Para empezar, una anécdota personal. Hace unos meses mi hijo enfermó de una severa gripa. Después de 24 horas sus síntomas comenzaron a inquietar a su pediatra, quien decidió recetarle Tamiflu. A las 11 de la noche, con una velocidad sorprendente, el niño rebasó el umbral de temperatura. Me calcé un par de tenis y salí a buscar la medicina por la ciudad. Una, dos, cuatro, seis farmacias, más tarde comencé a desesperarme: difícil cosa el amor paternal en tiempos de influenza. Entonces recurrí a Twitter. Pedí ayuda a la comunidad. En menos de 15 minutos la pantalla de mi teléfono estaba llena no sólo de direcciones, sino de buenos deseos. Gracias a uno de esos mensajes me dirigí a una farmacia en Polanco que, dicho y hecho, tenía una caja de Tamiflu. No puedo decir que Twitter le salvó la vida a mi hijo ni mucho menos: el niño se repuso por sus propios medios sin necesidad de recurrir a los químicos. Pero sí puedo decir que, en ese momento, el medio cumplió a la perfección su cometido: una inmensa red de información inmediata, tal y como la pensó Jack Dorsey, su creador, hace un lustro.

Esa virtud ha convertido a Twitter en un fenómeno digno de análisis y admiración. Desde su comienzo, el medio ha ayudado a organizar cambios sociales dramáticos en países tan lejanos y dispares como Moldavia, Estados Unidos y, claro, México. La respuesta de los twitteros al impuesto a internet consiguió lo impensable: mover a la clase política desde la sociedad civil. No es poca cosa. Por eso es que no tengo ninguna duda de que Twitter será fundamental no sólo en las elecciones de 2010 sino también en las presidenciales de 2012. Twitter es, en suma, no sólo un medio de comunicación: es un medio de comunidad.

Pero es hora de hacer una pausa. Un medio de información vale lo que vale su credibilidad. Por eso los grandes diarios del mundo tienen como virtudes torales la mesura y la verificación. Saben que la histeria y el rumor son enemigos de la confiabilidad. Cuando un medio que pretende ser fuente de información pierde rigor, está destinado a la chatarra periodística; un infierno particularmente ignominioso. Por desgracia, en los últimos tiempos, la comunidad twittera en México ha coqueteado frecuentemente con ese abismo. Para desencanto de quienes creemos en el medio, los twitteros se han entregado a la hipocondría informativa, a la estridencia.

Baste un ejemplo. El jueves de la semana pasada, Twitter amaneció sacudido por la supuesta noticia de un doble asesinato. Una usuaria bajo el apodo de @atorreta había sufrido un asalto después de cenar con su novio y ambos habían sido baleados. El cuñado de la chica había narrado la muerte de ambos desde el Hospital General de las Américas en Ecatepec. De inmediato, Twitter se desbordó de indignación. Y luego de ánimo justiciero. A los periodistas que participamos con asiduidad comenzaron a llegarnos mensajes violentos: “¡A ver si le haces el mismo caso a @atorreta que a Cabañas!”, me dijo alguno. “La inseguridad ha llegado a Twitter". “Descanse en paz @atorreta”, decía otro. “¡Justicia, justiciaaa!”, gritaba alguien más. Y, como ésos, miles. El sendero del Peje, ese adalid del periodismo responsable, subió la nota de inmediato. Sólo porque sí, sólo porque había sido anunciada en Twitter. Jamás medió mesura alguna. No hubo un momento de reflexión. Ya imagina el lector la lección: horas más tarde quedó claro que la historia era falsa. Un auténtico oso, una verdadera vergüenza.

El caso de @atorreta debe hacer reflexionar a la comunidad en Twitter. Si en algo han coincidido los muchos críticos del medio es precisamente en esa peligrosa falta de rigor. Ahora, la histeria twittera ha puesto en jaque la credibilidad del medio. Por eso vale una llamada de atención. La comunidad en Twitter en nuestro país tiene un poder innegable que no hará más que crecer. Pero si quiere ser un factor de cambio positivo deberá aprender que vale mucho más la indignación fundada y seria que los gritos desaforados. No habrá otra oportunidad. La próxima vez será imposible responderle a los que insisten en que Twitter no es un extraordinario medio de información, sino un remedo de periodismo, solamente el chismógrafo de los ociosos.

