados fallan, ellos también deben pagar por la falla. En el momento en que esa responsabilidad sea efectiva, los mandos van a cuidar las actuaciones de sus subordinados porque no sólo les iría el puesto sino hasta su libertad.

De la primera marcha podrá salir quizá un nuevo liderazgo social que comience a operar en el ámbito puramente cívico para fortalecerlo. Desde allí podría idear formas concretas de presionar y aún auditar y certificar de modo permanente a los altos mandos policiacos, vigilar los juicios de los delincuentes, etc... En poco tiempo, ese liderazgo renovado podría también incidir en la vida política.

Los convocantes a la segunda marcha confunden a México con una parte de México (ellos mismos y el petróleo) y proclaman su designio de tomar oficinas públicas, recintos parlamentarios, aeropuertos, carreteras. Si lo hacen, sobre todo en estas circunstancias, será suicida: todo México -o casi todo- se los reclamará.

"Una casa dividida contra sí misma no sobrevivirá", dijo Lincoln en los albores de la Guerra Civil americana. No dividamos la casa común, la casa de todos, que es México.

- Enrique Krauze