- León Krauze

Una serie de catastróficas desdichas

Desde el día de su nombramiento como Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde ha provocado reacciones que van desde el recelo hasta el rechazo frontal. Habían pasado unas horas desde que fuera confirmada para el cargo cuando Enrique Dans, uno de los blogueros más famosos de España, calificaba la designación de "pesadilla". A las pocas horas, la Asociación de Internautas acusaba al presidente Zapatero de "provocación".

Hija del cineasta José María González-Sinde, colaborador del oscarizado José Luís Garci, la ministra es también guionista cinematográfica, lo que le lleva a sufrir una demanda por parte de la citada Asociación de Internautas por conflicto de intereses a los pocos días de jurar el cargo. Sin embargo, la Oficina de Conflicto de Intereses –órgano de la Presidencia del Gobierno– rechaza la denuncia. En esos días se estrenaba el film Mentiras y Gordas, cuyo guión, repleto de frases inolvidables, es obra de la Sinde:

– Si no haces nada no cambiará nada.
– ¿Y tú qué haces para cambiar las cosas?
– Vivir, follar, usar condón, drogarme... Esa es mi forma de protestar.

El éxito que tiene la película en taquilla entre la muchachada patria se repite en Facebook, donde el grupo “Sinde, pírate” supera a día de hoy los 36.000 miembros. El primer proyecto estrella de la ministra es la nueva Ley de Cine, que levanta revuelo introduciendo la discriminación positiva a favor de las mujeres a la hora de recibir subvenciones, cuyo montante aumenta en 8,5 millones de euros respecto a la cantidad original que se anuncia. Por la poca claridad a la hora de repartir las subvenciones, la Comisión Europea detiene la entrada en vigor de la ley. Poco después, la Audiencia Nacional desacredita la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses y admite la querella contra la ministra. En esa tesitura, Zapatero presenta la llamada Ley de Economía Sostenible de la mano de González-Sinde. El éxito se repite: en unas semanas, un manifiesto contra ésta alcanza los 215.000 simpatizantes en Facebook.

Dentro de un amplio paquete de medidas económicas, la Ley observa con atención especial el mundo online, y en particular todo lo relacionado con las descargas, a las que medios como El País o El Mundo se refieren –erróneamente– como "descargas ilegales". En particular, ha escocido un rumor (confirmado o desmentido por el gobierno según el momento) según el cual las webs de descargas podían ser clausuradas sin intervención judicial, simplemente con la autorización de un comité. En todo caso, hay en el anteproyecto de ley una mención explícita a la lucha contra las redes P2P y el cierre de sitios Web. También se contempla la intervención pública en el sector. Intervención que el manifiesto original contra la ley no rechaza: "Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España". Un segundo manifiesto, promovido por sectores de extrema izquierda (y que incluye entre sus firmantes a Belén Gopegui, Isaac Rosa o Rosa Regás) pide la nacionalización de Internet y, enigmáticamente, argumenta que "si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica".

Es sin embargo un tercer y último manifiesto el me parece el más acertado. Promovido por la plataforma Libertad 2.0, "exige la retirada de la disposición final primera del anteproyecto de la LES porque consideramos que vulnera derechos individuales, no derechos colectivos", según Almudena Negro, presidenta del Foro Liberal, una de las asociaciones promotoras. Negro cree que el gobierno utiliza "instituciones del Estado para otorgar privilegios feudales a entidades privadas", alertando que "de aprobarse esta ley injusta, el internauta ya no pleitearía con una entidad privada (privado-privado), como pudiera ser la SGAE, ante tribunales civiles y/o mercantiles, sino que será el propio gobierno, a través de una comisión administrativa, quien tomará la decisión de si la página o bitácora en cuestión vulnera derechos de propiedad intelectual, pasando después el asunto a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que, como dice cierto informe del CGPJ filtrado a los medios en una clara maniobra de intoxicación, no entrará en el fondo de la cuestión. Los jueces serán lacayos de los políticos, limitándose a decretar, o no, el cierre de las páginas."

La clave, como bien apunta Negro, es que el gobierno no se inmiscuya en el mundo online, ni impidiendo el libre intercambio de archivos entre particulares (que es lo que son las redes P2P, y la razón por la cual no se pueden considerar estas actividades como "descargas ilegales"), ni garantizando la neutralidad de la red. ¿Qué necesidad hay de que el gobierno garantice algo que sólo él pone en peligro, como atestiguan experiencias como la cubana o la china? Se tratan de aplicar a Internet leyes ad hoc, lo cual crea situaciones aberrantes. Por ejemplo, si un periodista infringe la ley, recibirá una multa, mientras que un blog se arriesga a ser clausurado. Que no se produzca revuelo por este hecho y sí por el cierre de un periódico demuestra que la separación entre diferentes estatus legales es nociva, o al menos conduce a una disparidad de criterios que a este comentarista le parecen injustificables.

Internet es razonablemente regulable con las leyes existentes. Existen leyes de derechos de autor que no impiden que comparta un libro sin ánimo de lucro, lo que demuestra la legalidad de las redes P2P. Estas mismas leyes impiden que gane dinero compartiendo el trabajo de otros, por lo que la frontera está claramente establecida. La sospecha generalizada es de un intercambio de favores entre la ministra cineasta y el colectivo de artistas que apoyaron en masa a Zapatero en las pasadas elecciones generales y que se muestran temerosos ante la pobre afluencia de espectadores en películas españolas (que se traduce en índices de descargas testimoniales, demostrando que el mundo virtual es réplica del real). Todo ello, mezclado con el analfabetismo tecnológico no sólo del gobierno sino también de la oposición, que se limita a vocear las consignas del grupo de bloggers más mediático según el momento, pero que demuestra una pasmosa falta de criterio votando contra Zapatero en España pero en Europa a favor de Sarkozy, cuya ley de Internet han imitado las ministras González-Sinde y Salgado en sus principales puntos, sobre todo en el de sanciones penales y cortes de la conexión a Internet de los infractores.

La falta de regulación específica ha contribuido al fantástico desarrollo de Internet en muy pocos años. Sede de propuestas críticas, extraoficiales y alternativas, ha llamado la atención del mundo de los políticos, que febrilmente se lanzan a la regulación más o menos simpática de Internet: contra los piratas o a favor de los internautas, como si los piratas no fueran internautas o estos últimos no hubieran prosperado, cibernéticamente hablando, sin medidas en pos de su bienestar. Señor Presidente, señora Ministra: no les quiero en mi ordenador. Gracias.

– Alejandro García-Ingrisano

Para Julio Scherer

"Una buena manera de conmemorar el Año del Centenario -me comentó un joven amigo- es recordar a sus críticos, como Daniel Cosío Villegas, autor del famoso ensayo 'La Crisis de México', en el que hizo una condena implacable de la Revolución Mexicana". A sabiendas de que yo había publicado (hace la friolera de 30 años) una biografía del historiador, convinimos en conversar sobre el tema. Su interés primordial era averiguar qué tanta vigencia tiene hoy ese ensayo, sobre todo sus acerbas críticas al PAN y a la derecha. El diálogo fue largo y sustancioso. Me propongo dedicar algunos artículos a transcribirlo.

Comenzando por el contexto, me preguntó: "¿Cuál fue el impacto de ese ensayo crítico en su momento? ¿Cuáles fueron las circunstancias personales en que se escribió? ¿A qué casos concretos se refería Cosío Villegas al hablar del fracaso de la Revolución? ¿Son vigentes sus críticas principales?". Éstas fueron mis primeras respuestas.

Creo, en efecto, que es muy oportuno recordar ese ensayo, muy citado y mal leído. Algunas de sus tesis son vigentes, otras no. Don Daniel lo publicó en Cuadernos Americanos a fines de 1946, poco antes de la llegada al poder de Miguel Alemán. Fue visto como una herejía: se le vino el mundo encima. Lo llamaron el "enterrador de la Revolución". Pero es necesario precisar: en ese ensayo Cosío Villegas no condenó la Revolución Mexicana sino sus sucesivos gobiernos (encabezados por Obregón, Calles, Cárdenas y Ávila Camacho) por haber incumplido, o cumplido muy a medias, con sus promesas fundamentales.

Cosío Villegas -como sus compañeros de la llamada Generación de 1915- fue un creador de instituciones. Aquellos jóvenes habían vivido y padecido el furor destructivo de la Revolución, por eso quisieron dedicar su vida a crear una obra de beneficio colectivo. Las fundaciones de esa generación intelectual fueron muchas y perdurables. Cosío Villegas -por entonces director del Fondo de Cultura Económica, a sus 48 años de edad- se propuso hacer un balance de lo que los políticos de la Revolución habían construido; el resultado, a sus ojos, era muy pobre. Pensó que era el momento de denunciarlo. Ése es el origen del ensayo.

Daniel Cosío Villegas analizó con lucidez cinco fracasos: la democracia, la reforma agraria, el movimiento obrero, el nacionalismo y la educación. A la Reforma Agraria, por ejemplo, le reclamó su falta de visión, iniciativa, técnica, consistencia y honradez en el problema del campo. Y fue más lejos. Señaló que el reparto indiscriminado de tierra había sido una medida "simplista" y -en clara referencia a Cárdenas, a quien por otros motivos admiraba- condenó "el afán de hacerse pasar como el más entusiasta dispensador de tierras".

Pero quizá la crítica más pertinente el día de hoy es la que hizo al movimiento obrero. Lo consideró "desorbitado", "irresponsable", "deshonesto", "carente de visión superior" y dependiente del Estado. Sobre este punto particular opinó: "Los gobiernos revolucionarios sin respetar siquiera la apariencia de conciliador amigable o de arbitrador imparcial, han optado casi siempre por el obrero, sin importarles cuan notoriamente injusta o grotescamente pueril fuera la causa concreta que en un momento defendía el obrero". Y dijo más: el "maridaje" entre el gobierno y los sindicatos degradaba a los obreros de manera irreparable e impedía al gobierno resolver problemas vitales como el del petróleo o los ferrocarriles.

Dictamen durísimo, que parece escrito hoy, a propósito de las inercias de un sindicalismo que, como en el caso petrolero o educativo, merece aquellos adjetivos y mantiene esos mismos privilegios. El juicio de don Daniel también es vigente como crítica a la corriente de opinión que sigue considerando intocables a los sindicatos, aunque ejerzan la vergonzosa cláusula de exclusión, aunque desconozcan la democracia interna y la transparencia, aunque las empresas públicas que controlan ofrezcan un servicio pésimo al consumidor.

Cosío Villegas hubiera querido ver al campesino convertido en un agricultor próspero e independiente; y al obrero en una persona combativa en la defensa de sus derechos, pero también responsable y respetuosa del régimen jurídico. Se trata, en suma, del ideario de un liberal, con claro sentido social, pero ante todo de un liberal. Ahora hay quien considera "conservadoras" o "de derecha" posturas similares. Pero entonces habría que pensar que don Daniel fue un "conservador de derecha". Y como cualquiera que lea "La crisis de México" podrá darse cuenta, estaba a años luz de serlo.

- Enrique Krauze

Esta semana salió a la venta la última novela de Don DeLillo, miembro de la vieja guardia de novelistas estadounidenses, privado y compulsivo en su trato con el lenguaje. En el New York Times publican una entrevista reciente, y en el Wall Street Journal, además de una conversación, publican un extracto del libro.

El País publica una entrevista con Alan Ball, guionista de American Beauty y creador de las series Six Feet Under y True Blood.

National Geographic realizó un ejercicio fotográfico interesante. David Liittschwager llevó un encuadre de un pie cúbico a distintos ecosistemas y para responder a la pregunta, ¿cuánta vida cabe en un pie cúbico?, se dedicó a observar y a fotografiar. Aquí sus hallazgos.

A propósito de la reciente catástrofe en Haití, en Time se preguntan sobre el mejor método para sobrevivir un terremoto. Además, en Foreign Policy, un artículo que discute los beneficios de condonar la deuda externa de aquel país.

El Babelia ofrece un artículo sobre el sentido del humor en el arte contemporáneo.

Como el aborto y la pena de muerte, la eutanasia provoca discusiones irresolubles y polariza las posturas. Investigadores en Inglaterra han logrado establecer un aparente contacto con un paciente que se pensaba en estado vegetativo. Este hallazgo sin duda obligará a repensar las decisiones que se tomen con pacientes en coma.

La muerte de J.D. Salinger ha servido de pretexto para releer y comentar exhaustivamente la obra de El guardián entre el centeno. En Radar Libros, una compilación de declaraciones de Salinger en primera persona.

En el mismo suplemento, de Página 12, John Banville escribe, con ironía, sobre el libro póstumo –e indeseado– de Nabokov, The Original of Laura.

Las Olimpiadas de invierno, por razones sobretodo geográficas, son un evento que pasa relativamente inadvertido. En el New York Times, han compilado una serie de videos que explican a detalle la mecánica que involucran las distintas disciplinas en competencia.

En El Cultural, el rescate de un poeta canario muerto prematuramente en los años 70, Félix Francisco Casanova.

La BBC ha lanzado un podcast sensacional. Un historia del mundo en 100 objetos. A partir de las piezas que se hallan en el British Museum, se proponen ir desgranando la historia que guardan cada una de ellas y su relevancia más amplia.

Charles Simic, en el New York Review of Books, reseña un libro de Mark Danner, corresponsal de guerra.

En L’Express, el filósofo francés Bernard Henri-Lévy conversa sobre su más reciente libro, sobre internet y sobre el islam, entre otros temas.

Y en Revista de Libros, José Luis Pardo aprovecha el comentario de un par de libros para criticar las reformas educativas que se han venido llevando a cabo en España y Europa.

– La redacción

El asunto de los derechos de autor en internet era una cuenta pendiente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que el anterior ministro de cultura ya había calificado como uno de los grandes desafíos de su área. Pero el gobierno anunció su propuesta casi de tapadillo: una disposición en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible –un tratado de buenas intenciones con medidas para salir de la crisis– incluía una modificación que permitía cerrar páginas de descargas en aras de “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”.

En un primer momento, parecía que una comisión dependiente de cultura podría clausurar las páginas que violasen los derechos de autor sin autorización judicial. Comenzó una campaña que denunciaba la “censura” y la violación de “derechos fundamentales” y de la libertad de expresión. La ministra de cultura, Ángeles González Sinde, se reunió con algunos blogueros, que no tenían ninguna representatividad real pero se arrogaban la voz de una masa difusa de “internautas”. Desautorizando a su ministra, Zapatero dio marcha atrás y dijo que “no se va a cerrar ninguna web”. Han anunciado que el procedimiento será este: los propietarios de los derechos de autor denuncian ante la Comisión de la Propiedad Intelectual –un órgano dependiente de cultura– una página que presuntamente comercialice, almacene o enlace sin autorización un archivo suyo. La Comisión estudia el caso y notifica la denuncia a la página. Hay un periodo de alegaciones; según González Sinde, se prolongará “el tiempo que sea necesario”. Luego, si a la Comisión no le convencen las alegaciones, a la página web le llega una notificación para que desaloje esos archivos. Ahí termina el procedimiento administrativo. Si la página no retira esos contenidos, empieza el procedimiento judicial, encargado a un juez de la Audiencia Nacional, que puede bloquear la página de forma cautelar. En ese caso, el periodo de alegaciones se prolonga durante solo cuatro días.

Algunas sociedades de gestión de derechos, como la SGAE, se han ganado la antipatía de buena parte la sociedad –cobrando, por ejemplo, por música o textos en actos privados o benéficos, o logrando imponer un canon por copia privada sobre los aparatos electrónicos– y la industria discográfica ha perdido mucho dinero, después de años de beneficios y precios elevados. Sin la idea de la gratuidad y del trabajo desinteresado internet no habría llegado a ser lo que es. Además, muchos grupos cuelgan canciones gratis, porque prefieren que el público las oiga así que pirateadas, y porque el libre acceso a su música les garantiza más actuaciones y popularidad. En ese caso, ellos lo eligen y me parece bien. Pero también creo necesario proteger los derechos de autor, y me sorprende la impunidad social de la apropiación indebida y el desdén hacia el trabajo de los creadores: España no sólo es uno de los líderes mundiales de la piratería, sino que un periódico como Público lanzó una campaña titulada “Cultura gratis”. No sé por qué la cultura debe ser gratis cuando nada más lo es, o cuando, por ejemplo, los precios de internet son de los más caros de Europa, cuando esos contenidos por los que no se paga generan ingresos para el administrador de la página y cuando en general el robo está mal visto. Que eso se defienda invocando principios como el acceso al conocimiento o la libertad de expresión –por la que mucha gente se juega la vida de verdad– roza la indigencia moral e intelectual.

Creo que, al margen de que haya creadores antipáticos y sociedades de gestión discutibles, en la postura demagógica de la cultura gratis hay también un profundo desprecio hacia el trabajo intelectual y creativo. Por alguna razón, las reivindicaciones de los cantantes, los escritores o los cineastas son mucho menos simpáticas que las de los agricultores o las de los pescadores. No debería ser así –además, de la industria cultural depende gente que no se dedica a la creación, sino también a la manufactura, la distribución o la venta–, y también creo que no está mal que el talento dé unos privilegios: no sé tocar ni el triángulo, pero me alegra que un compositor gane dinero con una canción que me gusta. Afortunadamente no todo el mundo tiene el mismo gusto musical que yo, y también me parece bien que cobren los que no me gustan.

Cerrar una página web sin autorización judicial era una propuesta aberrante, y la rectificación del Gobierno es sensata. Pero no sé hasta qué punto la medida será eficaz o suficiente. El ministro de justicia ha dicho que sólo se bloquearán webs que descarguen sistemáticamente contenidos sin autorización. Además de los posibles abusos y de que, aunque se dediquen jueces únicamente a este asunto, el sistema de justicia español está sobrecargado, se puede crear enseguida otra web, o hacerla en el extranjero. El anteproyecto de ley habla de páginas con “ánimo de lucro, directo o indirecto” y de “intención de causar un daño patrimonial”: son dos expresiones ambiguas. (En mi blog traduzco artículos y fragmentos que me gustan, enlazando y citando la fuente, porque me parecen interesantes y me apetece que puedan leerse en español. No cobro por ello, son textos a los que se puede acceder en internet, no tengo intención de causar un daño patrimonial y espero que no me llegue una notificación pidiéndome que lo cierre.)

Por otra parte, internet avanzará más rápido que la ley y los expertos. Hace muy poco, lo más común era el intercambio de archivos; ahora, mucha gente prefiere el streaming. Hace un par de años, algunos decían que los blogs iban a sustituir a los periódicos; ahora Facebook ha dividido una comunidad universal en un conjunto de plazas de pueblo.

Los estados y la legislación deben adaptarse a la red, proteger los derechos de autor y perseguir el robo, pero es imposible y sería nefasto interrumpir la gran conversación de internet. La industria cultural tiene que seguir buscando formas de ingresar dinero y aprovechar una oportunidad extraordinaria de difusión y enriquecimiento intelectual. El sector discográfico ha perdido mucho dinero en estos años, y por otra parte la música ha salido beneficiada y está más presente que antes en nuestra vida, tanto en nuestros ordenadores como en las salas, porque la música en directo ha cobrado fuerza: sería absurdo que los que la producen no se beneficiaran de eso. La industria musical ha tenido que adaptarse a un cambio que supone un nuevo paradigma, pero hay empresas, como Spotify, que han encontrado una forma legal de poner música en la red, se financian a través de la publicidad y las suscripciones, y tienen éxito. Otras industrias culturales deberían tener en cuenta los errores que ha cometido la industria discográfica y las vías que ha conseguido abrir. Tiene que haber mucha más música disponible, películas y libros de todos los países del mundo a los que podamos acceder legalmente y sin que importe el lugar donde vivimos.

– Daniel Gascón